Javier Valenzuela (Melilla, 1965), oficial administrativo de profesión, se afilió a la Unión General de Trabajadores (UGT) en el año 1988. Desde 1994 ha ejercido distintas responsabilidades en los sectores de la Administración General del Estado (AGE), Acción Sindical y Organización. Finalmente, el 10 de enero fue elegido secretario general en sustitución de Francisco Díaz, quien dejó el cargo por su jubilación a falta de dos años para la conclusión de su mandato. El salario mínimo interprofesional y los convenios colectivos centran una buena parte de la conversación.
-Sí.
-Bueno, me he encontrado una parte del sindicalismo que yo todavía no manejaba. Ser secretario general de la UGT no es lo mismo que serlo de una federación. Eso incluye una parte institucional que no se ve desde las federaciones.
-Los planes son, por supuesto, llevar la negociación colectiva a la orden del día. La judicialización del sindicalismo nunca ha sido buena. Es mejor sentarse y negociar, negociar y negociar. La UGT es una confederación de federaciones, así que la negociación de los convenios colectivos, en principio, pertenece a las federaciones. Nosotros estamos constituidos en tres: la de empleados públicos, la de empresas privadas y la de industria y afines. Nosotros damos cobertura, apoyamos, ayudamos, tenemos reuniones y asesoramos a las tres federaciones. Queremos llegar a acuerdos, firmarlos y que los trabajadores vean aumentados sus derechos sociales.
-Está muy judicializada. Nos gustaría que, en algún momento, se creara en Melilla un servicio de mediación laboral extrajudicial, donde estén las empresas y los sindicatos más representativos y donde seamos capaces de llegar a acuerdos vinculantes, sin necesidad de ir a juicio. Efectivamente, existirán muchas cosas que necesariamente irán a juicio, pero hay otras que afectan a pocos trabajadores, o son de pocas cantidades, y que, si se judicializan, el dinero que este trabajador pide se queda en el camino y nunca llega a cobrarlo. Además, con el dinero que se gasta en el abogado, al final puede no salirle tan rentable.
-Están desde 2011 sin negociarse convenios colectivos muy importantes, como el del metal, el de la hostelería o el de limpieza de edificios y locales. Y, desde 2011 hasta 2023, son muchos años para que no se negocien. Esperamos que nos podamos sentar; que las federaciones, con el apoyo de la Unión, se puedan sentar con los empresarios. Pero uno de los problemas que tenemos en Melilla es el reconocimiento de las partes para negociar. Nos sentamos y a veces la asociación de empresarios no puede firmar, o no es la que corresponde. Entonces sí nos gustaría que, cuando nos sentemos a negociar estos convenios, la otra parte tenga legitimidad para firmar lo que se negocia, porque, si no, nunca llegaríamos a un acuerdo.
-Eso es algo entre ellos. Existen varias asociaciones de empresarios. Si en una parte estamos los sindicatos representando a los trabajadores, necesitamos que la otra parte represente realmente a todos los empresarios y, se tarde lo que se tarde, se firme y sea vinculante para las dos partes.
-Sólo he tenido una reunión y, en principio, ha sido buena. Hay que sentarse a negociar y empezaremos a buscar fechas, sobre todo, para sacar estos convenios que están muy atrasados, desde 2011. Las dos partes tenemos que entender que, si no se firma un convenio desde ese año, si se empieza a negociar ahora, no podemos pedir que la subida salarial sea de un 2% o un 2,5%. Tienen que entender que lleva paralizado 11, 12 ó 13 años.
-Todo se basa en la mejora de los convenios de los colectivos y en todo lo que afecta a los trabajadores. Por supuesto que negociaremos con CCOO si se trata de mejorar un convenio colectivo y, por tanto, la vida de los trabajadores.
-Lo fundamental del Gobierno que salga es que tiene que saber que hay muchísimos trabajadores que dependen de ello sin ser empleados públicos. Son muchos miles los trabajadores de las empresas que prestan servicios públicos externalizados. Son servicios que deberían dar la Ciudad Autónoma o la Delegación del Gobierno y que los externalizan para que una empresa privada los dé. Nosotros siempre hemos dicho que, en los pliegos de prescripciones técnicas que sales para estos clientes, que son la Ciudad Autónoma, la Delegación del Gobierno, el Ingesa y el Imserso, nos gustaría estar desde el principio para dar nuestra opinión. Nunca nos han permitido estar. Siempre nos hemos enterado cuando ya están terminados y que se prime, sobre todo, el dinero hace que al final sean los trabajadores quienes tengan unos sueldos muy bajos. Estas instituciones tienen que pensar que se trata de servicios públicos, que son trabajadores que prestan un servicio público y que se debe mirar por que tengan un empleo con el que puedan tener un sueldo para llegar a final de mes.
-Nosotros defendemos los servicios públicos. La externalización es una medida con la que tenemos que vivir, pero todo debe estar regulado en los convenios colectivos. Un empleado público tiene un sueldo normal para vivir y, al lado, puede haber un trabajador de una empresa privada que dar un servicio público y cobra bastante menos. Entonces lo que tenemos que hacer es regular esto para que estos trabajadores también tengan unos sueldos dignos.
-Lo hemos explicado varias veces y no nos vamos a cansar. El plus de residencia nace como un plus para los trabajadores que prestan sus servicios en Melilla y en Ceuta. La carestía de vivir aquí es grande y se crea un plus que no puede ser absorbido por ningún otro concepto de la nómina. Sin embargo, el SMI, cuando sale del Consejo de Ministros, dice que engloba todos los conceptos y ahí hay un choque que es difícil de solucionar. El ejemplo lo hemos puesto en varias ocasiones. Si un trabajador de una empresa (y lo peor es que siempre afecta a la categoría laboral más baja) cobra en Melilla, sin el plus de residencia, 950 euros, este mismo trabajador en Málaga, de la misma empresa y de la misma categoría laboral, cobra también 950 euros y el SMI sube a 1.080, el de Málaga tiene una subida salarial de 950 a 1.080 euros, pero el de Melilla, como cobra 950 euros más, digamos, 210 de plus de residencia, no tiene subida. La subida se la paga de su bolsillo. El plus de residencia sigue estando, pero la cantidad que recibe a final de mes es la misma, con lo cual esto está haciendo que desaparezca el plus de residencia en Melilla. Ocurre lo mismo con el plus de bonificación. Estas dos cosas, que se crean para beneficiar a los trabajadores que prestan sus servicios en Melilla, no se han tenido en cuenta con el SMI. Esto se le trasladó al secretario general confederal, Pepe Álvarez, se le explicó y él dice que lo habló con el ministro, que lo entendió y que ha quedado en estudiarlo para ver si existe alguna posibilidad de corregirlo desde donde sale. Porque, una vez que haya salido, es imposible solucionarlo.
-Como sindicalistas, estamos para defender a los trabajadores y sus derechos, pero también somos personas y tenemos nuestra opinión. Esta legislatura ha sido bastante complicada. Ha afectado el covid y también el cierre de la frontera. Han sido muchos problemas. Es difícil decir más.
-A los empresarios se les ha bonificado, y no me quejo, porque sus asociaciones son importantes, pero en Ceuta la Ciudad Autónoma ayuda a los sindicatos. Nosotros no recibimos un solo euro y nos da envidia que a los empresarios, hace poco, les hayan dado 300.000 euros para contratar a personas que puedan estar pendientes de las subvenciones a nivel europeo. Nos parece perfecto, porque, cuanto mejor les vaya a ellos, mejor les irá a los trabajadores. Pero sí es verdad que nosotros estamos un poco olvidados y creo que hacemos una labor importante. Si no fuéramos necesarios, no existiríamos. Y, en una ciudad tan pequeña, necesitaríamos alguna ayuda.
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