El precio de las casas cayó en picado en Melilla a finales de 2010 y no comenzó a recuperarse hasta 2015
Tania Costa Melilla
La Ciudad Autónoma aún tiene que reunirse con los técnicos de la Consejería de Hacienda para tomar una decisión sobre qué hacer con el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como la plusvalía, que hasta ahora tenían que abonar todas las personas que venden su casa.
Una sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de febrero declara inconstitucionales varios artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa referente a la plusvalía municipal. Además extiende a todo el territorio nacional la anulación del cobro de este impuesto por parte de los ayuntamientos a las personas que registren pérdidas en la venta de sus viviendas.
El Alto Tribunal respalda que no puede exigirse al vendedor de un inmueble el pago de un impuesto que grava un incremento del valor que, en realidad, no se ha producido. O lo que es lo mismo, que una persona que vende una casa perdiendo dinero no puede, encima, pagar un impuesto que grava la revalorización de esa vivienda.
Medio millón en toda España
Según la tasadora Tinsa, los ayuntamientos de toda España deberían devolver las plusvalías cobradas a unas 550.000 viviendas que se han vendido durante los años de la crisis a un precio inferior al que fueron adquiridas.
El Consistorio de Málaga ha sido uno de los primeros en tomar medidas al respecto y ha paralizado la recaudación del impuesto de plusvalías. En Melilla, de momento, no se ha decidido qué hacer aunque el Boletín Oficial publicó el viernes la nueva Relación de Puestos de Trabajo que crea en la Consejería de Hacienda la plaza de jefe de Gestión del IPSI y Plusvalía.
La decisión del Constitucional viene a tambalear las previsiones de ingreso de los presupuestos generales de todos los ayuntamientos españoles. Melilla preveía recaudar en este ejercicio más de 1,3 millones de euros por el concepto de Incremento del Valor de los Terrenos. Es una cifra superior a la del año pasado (1,2 millones) y casi el doble de lo presupuestado en 2014, cuando el Gobierno local estimó que podía recaudar hasta 686.000 euros por este concepto.
Ahora sólo hay que esperar a que la Ciudad decida qué hacer con el dinero cobrado indebidamente a los melillenses.
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