La Ciudad asegura que cumple “a rajatabla” la ley de contratos públicos

PSOE, PPL y CpM llevaron al pleno de control la polémica ‘Operación Ópera’ y las sugerencias del Tribunal de Cuentas.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma rebatió ayer “hasta la saciedad” la polémica suscitada por la ‘Operación Ópera’, que según los socialistas ha puesto “bajo sospecha” el sistema de contratación pública de la Administración local. El portavoz popular, Daniel Conesa, aseguró que la ley de contratos públicos se cumple “a rajatabla” y  dijo que se toma buena nota de las sugerencias del Tribunal de Cuentas. De hecho, destacó que dada la demora con la que este órgano judicial repasa las cuentas públicas, en años futuros se verá que las recomendaciones o advertencias que realiza ahora desaparecerán, ya que “un gran número de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas ya se están aplicando”.
Los Grupos Socialista y Populares en Libertad dedicaron una de sus interpelaciones cada uno para abordar este asunto y Coalición por Melilla se limitó a realizar dos preguntas al respecto. Tanto Conesa como el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, reprocharon a la oposición sus críticas respecto de los contratos y subvenciones de la Administración local y aseguraron que cada contrato y cada factura tiene el beneplácito de los funcionarios públicos. Son éstos, explicó Conesa, los que redactan los pliegos de condiciones de los contratos y elaboran los informes: “Cumplen a rajatabla lo que dice la Ley de Contratos en el sector público”. En este sentido, Imbroda apostilló: “No creo que ningún empleado público ponga en riesgo su puesto de trabajo incumpliendo la ley”.
El consejero de Economía afirmó que la Ciudad, como otras administraciones públicas, no está exenta de cometer errores, pero en lo relativo a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, dijo que se están corrigiendo esos posibles errores. Además, Conesa subrayó que la interpretación de la legislación varía de un juzgador a otro, pero en todo caso el Gobierno local “responde a todas las recomendaciones en el periodo de alegaciones del Tribunal de Cuentas” y se le remite toda la información que este órgano precisa.
“Las advertencias del Tribunal de Cuentas en sus fiscalizaciones no son verdades absolutas”, apostilló el consejero y reiteró su compromiso de que en la próxima reunión de la Comisión de Economía ofrecerá toda la información sobre las medidas que se están llevando a cabo para “corregir esos defectos que el Tribunal de Cuentas nos achaca”.

Uso abusivo del contrato menor
El portavoz socialista, Gregorio Escobar, instó al Gobierno local a ofrecer una mayor transparencia en el sistema de contratación pública, conforme a “los principios democráticos que deben regirlos” y criticó la gestión “deficiente, descontrolada y despilfarradora” que están llevando a cabo”. La “sospecha” se cierne sobre el sistema de contratación pública melillense, según Escobar, especialmente a raíz de la Operación Ópera. En este sentido, hizo referencia al contenido del auto judicial, del que El Faro detalló ampliamente, y en concreto a uno de los empresarios ligados a la Ciudad que declaró que “la Consejería de Medio Ambiente se encargaba de hacer los contratos para eludir la subasta pública. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad”. En relación a esta Consejería, el portavoz socialista recordó la explicación que Pérez Calabuig le dio a raíz de la polémica concesión de un contrato menor al hijo del consejero González, que resumió en “el sistema, ¿qué hay de lo mío?”.
Escobar también criticó el uso “abusivo” de los contratos menores de obras y servicios, sobre los que también versó la interpelación de PPL. Conesa afirmó que el concepto “abusivo” es subjetivo y recordó que fue el Gobierno de Zapatero el que amplió los límites legales para la concesión de los contratos menores, favoreciendo así, de hecho, un instrumento que permite a las Administraciones mayor agilidad a la hora de actuar cuando es necesario.

Las “insinuaciones insidiosas” contra funcionarios

El debate sobre los contratos menores y las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se tornó más tenso cuando el Gobierno reprochó a PSOE y PPL las “insinuaciones insidiosas” y los ataques a la “honorabilidad” de los funcionarios de la Ciudad Autónoma. “Pintan un panorama negro, de piratas, manchando a los funcionarios”, recriminó Imbroda a Escobar.  El socialista afirmó que el Gobierno hacía “contratos a medida” y Conesa lamentó que el socialista creyera que los funcionarios públicos “hacen mal las cosas con intención. Se lo niego de forma rotunda. Se cumple la ley a rajatabla y sus críticas están fuera de lugar”. El portavoz popular también recriminó a la oposición su contribución “al linchamiento de cargos públicos en redes sociales sin posibilidad de defenderse”.
Concretamente, el consejero de Economía reprochó a Liarte las alusiones de “fraude y comportamientos ilícitos” de funcionarios públicos, mientras que el Gobierno ha salido en defensa de todos ellos, incluso de los que son cercanos ideológicamente a Populares en Libertad. Liarte contestó que en los contratos de adjudicación directa “manda” el responsable político no el funcionario y consideró “despreciable” que Conesa recurra a la crítica de un funcionario por su pensamiento o afiliación política.

Ley de Transparencia y propuestas de PPL

El portavoz de PPL, Julio Liarte, dedicó su interpelación a los contratos menores de los que dijo la Ciudad tendrá que dar cuenta públicamente de ellos una vez se apruebe la nueva Ley de Transparencia. Liarte compartió con los socialistas el uso “abusivo” de este tipo de contratos por parte de la Ciudad y criticó la escasa información sobre los mismos.
En este sentido, recordó que una de las propuestas que hizo su formación política relativa a los contratos menores es que los servicios y obras que superen un presupuesto de más de 3.000 y 6.000 euros, respectivamente, soliciten al menos tres ofertas diferentes. “Cualquier persona pide varios presupuestos cuando hace reformas en su casa”, razonó Liarte. También propuso establecer conciertos con diversos colectivos profesionales de la ciudad para fijar precios del coste de obras y servicios así como establecer un turno rotatorio en las adjudicaciones para repartir el trabajo entre más empresarios.