La portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar, ha asegurado este viernes que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y la secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, “tendrían que estar defendiendo los intereses de una ciudad en la que tienen paralizada la aduana comercial, como un páramo las relaciones comerciales y la frontera y en la que hay una indefinición jurídica” respecto a la entrada en vigor, hoy, día 1 de septiembre, del Real Decreto 1/2023, que cambia el 50 por ciento de bonificación a la Seguridad Social para las empresas por una subvención de 262 euros que más tarde se completaría.
Mohatar lo ha explicado de la siguiente manera: “Este decreto quita la bonificación, nos lleva solamente a las subvenciones y no se benefician de ella la mayoría de los contratos de esta ciudad, que son temporales. Esta es una ciudad de servicios, no de microempresas. Todas ellas quedarían fuera del ámbito de esas subvenciones en las que han convertido la bonificación, perjudicando a las personas más vulnerables, porque solamente afecta a unos tramos, que son los contratos que menos se realizan en la ciudad, y a partir solamente de contratos indefinidos. O sea, que Rojas y Moh tendrían que estar defendiendo los intereses de la ciudad y no intentando descalificar con nimiedades lo que hace este Gobierno con luz y taquígrafos para intentar mejorar una gestión que han dejado absolutamente dilapidada”.
Además, la portavoz de la Ciudad Autónoma ha criticado la indefinición que provoca una medida con la cual “ni los asesores ni la Administración saben a ciencia cierta lo que va a ocurrir y si la aplicación va a ser con carácter retroactivo o de qué manera lo tienen que llevar a cabo”. Lo que sí tiene claro es que, debido a esta normativa, “a partir de hoy se han paralizado las contrataciones en esta ciudad”.
Mohatar, quien ha confirmado que el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, ha mantenido ya conversaciones con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para retrasar la entrada en vigor del Real Decreto 1/2023 seis meses “hasta que se puedan aclarar los términos”, ha manifestado que también han hablado con el Gobierno de Ceuta, que va a mantener, ha dicho, la misma posición que el de Melilla.
En este sentido, la dirigente popular ha arremetido también contra CCOO y UGT, que en Melilla, según ella, no están defendiendo a las empresas y a los trabajadores como sí está ocurriendo en la otra ciudad autónoma, cuando “es sangrante lo que está ocurriendo”. Para ella, tanto los sindicatos como el PSOE y la Delegación “están intentando sacar rédito de lo indefendible, que es absolutamente demoledor para la ciudad”.
En otro orden de cosas, Mohatar ha informado de que la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, está manteniendo “conversaciones fluidas” con la directora territorial del Instituto del Mayor y Servicios Sociales (Imserso) en Melilla, Verónica Aznar –a quien ha agradecido su colaboración-, para la encomienda de gestión.
Por otra parte, la también consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor ha informado de que, según parece, ha habido un intento de entrada en la iglesia de Cristo Rey, como sucedió en el antiguo edificio de Correos, y, por tanto, se ha puesto vigilancia y se está viendo de qué modo tapiar las entradas para evitar los saqueos. Se trata de una iglesia que quedó fuera del vallado del Hospital Militar, pero para el que existe una partida de 500.000 euros de los Fondos europeos para una remodelación cuyo proyecto está iniciado.
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