“El interventor, evidentemente, conocía los contratos, porque veía informes y expedientes”

• Tres funcionarios de Bienestar Social defendieron ayer la legalidad de sus actos. También declararon los 4 abogados acusados. “Ojalá me hubieran hecho un contrato de 5 años”, dijo uno sobre los contratos menores

Ayer concluyeron las declaraciones de acusados en el ‘caso Abogados’. En esta causa se juzga la supuesta contratación irregular de letrados por parte de la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente de la misma María Antonia Garbín. Los tres funcionarios de la citada área que fueron interrogados ayer defendieron la legalidad de sus actuaciones. Uno de ellos, quien ejerció como secretario técnico y después director general de la consejería, justificó su postura afirmando que “el interventor, evidentemente, conocía los contratos, porque veía informes y expedientes”.

Este funcionario, José A., fue el primero en declarar ayer. Según afirmó, los 91 contratos menores (cuya duración oscilaba entre los cuatro y los seis meses) que fueron firmados con los mismos cuatro abogados (lo que ha dado pie a este proceso) siempre tuvieron un “estudio de legalidad”.

Tribunal de Cuentas

José A. negó que hubiera fraccionamiento de contratos, algo prohibido por ley, y subrayó que “el Tribunal de Cuentas también tenía conocimiento” de que Bienestar Social estaba empleando a esos letrados y no puso en duda la legalidad de estos contratos.

A continuación declaró Gema V., quien trabajó como secretaria técnica en Bienestar Social entre 2007 y 2009. Esta acusada afirmó que se hacían contratos de poca duración con los letrados inculpados porque esperaban “contar con personal propio” en la consejería. Así, afirmó lo mismo que los demás funcionarios que desfilaron anteayer ante el juez.

Trabajo “exagerado”

También destacó que el volumen de trabajo en Bienestar social es “exagerado”, de ahí la necesidad de esas contrataciones.

Luego declaró María A. Q., quien trabajó como secretaria técnica cuando presuntamente se cometieron irregularidades. La funcionaria afirmó que tenían “la puerta de la contratación mayor cerrada”, de ahí que se hicieran contratos de poca duración. Asimismo, proclamó que “nunca” tuvo duda de la legalidad de los actos que llevaban a cabo.

Después testificaron los cuatro letrados. El primero de ellos, P. M., explicó que se le empleó para asesoría jurídica y que todos los contratos que firmó contaban con “informe de legalidad y necesidad”.

Sobre la contratación menor, que la acusación considera irregular, P. M. afirmó: “A mí me habría encantado que me hubieran contratado por cinco años”.

Este letrado acusado coincidió con otros declarantes en que hay “muchísima carga de trabajo” en Bienestar Social. “Es una consejería de trinchera”, consideró.

“Funciones distintas”

La siguiente letrada en comparecer, N. M., abundó en el volumen de trabajo, con  “entradas masivas de menores extranjeros”. “Me hacían nuevos contratos porque mis funciones eran distintas siempre”, dijo.

Después declaró la abogada E. M., que puso un ejemplo de la “necesidad permanente” de que trabajasen abogados externos a la  Administración: “Se podían iniciar en un día veintitantos expedientes de menores”.

El último de los letrados en testificar, J. F. M., negó a preguntas de la fiscal que fuera “extraño” que se encadenaran contratos de cuatro o seis meses.

Finalizadas las declaraciones de acusados, el juicio por el ‘caso Abogados’ se reanudará mañana a las 10:00 horas con las declaraciones de testigos.