Khadija y la asistencia social en Melilla

La crisis ha aumentado las peticiones de ayuda para pago de alquileres, hipotecas y manutención.

En  la Consejería de Bienestar Social siguen sin explicarse por qué el caso de Khadija se ha convertido en un conflicto con eco de confrontación política.
Según pudo comprobar este Diario, la marroquí, con permiso legal de trabajo y residencia en Melilla, madre de cuatro hijos –dos de ellos de 8 y 5 años y nacionalidad española- ha venido recibiendo atención en la Consejería desde que en octubre de 2010 obtuviera una primera ayuda de algo más de 2.500 euros para cubrir necesidades básicas (principalmente gastos de alimentación) y pagos urgentes como el del alquiler de la vivienda en la calle Coruña, de la que fue desahuciada el pasado lunes.
Los informes de Bienestar Social avalan que en menos de un año (siete meses) se ha destinado a Khadija algo menos de 5.000 euros, incluyendo los 1.600 que firmó hace unos días la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, para afrontar los costes de fianza, gastos de gestoría y coste del primer mes de alquiler en una vivienda de la Calle África, destinada a realojarla junto a sus hijos.

Hechos

Khadija, separada de hecho desde poco después de comenzar a solicitar ayudas a Bienestar Social en octubre pasado, fue desahuciada el pasado lunes de su anterior casa. El primer día que se vio al raso fue alojada en un hotel de la ciudad por indicación de Bienestar Social, pero a partir de ahí surgieron los conflictos y las versiones contrapuestas que han hecho posible que junto a sus hijos quedara en situación de desamparo, salvo por la ayuda que desde un principio le ha prestado la asociación Prodein y posteriormente una familia de comerciantes del barrio del Mantelete, que decidió acogerla el pasado miércoles
Su situación, a la intemperie, con sus cuatro hijos, ha hecho correr la tinta y ha provocado desde UPyD agrias descalificaciones contra la consejera responsable de Bienestar Social, María Antonia Garbín, a la que el presidente de Unión Progreso y Democracia, Emilio Guerra, tachó de sufrir “alergia a los necesitados, si no votan ni tienen carné del PP”.
Sin embargo, desde Bienestar Social no se ha dejado de asegurar que Khadija nunca ha estado desatendida y que el mismo día 31, tras alojarla una primera noche en un hotel, se firmó el expediente para buscarle y ayudarla a pagar el alquiler de una nueva casa.
En medio del cruce de acusaciones, de las afirmaciones de Khadija asegurando que se le quiso cobrar el hotel y que Bienestar Social optó por dejarla en la calle, lo que este periódico ha podido constatar de forma fehaciente es que en la Consejería existe un expediente en el que se da cuenta del libramiento de las cantidades que suman los 4.700 euros que se han destinado a paliar su situación. Aún así, Khadija sostiene que sólo recibió dos colchones y un armario valorados en 370 euros.
La pregunta es clara por tanto: Si Khadija no recibió en octubre del pasado año los 2.500 euros que Bienestar Social asegura se le entregaron para ayudarla a pagar el alquiler y la manutención de su familia, quién se ha quedado con ese dinero. Lo único que se sabe es que Khadija aún vivía por entonces con su marido y que ella asegura que jamás vio un euro de esas ayudas.
El resto, los 370 euros destinados a equipamiento para el hogar sí están admitidos por Khadija como recibidos y, respecto de los 1.600 previstos para alojarla en una nueva vivienda, también se sabe que en principio Khadija se ha negado a recibirlos porque teme, según Prodein, que en meses sucesivos no pueda afrontar el pago del alquiler. Frente a ello, desde Bienestar Social se asegura que tanto ella como su familia han entrado en un programa de seguimiento y que, como tantas otras familias que no pueden afrontar el pago de su vivienda, recibiría ayudas para tal fin desde la misma Consejería.

Un caso entre muchos

Y es que el caso de Khadija no es el único que constituye un drama, paliado sólo por la acción social de la Ciudad Autónoma, cuyas competencias pasan por las prestaciones básicas a los necesitados, menores y drogodependientes, mientras que las restantes de atención a mayores y discapacitados siguen en manos de la Administración central, a través del IMSERSO.
La Ciudad Autónoma de hecho gasta alrededor de 6 millones de euros anuales en políticas sociales que se materializan en ayudas de emergencia, prestaciones básicas y salario mínimo de integración (IMI), que en el caso de unidades familiares sin ingresos y un mínimo de tres miembros se estipula en una cantidad idéntica a la del salario mínimo interprofesional.
Desde 2009, para la atención a esas políticas ha dejado de percibir las aportaciones que por valor de 3 millones de euros realizaba la Administración central a través de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, dobló hasta un total de 1,5 millones de euros la partida para el IMI o Ingresos Mínimos de Integración, y siguió manteniendo las ayudas que también presta para atención de menores con discapacidad y enfermedades mentales que al no tener cabida en el ‘Gámez Morón’, por su minoría de edad, suelen ser trasladados a centros peninsulares.
Bienestar Social también mantiene los conciertos que hacen posible la atención a mayores en el Centro Asistencial, popularmente conocido como la ‘Gota de Leche’ y que como el ‘Gámez Morón’, aunque pertenecen a la Ciudad Autónoma, se gestionan mediante conciertos con el IMSERSO, organismo dependiente de la Administración central y con competencia exclusiva para autorizar o aprobar todos los ingresos de sus potenciales usuarios. Por tal motivo, la Consejería que dirige Garbín tuvo que crear un centro de mayores de estancia temporal que permitiera la atención urgente en casos de cuadros de necesidad o sin posibilidad de atención familiar, dado que los expedientes que gestiona el IMSERSO suelen tardar meses en tramitarse.
La Consejería de Bienestar Social destina igualmente cien mil euros a un convenio anual con Cruz Roja para las ayudas al pago de alquiler de viviendas e hipotecas de familias con escasos recursos; mantiene con sus propios presupuestos el Comedor San Francisco y ha creado una red de centros de asistencia social en varios barrios, como el Virgen de la Victoria, zona de Corea (Industrial e Hipódromo) y las Palmeras (Distritos 4º y 5º), con el fin de aproximar la atención a los usuarios más necesitados.

2.000 peticiones de ayuda desde principios de año

Desde que empezó el presente 2011, la Consejería ha recibido casi 2.000 peticiones de ayuda de diverso tipo y ha aprobado 1.200, mientras que el resto han sido denegadas o se encuentran aún en fase de tramitación.
Las peticiones de ayuda, a consecuencia de la crisis, han aumentado un 25%, lo que ha justificado el incremento de casi el 75% en las partidas para prestaciones de emergencia y salario mínimo de integración, del que actualmente se benefician unas 2.500 unidades familiares, en algunos casos de un solo miembro que por su situación libre de cargas sólo reciben el 60% del mismo IMI.
Esta es la radiografía en esencia de la política social del Gobierno Imbroda. Desde ayer, Khadija ya se encuentra en una pensión, la Rosa Blanca, y junto a sus hijos está adscrita a los servicios del comedor San Francisco.
Para Bienestar Social, nada explica por qué Khadija no se acogió desde un principio al mismo protocolo de ayuda. Para Prodein o UPyD la razón es clara: La Consejería quiso desentenderse e incluso intentó que retornara a su país de origen, Marruecos.
Sea como fuere, lo cierto es que Khadija y sus hijos ya han logrado integrarse en los programas de asistencia que les permitirán, poco a poco, volver a la normalidad. En su caso, mediante su vuelta al trabajo como empleada doméstica en la casa de un médico, donde se le pagan unos 500 euros al mes, incluidas en prorrateo las extraordinarias.
Su caso no es el único que constituye un drama humano pero sí se ha hecho más visible que otros muchos. Ahora sólo falta saber si Khadija admitirá la pequeña casa de un solo dormitorio que le ofrece Bienestar Social por un alquiler aproximado a los 500 euros y el compromiso de seguir ayudándola económicamente para que pueda mantenerse. La Consejería reconoce que lo ideal sería al menos una vivienda de dos dormitorios, pero los alquileres se disparan, aunque, según se hizo constar a ‘El Faro’, “se intentará realojarla en un futuro en una casa más amplia”.