El Juzgado de Instrucción número tres de Melilla ha dado la razón a un candidato a las oposiciones de Policía Local que fue eliminado en la prueba de reconocimiento médico so pretexto de que no alcanzaba la altura mínima exigida para entrar a formar parte del Cuerpo municipal.
El aspirante recurrió a través de un contencioso administrativo la orden dictada por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas el 2 de agosto de 2021, con la que desestimó dos recursos administrativos interpuestos por él.
Finalmente, el juzgado de Instrucción número tres de Melilla lo declaró "apto" en la prueba del reconocimiento médico, debiendo nombrársele funcionario en prácticas y continuar con la siguiente fase prevista en la base de la convocatoria que, de concluir con su aprobado final, le supondrá el reconocimiento de los correspondientes derechos económicos con efectos retroactivos.
Además, condena a la Administración al pago de las costas del juicio. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
No obstante, el abogado Antonio Suárez-Valdés, defensa del candidato, asegura que este nuevo varapalo judicial demuestra "que cambian los gobiernos y cambian los amigos a colocar, pero se mantienen las irregularidades en los procesos de acceso a la función pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, que por suerte cuenta con unos jueces imparciales que vienen corrigiendo toda arbitrariedad que detectan".
Este incidente se produjo en las oposiciones a Policía Local convocadas por acuerdo del Consejo de Gobierno el 29 de marzo de 2019 para la provisión definitiva de 32 plazas de municipales cuyas bases salieron publicadas en el Boletín Oficial de Melilla el 9 de abril de 2019.
El demandante fue declarado apto en las pruebas físicas, en las de conocimientos y en la prueba psicotécnica. Sin embargo, el Tribunal calificador lo declaró no apto en la resolución del 31 de marzo de 2021 por incumplir la tercera prueba (reconocimiento médico) ya que no cumplía con la altura mínima de 1,65 metros exigida para opositar.
El 7 de abril de 2021, el candidato eliminado presentó un escrito pidiendo la revisión de su calificación y aportando informes médicos que certifican que mide 1,65 metros. Además, solicitó la comprobación del estado del equipo de medición y su calibrado.
Sin embargo, el Tribunal calificador tras comprobar la exactitud del aparato de medición, se ratificó el 22 de abril de 2021 que el candidato es "no apto".
El 3 de mayo de 2021, el candidato interpuso un recurso de alzada contra esas resoluciones del Tribunal calificador, pero fue desestimado por la Orden publicada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública el 2 de agosto de 2021.
El juez Fernando Portillo se basó para dictar sentencia en varias mediciones realizadas por un médico especialista en Medicina del Trabajo y Medicina Legal; la del informe de la Mutua Previsión Melilla y la prueba pericial judicial.
Todas coinciden en señalar que el demandante mide al menos 1,65 metros y no los 163,4 metros que dictaminó el Tribunal de la oposición.
Esto lleva al juez a concluir que, efectivamente, "la valoración llevada a cabo por el tribunal calificador es errónea" y califica como "hecho probado" que el demandante mide 1.65 metros.
Además, añade que se hace muy difícil entender "cómo con esta decisión puede violentarse la igualdad de acceso en la función pública porque uno de los aspirantes alegue que el tribunal calificador cometió con él un error el día en que hizo su examen".
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