La COA anuncia el cese total del servicio a partir del viernes

La Cooperativa Ómnibus de Autobuses, que está en quiebra técnica económica, reclama a la Ciudad la regularización de su contrato y el pago de una deuda de más de 1,8 millones de euros, que ya está en el juzgado.

Melilla se quedará sin servicio de transporte urbano a partir del próximo viernes. La Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA), reunida en asamblea el pasado sábado, decidió parar de manera indefinida el servicio público a partir del 1 de mayo hasta que la Ciudad dé un paso definitivo para atender las reivindicaciones de la cooperativa. La COA reclama al Gobierno local el pago de las facturas pendientes de 2014 y las vencidas de este año, además de otras partidas comprometidas mediante convenio y la regularización de su contrato adaptándolo al siglo XXI, pues el que la cooperativa considera en vigor hasta el año 2050, data de 1951. Además, ya han reclamado por la vía judicial a la Ciudad Autónoma el pago de más de 1,8 millones de euros por el déficit de explotación negativo correspondiente al periodo 2008–2012. De hecho, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admitió la demanda de la COA el pasado 21 de abril.
El asesor y portavoz de la COA, Iván Septiem, fue el encargado de dar a conocer ayer en rueda de prensa la decisión tomada por parte de los cooperativistas, por mayoría simple, en una asamblea general celebrada el pasado sábado. Recalcó que el cese total del servicio de la COA del transporte urbano público no es un ultimátum a la Ciudad Autónoma, pues están dispuestos a dialogar y negociar con los responsables gubernamentales para hallar una solución a la situación de quiebra técnica económica de la empresa.
Las auditorías realizadas en el último ejercicio corroboran este estado financiero, por lo que los cooperativistas han decidido parar totalmente el servicio a partir del 1 de mayo para evitar que la deuda siga aumentando, lo que provocaría el cierre de la empresa.

53 facturas pendientes
La COA achaca a la Ciudad Autónoma su mala situación de la empresa por el impago de facturas por servicios discrecionales y urbanos realizados a diferentes consejerías en 2014 y 2015. Se trata de un total de 53 facturas por un montante económico total de 136.964,88 euros. Además están pendientes de que les llegue la orden de la Consejería de Economía para recibir la subvención nominativa a la COA recogida en los Presupuestos Generales de la Ciudad (PGCAM) 2015. También están a la espera del pago de 91.848,96 euros del convenio de la Tarjeta de Pensionistas que no se abona desde principios de año y que permite a este colectivo viajar en autobús a un precio reducido.
Otro de los conceptos que adeuda la Ciudad a la cooperativa, afirma la empresa, es el abono de la devolución del IPSI de importación de cuatro autobuses adquiridos en 2011 por valor de 18.750 euros.
Por último, la COA está pendiente de una respuesta de la Administración Local para la revisión al alza de las tarifas del servicio. Septiem explicó que la cooperativa se hizo cargo de la subida del IPC de los años 2012 y 2013, pero el pasado año solicitaron a la Ciudad el aumento de las tarifas con cargo a la Administración Pública y no a los usuarios, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta del Gobierno local.
Otras de las reivindicaciones de la COA es la actualización y regularización del contrato que determine las obligaciones y derechos de la cooperativa, además de que venga recogida una partida económica determinada que permita la viabilidad y desarrollo del servicio. Septiem recalcó que la adaptación contractual que demandan viene recogida en el Estatuto de Autonomía de Melilla, que establece que la Ciudad debe garantizar el transporte público urbano “por el interés público e imperativo legal”, al tener Melilla más de 50.000 habitantes.
Septiem apuntó que el convenio con la Ciudad de 500.000 euros no cubre el déficit de la empresa. De ahí la importancia de que la actualización del contrato venga acompañada de una cantidad determinada para compensar el desequilibrio económico del servicio que presta la COA.  No obstante, precisó el portavoz de la empresa, el pasado mes de noviembre la Dirección General de Medio Ambiente remitió a la COA un oficio público en el que aseguraba que la Ciudad no tenía ningún contrato con la cooperativa.

Contrato vigente hasta 2050

La empresa insiste en la actualización del contrato en vigor desde 1951 y que estará vigente hasta 2050. Septiem explicó que el contrato firmado en el año 51 se fue prorrogando hasta 1981, cuando “la administración optó por no continuar realizando prórrogas, otorgando con ello su duración a la máxima legal permitida, según el artículo 64 de la ya derogada Ley de Contratos del Estado de 1964, es decir, 99 años. Por tanto, Septiem recordó que el concurso que pretende sacar la Ciudad sería impugnado por la COA inmediatamente al estar en vigor “su” contrato. Además, la COA no podría concursar en igualdad de condiciones, dada la deuda que tiene la Ciudad con la empresa, a lo que se añade que sus trabajadores son autónomos.