Esta mañana se celebran en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, cuya sede permanente está en Melilla, las cuestiones previas del juicio del caso ‘Voto por correo’, una supuesta compra de votos por parte de PSOE y Coalición por Melilla (CpM) en las elecciones generales de 2008.
Federico Morales, magistrado presidente de la Sección Séptima, anunció la semana pasada que el juicio comenzará el próximo 10 de octubre y que, ante la cantidad de acusados (30), el número de testigos que prestarán declaración (unos 500) y los 84 tomos que componen la causa, nos encontramos ante un “macrojuicio” que podría “colapsar” el funcionamiento de la Audiencia de Melilla, cuya actividad hasta ahora ha venido siendo fluida.
Cuestiones previas
El magistrado, que presidirá este juicio, explicó los asuntos que hoy y el próximo día 28 se tratarán en estas cuestiones previas. “Los abogados pueden solicitar la declaración de nulidad de una prueba o proponer pruebas nuevas”, señaló en una entrevista radiofónica, como publicó El Faro en su edición del pasado día 27.
Los 30 acusados y sus letrados estarán presentes en esta vista, una audiencia abierta al público. En la misma, “las partes exponen lo que consideran que puede obstaculizar el inicio del juicio”, indicó el magistrado.
Escasa jurisprudencia
El juicio del caso ‘Voto por correo’ arranca nueve años después de la comisión de este presunto delito electoral. Esta conducta delictiva tiene una “jurisprudencia escasísima”. “Seremos de los primeros en España” en juzgar estos delitos, señaló Morales.
Los principales acusados en seta macrocausa son Gregorio Escobar, quien en 2008 era delegado del Gobierno, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en Melilla; Dionisio Muñoz, secretario general de los socialistas melillenses (hasta su dimisión en 2015); y Mustafa Aberchan, presidente de CpM.
La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el PP, sostienen que los acusados intentaron conseguir votos a la coalición PSOE-CpM a cambio de promesas de empleo. Para ello, presuntamente utilizaron los Planes de Empleo financiados por el Estado entre 2008 y 2009.
Las condenas reclamadas por el Ministerio Fiscal para los 30 acusados en este macrojuicio superan los 230 años de prisión.
En los comicios de 2008 en Melilla, según Fiscalía, hubo un incremento “desproporcionado” de votos por correo (11,42%, cuando en las anteriores fue del 5,39%).
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