Los juzgados especializados en cláusulas abusivas recibieron entre el 1 de junio, cuando comenzaron a estar operativos, y el 8 de septiembre, un total de 57.068 demandas en todo el conjunto nacional. De estas, 13 reclamaciones se produjeron en la ciudad de Melilla, según informó ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de un comunicado difundido a los medios.
El juzgado de Madrid es el que mayor número de asuntos ha recibido, 13.064 en su primer mes de funcionamiento. Su primera audiencia previa tuvo lugar el pasado 27 de julio, y tiene previstas otras 159 para este mes de septiembre, 512 en octubre y 1.108 a lo largo de noviembre.
Al juzgado madrileño le siguen el de Barcelona, con 4.644, y el de Sevilla, con 2.946. Otras provincias, como Málaga o Valencia, han registrado en este tiempo más de 2.000 demandas.
La cifra total recoge también los requerimientos presentados en los órganos judiciales de forma electrónica, a través de la plataforma LexNET, en doce de las trece comunidades autónomas que tienen implantado este sistema: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La Comisión Permanente del CGPJ aprobó en mayo la especialización de un total de 54 juzgados de primera instancia en toda España para que se ocuparan de manera exclusiva, pero no excluyente, de los pleitos relacionados con cláusulas hipotecarias.
Estos juzgados especializados se crearon a través del plan de urgencia que el CGPJ aprobó ante el previsible aumento de requerimientos como consecuencia directa de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016. Según se establece en esta resolución, las entidades financieras tendrán que devolver todo el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo en las hipotecas que fueran abusivas o poco transparentes.
En el mismo comunicado, el CGPJ informó de que mantendrá en las próximas semanas nuevas reuniones de coordinación con los jueces decanos y con las administraciones con el objetivo de evaluar la marcha del plan y estudiar las necesidades.
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