La Ciudad dará una indemnización a la empresa constructora del vertedero

El Gobierno local concederá 985.000 € por los daños sufridos durante varios temporales.

El debate político no hizo acto de aparición en el Pleno Extraordinario de ayer hasta la llegada del cuarto punto, en el que se discutió la aprobación del expediente de fuerza mayor por daños temporales marítimos durante la ejecución del proyecto del vertedero de escombros, planta de machaqueo y descontaminación de la Cala del Morillo, consistente en una cuantía de 985.000 euros a la empresa adjudicataria.

No obstante, el asunto vio luz verde gracias únicamente a los votos del Partido Popular, pues la bancada del Partido Socialista mostró sus reticencias acerca de que existieran razones de causa mayor que justificasen la indemnización, las cuales recibieron el apoyo de Coalición por Melilla.

De tal modo, el máximo dirigente de los socialistas, Dionisio Muñoz, subrayó que la normativa establece que si el contratista estima que se han dado causas que merezcan una compensación económica, se debe comunicar al director de la obra en un plazo de 20 días, para que éste compruebe sobre el terreno si realmente se han dado elementos que justifiquen la indemnización.

Sin embargo, y según aseguró Muñoz, este punto legal se obvió completamente durante el desarrollo del proyecto, ya que a lo largo de su desarrollo se dieron un total de cuatro temporales, y se negoció la cuantía de la compensación económica al finalizar la obra. Así, precisó que la primera de las rachas de mal tiempo que perjudicó la iniciativa se dio en agosto del año 2007, la segunda en noviembre del mismo año, la tercera en febrero de 2008 y la última en octubre, a falta de sólo un mes para que finalizara la obra, que fue entregada en noviembre del 2008.

Por tanto, argumentó que la empresa presentó el expediente reclamando la indemnización en octubre del 2009, yendo así “en contra de la normativa”. No obstante, concedió que la misma se rebajó de 1,6 millones de euros a 985.000 gracias a la gestión de la Consejería de Medio Ambiente.

También se mostró en contra la bancada cepemista por mediación de su máximo dirigente, Mustafa Aberchán, quien no quiso ahondar más en el debate y se limitó a señalar que “la compensación debería haber costado mucho menos”.

Respeto al Ordenamiento.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, defendió a capa y espada la gestión realizada en este asunto, y recordó que todo había comenzado con un modificado de obra a causa de una petición de la Administración del Estado para construir una carretera en la zona.

De igual modo, argumentó que durante los cuatro temporales las partes implicadas actuaron de manera correcta a la hora de realizar las notificaciones, y que fue al final de la obra cuando se negoció la cuantía de la indemnización. 

No le valieron a Muñoz estos argumentos, pues acusó al consejero de defender los intereses de la empresa en detrimento de los melillenses, pues reiteró que la normativa apunta que se debe establecer la cuantía a los 20 días de los hechos, no al acabar el proyecto. De igual modo, puso en duda el hecho de que se hubiera comprobado que los daños causados ascendieran a 1,6 millones de euros, pues precisó que las cuantías de cada temporal oscilaban ostensiblemente, siendo al final la más barata la correspondiente a la racha de mal tiempo más corta de las cuatro.

Finalizaron el debate el portavoz de la bancada popular, Daniel Conesa y Gavilán. El primero señaló que la postura de Muñoz era “incongruente”, y lamentó que los socialistas no hubiesen celebrado que la cifra decreciera en más de 600.000 euros gracias al trabajo de Medio Ambiente.

En cuanto a Gavilán, defendió la labor de los técnicos del Gobierno autonómico a la hora de valorar los daños, asegurando que habían defendido en todo momento los intereses del pueblo melillense.

Así las cosas, el expediente salió adelante con los votos de la bancada popular, pues tanto el PSOE, como CpM decidieron pronunciarse en contra de tal iniciativa al no quedar satisfechos con los argumentos del Gobierno autonómico.