La Audiencia rechaza el recurso del PP y confirma el archivo de la querella contra Almansouri por el Búho taxi

La Sección Séptima de la Audiencia provincial de Málaga confirmó el 16 de diciembre de 2021 el archivo de la querella por presunta prevaricación administrativa interpuesta por el Partido Popular contra la actual consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, por el caso Búho taxi, en su etapa de titular de Distritos y Juventud.

El juzgado de Primera Instancia número 3 de Melilla ya había sobreseído provisionalmente el caso y archivado las diligencias el 24 de agosto de 2021, pero la decisión fue recurrida por el PP.

Ahora, la Sección Séptima de la Audiencia provincial de Málaga confirma el archivo de la causa, según el auto al que ha tenido acceso El Faro.

El PP recurrió la decisión de agosto al entender que pese a reconocer la arbitrariedad de la resolución, se archiva el procedimiento porque de las diligencias practicadas (informe del interventor del 16 de junio de 2020) no se perciben perjuicios al erario público o a los intereses de los ciudadanos ni ningún tipo de interés personal por parte de la consejera de Hacienda.

Sin embargo, el PP defiende que esos argumentos que llevan al Juzgado a considerar que no hay prevaricación, no pueden ser tenidos en cuenta para despenalizar la conducta de Almansouri porque en la Administración "el fin no justifica los medios".

El PP considera que lo que debe juzgarse es la arbitrariedad basada en la "inobservancia de alguna norma del procedimiento" en la emisión de bonos de taxi en Melilla, independientemente de que este hecho no haya tenido consecuencias económicas para el erario público, los ciudadanos o para la propia consejera.

Bonos de 5 euros para taxis

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando a mediados de ese mes la entonces consejera de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Dunia Almansouri, mantuvo varias reuniones con representantes de la Asociación del Taxi de Melilla para abordar la manera de incentivar la participación de los ciudadanos en las fiestas patronales fomentando el uso del taxi y así evitar el uso del vehículo privado tras el consumo de alcohol en la Feria.

La idea era emitir unos bonos diarios de taxi por valor de 5 euros que los ciudadanos podían solicitar sólo presentando su DNI y que entregarían a los taxistas que aceptaran participar en la iniciativa. Estos luego presentarían los vales a la Ciudad Autónoma para cobrar el dinero previa presentación de la documentación requerida.

La Asociación del Taxi, descontenta con la ubicación de su parada en la Feria, rompió las negociaciones con la consejera y la iniciativa de los bonos no llegó a buen puerto con esta entidad.

Sin embargo, al margen de la asociación, un taxista se puso en contacto con la consejera y le dijo que él y otros compañeros no estaban de acuerdo con la decisión de la Asociación del Taxi y que estaban interesados en seguir adelante con el convenio de los bonos de taxi, que finalmente se firmó en la Asamblea el 30 de agosto de 2019.

La Feria pasó, los bonos se repartieron y tras la fiesta hubo un informe desfavorable que consideraba que la liquidación no contenía los gastos adecuados, que se habían justificado como "gastos de locomoción", entendidos como "gastos menores diversos".

No obstante, el 16 de junio de 2020, el interventor emitió un informe señalando que no percibía perjuicios al erario público a pesar de los "defectos formales" de la justificación de los gastos. Este es el documento en que se apoya el juzgado para archivar la causa.

La resolución administrativa admite que la consejera cometió errores al conceder una subvención sin informe del director general, ni jurídico, ni de intervención ni del Gobierno que debieron tramitarse antes de la firma del convenio y de la autorización del abono de la subvención por lo que el gasto tuvo que justificarse por una vía alternativa. Sin embargo, también reconoce que esto no causó daño alguno ni constituyó un abuso de poder.

Finalmente, el ministerio fiscal y la defensa se opusieron al recurso del PP.

El auto recurrido llega a la conclusión de que la consejera otorgó una subvención al margen del procedimiento legalmente establecido por lo que la resolución es arbitraria.

Dunia Almansouri declaró en calidad de imputada y dijo que el convenio firmado con los taxistas no tenía el espíritu de subvención. Ninguno de los técnicos que compareció pudo definir la figura jurídica bajo la cual se concedieron los bono-taxis y se pagaron. Sin embargo, defendieron que la finalidad (favorecer a los ciudadanos) era legítima.