La CEOE suma a la crítica de UGT sobre la cotización del paro por los transfronterizos

Los empresarios reprochan al Gobierno central el fin “recaudatorio” que tiene esa medida y niegan que vele por los derechos de los marroquíes que trabajan en Melilla.

Los empresarios de Melilla coinciden con la UGT en que no tiene ningún sentido la medida de aplican a la nómina de los trabajadores transfonterizos retenciones correspondientes a la cotización del desempleo ya que los marroquíes que trabajan en Melilla o Ceuta por ley no tienen derecho a percibir esa prestación cuando pierden el empleo.
La Confederación de Empresarios de Melilla (CEOE) considera que esta medida del Gobierno central es “puramente recaudatoria” ya que no otorga derecho alguno a este colectivo de trabajadores. Paradojicamente, el nuevo reglamento aprobado por el Ejecutivo de Zapatero el pasado 1 de julio afecta a la denominada Ley Orgánica sobre “Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su Integración social”. Con esa modificación ahora las empresas y trabajadores transfronterizos no comunitarios que trabajen en España y residan en Marruecos están obligados a cotizar obligatoriamente por las contingencias por desempleo a cambio de ningún derecho.
Los empresarios denuncian que “tal medida supondrá para las empresas de Melilla que tengan trabajadores transfronterizos un incremento en sus cuotas de Seguridad Social de más de un 15%. Además, a los trabajadores transfronterizos se les realizarán descuentos en sus recibos de salarios, en concepto de cuota obrera, incrementados en casi un 24%”. Todo ello les va a ocasionar a estos empleados “un incremento en sus descuentos sociales, sin reportarles a cambio la posibilidad de acceder a prestaciones por desempleo”.

Derechos de los transfronterizos

Los empresarios critican con dureza la actuación del Ejecutivo de Zapatero, al que acusan de no decir la verdad en este asunto. “Si el Gobierno de la nación hubiera querido velar realmente por los derechos de los trabajadores transfronterizos, lo que debería haber hecho es solucionar, de una vez por todas, el tipo de retención que por IRPF se le viene descontando mensualmente (24%) a este colectivo de forma casi confiscatoria”.
Además reprochan al Gobierno que adopte esta medida en plena crisis económica, cuando las empresas tienen que hacer frente a graves problemas financieros. “Dada la gravísima situación económica en la que nos desenvolvemos, en la que la restricción del gasto debe ser el objetivo prioritario de cualquier empresa, no tiene sentido alguno el que se incrementen los costes de Seguridad Social para las empresas que tengan contratados a trabajadores de este colectivo en más de un 15%”, afirma la CEOE en su nota de prensa.
Los empresarios también arremeten contra el Gobierno central por el modo en que ha informado sobre los cambios adoptados y la fecha elegida para ponerlos en marcha. Señalan sobre la forma de comunicar esta medida que ha sido “inadecuada” ya que la Administración ha notificado “sobre cómo proceder en estos supuestos a principios del mes de agosto, con efectos retroactivos al 1 de julio, causando con ello enormes trastornos a las empresas, que, en un mes predominantemente vacacional, deberán realizar sus ajustes y cotizaciones con escaso margen de tiempo, apenas una semana”.

Una medida sin lógica, según UGT

UGT denunció el miércoles la falta de “lógica” en la medida que había adotaptado el Ejecutivo de Zapatero un mes antes. El sindicato recordaba que “los trabajadores transfronterizos no tienen derecho por ley a disfrutar de la prestación por desempleo, al no ser residentes en España”. En consecuencia, hasta ahora estaban exentos de cotizar por este concepto. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento que regula esa ley se produce el esperpento de obligar a unos trabajadores a contribuir a financiar unas prestaciones que legalmente no pueden recibir. “No se puede obligar a cotizar por un derecho que no se tiene”, señalaba UGT.
El sindicato anunció que iba a poner el caso en manos de sus servicios jurídicos confederales para que fuera estudiado y luego se eleve a los organismos competentes “a fin de poder dar solución lo antes posible a dicho agravio comparativo con los demás trabajadores.