La CGT comunica irregularidades en los planes de empleo de la Ciudad y la Delegación

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, Ceuta y Melilla ha convocado una asamblea en el hotel Rusadir para informar de irregularidades que han detectado en los planes de empleo, tanto de la Ciudad Autónoma como de la Delegación del Gobierno, durante los últimos cuatro años.

El secretario de Organización del sindicato, Miguel Montenegro, ha estado explicando los pormenores a las más de 100 personas presentes en la sala y les ha dicho que tienen posibilidades de reclamar, ya que “lamentablemente las administraciones han maltratado precisamente a quienes más necesidades tienen”.

El dirigente sindical ha reiterado que, “en principio”, y aunque se hable de los planes de empleo de las dos administraciones, “parece más grave lo de la Ciudad Autónoma”, ya que a estos trabajadores no se les han abonado, en principio, el complemento específico y el complemento de destino.

Según Montenegro, ello significa que han diferenciado al “personal laboral puro” de los trabajadores de los planes de empleo y el representante de la CGT ha hecho mención a una resolución del Tribunal Supremo (TS) que dice, según el secretario de Organización del sindicato, que “quien trabaja en el mismo lugar tiene que cobrar exactamente lo mismo, porque así lo establece la Constitución”. Además, lo dice “el sentido común”, ha añadido.

La otra cuestión donde Montenegro cree que ha existido “discriminación” es la de las horas trabajadas, ya que, cuando se redujo la jornada laboral a 35 horas, los trabajadores de los planes de empleo siguieron haciendo 37,5, según el dirigente sindical, sin ver aumentado el sueldo ni reconocido el tiempo efectivo cotizado a la Seguridad Social.

Montenegro ha indicado que los mismos problemas se han detectado en la Delegación del Gobierno, aunque “parece que menores que los de la Ciudad Autónoma y mucho menores, desde luego, que los de la Delegación del Gobierno de Ceuta”, ciudad donde se destapó este caso.

El secretario de Organización de la CGT-A ha cifrado las personas perjudicadas en un número entre 4.000 y 5.000 durante los últimos cuatro años. De ellas, serían entre 700 y 800 en cada plan de empleo de la Ciudad Autónoma y unas 400 ó 500 en los correspondientes a la Delegación del Gobierno.

Todo esto, ha dicho, “se puede reclamar” y, de hecho, es lo que ha recomendado a los presentes que hagan, tanto por lo que respecta a las “infracotizaciones” como, en el caso del último año, las diferencias salariales que se les adeudan.

Con un auditorio lleno, el primer objetivo, según Montenegro, que es “mandar un mensaje a las administraciones de que, si fueran inteligentes, llamarían para regularizar por su cuenta, sin necesidad de que se judicialice el asunto”, está cumplido. De hecho, ha afirmado a El Faro que “ya ha habido algún partido político que, pese a que ha estado en el Gobierno muy recientemente, dice que apoya la reivindicación”. “Pero eso –ha añadido- hay que hacerlo cuando se gobierna”.