La acusación no cree que los fallos en los informes fueran casualidades

Los abogados coincidieron con el letrado de Suárez en la petición de penas de seis años para Belver y Goris.

El juicio contra los diez policías encargados en 2002 de la investigación del ‘caso Novolujo’, que arrancó el martes en la Audiencia Provincial, quedó ayer visto para sentencia, después de una sesión de casi cinco horas (la más corta de los cuatro días de juicio) en la que se pudieron escuchar las conclusiones de parte de los abogados de la acusación particular y la defensa.
La sesión arrancó poco antes de las diez de la mañana y la pretensión de todos los implicados era que por fin  pudiera darse por concluido un juicio, que se ha alargado más de lo previsto en un principio. La acusación particular fue la encargada de iniciar la intervención, aunque hay que recordar que el abogado del ex consejero Francisco Suárez, José Luis Alabarce, ya había expuesto sus conclusiones ante la sala el jueves a última hora de la tarde. De hecho, si en algo coincidieron todos los abogados de la acusación fue en elogiar la “magistral” exposición de Alabarce, al que suscribieron en casi todos los puntos, incluida la petición de penas (6 años para Belver y Goris, además de multas de 30 euros diarios durante 18 meses y suspensión de empleo).
No obstante, cada uno de los letrados fue exponiendo sus conclusiones ante el juez. Felipe Castillo, que representaba Abdelkader Mohamed Hammu (cuñado del presunto cabecilla de la trama, Mohamed Halifa) y al ex policía Miguel Gómez, fue el primero en exponer. El abogado, al igual que harían más tarde sus colegas, insistió en que en los informes realizados por los policías imputados se cometieron muchos errores, tantos que a su juicio es difícil creer que se tratara sólo de imprudencia. Asimismo, insistió en que la Justicia se apoya para llevar a cabo sus procedimientos en la información y pruebas que aportan los Cuerpos de Seguridad, por lo que es imprescindible que los informes que éstos realizan sean siempre “exclusivos, veraces, comprobables y entendibles”, algo que según Castillo no se cumplió en el ‘caso Novolujo’. “No creo que esta investigación fuera tan compleja”, aseveró.

Sospechas, no pruebas
Castillo resaltó además, al igual que harían después el resto de letrados de la acusación, que todo lo que se presentó en los informes obedecía a sospechas, pero que nunca se aportaron pruebas . Así, puso como ejemplo que se acusaba a Abdelkader de retirar dinero de una entidad bancaria y se preguntó cuál era el problema de realizar esa gestión. “Da la sensación de que se hacían detenciones por contagio. Todo el que estaba cerca de Halifa estaba implicado en la trama, como si fuera un virus”, señaló.
El abogado insistió en que las confusiones fueron constantes. “No pueden ser todo casualidades, porque si fuera así, ¿qué nivel de cualificación tendrían estos policías?”dijo. Algo en lo que coincidió la letrada Berta Maldonado, que representaba a Rachid Said Al Lal (empleado de Halifa) que indicó, en su intervención, que es difícil creer que todos los fallos que se produjeron obedecieran a imprudencias. “Errores de todos los imputados, en las mismas personas. Es imposible que no haya intencionalidad”, dijo. Maldonado (que tuvo que abandonar la sala antes de que concluyera el juicio) afirmó que aunque se puede entender que los agentes decidieran iniciar una investigación si vieron indicios de delito, no se puede admitir que se excedieran en sus funciones. “No todo vale y no se puede perseguir un delito cometiendo otro”.

Escuchas telefónicas
En cuanto a las escuchas telefónicas que se realizaron durante la investigación (118 en total), Castillo apuntó que si éstas se basan en informes “que no cuentan la verdad”, aunque el juez instructor las autorizara en su momento, su firma no debería ser válida porque no se asienta en una información veraz.
El abogado de Abdelkader y Gómez recordó además que los imputados, aunque acogiendose a su legítimo derecho, se han negado durante este juicio a explicar los motivos de su actuación a la acusación, lo que a su juicio lo ha complicado todo aún más, una afirmación en la que coincidieron también sus compañeros de la acusación.
El representante del empresario Hamed Uassani, Nayim Mohamed, fue el último en hablar por parte de la acusación particular. Mohamed inició su intervención haciendo referencia a la labor del Ministerio Fiscal (que desde el inicio del juicio pidió el sobreseimiento) que calificó de “obstructiva”. Un adjetivo que también empleó para la decisión de los imputados de no responder a las preguntas de la acusación durante sus declaraciones en los días anteriores del juicio. “Si se hubieran explicado, quizás nos habríamos planteado incluso retirar la denuncia contra algunos de ellos”, aseveró.
Dicho esto, Mohamed se centró en las alusiones que se hacen en los informes a su cliente, Uassani. Así, indicó que uno de los documentos se afirma que su representado era socio de Halifa y “sobradamente conocido en Melilla por ser traficante y por tener contactos importantes”. En este punto, el abogado señaló que no entiende una afirmación de este tipo sin aportar ninguna prueba y aseguró que su cliente nunca había sido condenado.
Mohamed señaló, como hicieron el resto de letrados, que en la investigación se sucedieron los errores por parte de los policías sentados ayer en el banquillo y que todo se basó siempre en sospechas y no en pruebas que pudieran demostrar las acusaciones