La burocracia no se adapta a la realidad y ata a la Administración

 Antonio necesita la ayuda de alquiler de Servicios Sociales, pero no se la dan porque no tiene contrato l El lunes será desahuciado y se quedará en la calle

Antonio Martínez Eugenio es un melillense que está desesperado. El lunes, si no consigue 200 euros, tendrá que abandonar la casa en la que vive desde hace dos meses. No tiene un empleo ni familia a la que pedir ayuda. No tiene dinero para pagar el alquiler de junio y será desahuciado por el casero en dos días, si no paga el día 1 de junio. Solicitó la ayuda de alquiler a Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social. Pero no tiene un contrato de alquiler, así que la trabajadora social no puede tramitar la ayuda porque no tiene un justificante de que ese dinero será para pagar la casa. Su vida, su situación real, no se adapta a las estrictas normas que rigen las ayudas sociales y esa misma burocracia ata de pies y manos a Bienestar Social, que no puede hacer más que seguir el reglamento a la hora de conceder una subvención. Su desesperación le ha llevado a denunciar a su trabajadora social ante los tribunales y la Consejería.
Para recoger su opinión, El Faro trató de contactar ayer con el viceconsejero de Bienestar Social, Hassan Driss, pero no lo logró.
Martínez Eugenio asegura que  qué no sabe cómo salir de esta madeja de líos que se han ido enredado por no tener un trabajo.  Martínez Eugenio se fue a Canarias en busca de un empleo en el 2012. Allí sólo pudo conseguir un contrato como camarero durante tres meses. Por fortuna, le llamaron de los planes de empleo de la ciudad y volvió a su tierra. Pero tras esos seis meses, no ha vuelto a conseguir un trabajo.
Vivía en una casa en el Barrio del Hipódromo, pero fue desahuciado porque no pudo pagar el alquiler. Su hermana le acogió un tiempo, pero ella también dejó su hogar y este melillense se vio en la calle. Martínez Eugenio fue a la Policía Local y ellos le llevaron al albergue. Allí estuvo tres meses, mientras buscaba una casa barata para alquilar, pues Servicios Sociales le iba a conceder una ayuda.

Barata, pero sin contrato
A este melillense no le quedó otra opción que irse a vivir con un primo, la mujer y el bebé de éste. También ellos tienen una situación económica complicada. Cogieron una casa de 400 euros, pero el casero se negó a hacerles un contrato. El dueño de la casa les dijo que si querían un documento que certificara el alquiler legal, deberían pagar 600 euros y poner una fianza de seis meses. Como no tenían dinero para cubrir esos gastos, han estado viviendo en este piso sin contrato.  Por su parte, Servicios Sociales no puede conceder la ayuda de alquiler a este melillense si no presenta el contrato. Es necesario que el alquiler sea legal para contar con dicha aportación.
Por otro lado, Martínez Eugenio solicitó estos meses el Ingreso Melillense de Inserción (IMI), una ayuda de unos 600 euros que le vendría muy bien mientras encuentra trabajo para pagar el alquiler de una casa con contrato y pagar la manutención de su hija.
Sin embargo, Servicios Sociales le ha denegado el IMI porque es necesario que esté empadronado como mínimo tres años en Melilla. Como se marchó a Canarias, a la Administración sólo le consta que lleva en Melilla desde el 2013.

El dinero que complica todo
La situación de este melillense va de mal en peor porque la trabajadora social que lleva su caso vio que había un ingreso en su cuenta del banco de 2.400 euros. Se trata de un dinero que le debía el Servicio Público de Empleo, aseveró Martínez Eugenio.
Pero ya no queda nada de ese ingreso. Explica que ha comprado una nevera, que ha pagado meses del alquiler que le debía a su primo, que ha comprado libros para su hija. Dice que los “únicos caprichos” que se ha permitido son un tatuaje con el nombre de su hija y un móvil nuevo que necesita para hablar con ella.  Sin embargo, no tiene ni un sólo recibo de esas compras ni del dinero que dio a la madre de su hija porque se lo entregó en mano. De forma que Bienestar Social sólo tiene un justificate del banco en el que aparecían 2.400 euros que se han esfumado en pocos días.

Robo y denuncia
Hace unos días, Martínez Eugenio discutió con su hermana, que se había ido a vivir con él a la casa, y le “robó” el dinero que tenía guardado para el alquiler de junio. Él puso una denuncia contra ella y el martes fue citado por el juez para el juicio. Sin embargo, su hermana no se presentó.  
Tras el robo fue a la Policía Local para que le llevara al albergue donde ha estado hasta el lunes, pero la trabajadora social le denegó la posibilidad de volver a este centro, apuntó. Martínez Eugenio dice que le mandó a la Policía Nacional para que hiciera una denuncia en la que quedara constancia de que se quedaba en la calle. Sin embargo, la Policía le explicó que no se puede hacer ese tipo de trámite en la Comisaría.
Martínez Eugenio volvió a ver a la trabajadora social y dice que ella le aseguró que tenía denegado que pueda ir más al albergue. Se pregunta qué va pasar con él si el lunes se queda en la calle y no le acogen en este centro social. Ha denunciado a esta trabajadora en los juzgados y le ha puesto una reclamación en la Consejería. Quiere que le ayude a buscar un techo donde vivir, mientras lucha para que cambie su suerte.