El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, aseguró ayer que en el caso de la madre que entró con una niña en un bolso de deporte por el paso fronterizo de Beni Enzar existen dos vías de análisis. Por un lado, están las pruebas de ADN que han determinado que efectivamente la pequeña es hija de la mujer que la portaba cuando llegó a Melilla. Pero por otro, está la decisión de un juzgado que es quien tiene que decidir si se reagrupa o no a esta familia después de la forma irregular en la que entró a la ciudad. Señaló que aunque la Fiscalía de Menores diga que pueden entregar a la bebé a su madre porque las pruebas demuestra el parentesco, también hay que tener en cuenta lo que dice el juzgado.
El consejero hizo esta aclaración a raíz de la denuncia interpuesta por un abogada en el juzgado de Instrucción número 1 de Melilla contra Bienestar Social por impedir a la familia reunirse con la bebé.
La letrada Ana Castaño, según recoge la Ser en una información, asegura que 62 días después de que los padres entraran por separado a sus tres hijos a nuestra ciudad para pedir asilo, la familia no puede reunirse con la pequeña porque la Consejería exige un documento que no se puede conseguir, siempre según la versión de la abogada. Al parecer se trataría de un escrito del juzgado en el que se certifique que la madre no está inmersa en ninguna causa. Ana Castaño indica que no existe ninguna investigación abierta, sino que simplemente se aplicó el protocolo habitual para comprobar la relación paterno filial.
Respuesta a las ONG
Sin embargo, el consejero de Bienestar Social insistió ayer en que este caso es diferente al de otros en los que también se demandan pruebas de ADN para comprobar la relación entre padres e hijos. Insistió en que hay que tener en cuenta todo el entramado legal y no solamente una parte. Asimismo, dejó claro que para su Consejería siempre va a primar el bienestar del menor, aunque eso, en algunas ocasiones, pueda perjudicar a los padres.
En cualquier caso, Ventura aseveró que “no puede estar constantemente detrás de activistas y ONG”. “Tendría que poner un consejero para Bienestar Social y otro para atender a todas estas asociaciones”, apostilló. Eso sí, consideró que están en su derecho de denunciar lo que consideren.
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