La anunciada despedida de Miguel Marín

La despedida de Miguel Marín del Puerto era más que previsible una vez se supo que concurriría a las autonómicas en el número dos de la lista electoral del Partido Popular para las elecciones de mayo próximo. Su cargo en el organismo portuario, como el de todos los presidentes de organismos públicos o los de Delegados del Gobierno, es inelegible, es decir, que no se puede simultanear con la concurrencia como candidato electoral.

Es lógico, dado que se trata de puestos que aún respondiendo en su nombramiento a designaciones estrictamente políticas, se sitúan al frente de ámbitos de la gestión pública que, por profilaxis democrática, desaconsejan mezclarlos con la actividad electoral, por muy ético y estético que pudiera prometerse su desempeño durante el período de coincidencia con la confrontación partidista.

Marín, que fue descabalgado de su cargo de consejero y su condición de diputado de la Asamblea de Melilla por su estatus de procesado en el ‘caso arquitecto’ del que finalmente resultó absuelto, ha pasado la mayor parte de este último mandato electoral al frente de una de las empresas más potentes en el entramado económico de Melilla, tal cual es la Autoridad Portuaria.

Hay que reconocerle su empeño por mejorar y reactivar el Puerto en un período finalmente poco favorable a la importación de mercancías, a causa de la crisis del llamado comercio atípico y el cierre de la aduana comercial con Marruecos. No obstante, acaba su mandato con una perdida comparada del volumen de mercaderías vía marítima del 16% respecto de la media registrada en septiembre de 2015, fecha de su incorporación a la Presidencia que ahora abandona.

Y aunque el porcentaje pueda no parecer excesivo, en una ciudad con tan escasas fuentes de generación de ingresos propios, no deja de ser preocupante, porque tras cuatro años de cadencia en la comparación, es una pérdida que se agranda frente a lo que se revela mucho peor que un estancamiento.

Sin embargo, la tozuda realidad lo es tanto como la crisis de un comercio fronterizo, amenazado por algunas voces de la oficialidad marroquí con un final muy próximo y, en cualquier caso, sumido en los avatares de una frontera que, al margen de cuanto pueda mejorarse, siempre dependerá más de Marruecos que de nosotros.

Y digo esto porque el durmiente irredentismo marroquí que sigue sin reconocer nuestra soberanía española y que insiste en catalogar Melilla de ciudad ocupada, no permite un desarrollo natural de la misma como debiera llevarse a cabo entre estados amigos como lo son España y Marruecos, o en el marco de las relaciones entre Europa y su socio preferente, tal cual es el citado reino.

Es cierto que la antigua política de hostigamiento y reclamación de tiempos del Istiqlal ha quedado muy lejos, pero también que no por ello el empecinamiento marroquí ha dejado de estar vigente en lo tocante a las apetencias territoriales sobre Melilla y Ceuta. Otros factores, como el control del Sáhara o la necesidad de mantener una válvula de escape para una población con muchas necesidades económicas y escasas alternativas en su propio país, contribuyen a que Marruecos tolere lo que, con el devenir de los años, ha ido reconvirtiéndose en una auténtica máquina de exportación irregular hacia el país vecino. Y, claro, quien realmente lo mantiene es quien lo recibe y lo permite.

En esa tesitura, cualquier valoración de la gestión de Marín sería un desatino, puesto que no depende de la Autoridad Portuaria fomentar el comercio fronterizo. Al Puerto le compete mejorar y modernizar sus servicios y buscar, si es posible, vías de enriquecimiento propio que contribuyan a enriquecer a su vez el territorio al que pertenece. Pero en este estadio, hemos topado con la intransigencia de un Gobierno socialista opuesto a la ampliación del Puerto que, a priori y desde hace años, se revela como el mayor proyecto de envergadura en el horizonte de la Melilla actual.

Marín se despide en cualquier caso con la tarea hecha, con un buen conjunto de obras que han mejorado ostensiblemente las infraestructuras portuarias; con los obligados y engorrosos trámites necesarios para la pretendida ampliación del puerto casi finiquitados; y un destacado impulso a otras iniciativas que podrían contribuir no sólo a mejorar la rentabilidad de nuestro puerto sino su capacidad para generar riquezas en beneficio de todos los ciudadanos, tal cual es la apuesta por los cruceros o por los yates de lujo que, en Melilla, podrían encontrar lo mismo que en Gibraltar pero con el añadido de mayores ventajas fiscales y amarres más baratos.

En conjunto, el ya expresidente de la Autoridad Portuaria se despide con un buen balance y una intensa etapa, a la que llegó por las presiones de las componendas políticas y el injusto peso de la pena de banquillo, pero de la que sin duda ha salido más fortalecido y con mayor proyección como número dos de la organización regional del Partido Popular.