Los indicios de crímenes de guerra y tal vez, crímenes de lesa humanidad

Tras tres intensos meses de conflicto bélico en la Franja de Gaza, Israel se enfrenta a una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La denuncia de la República de Sudáfrica muestra la conmoción de la mayoría de los estados del planeta, especialmente, los del Sur global. Los fallos de la CIJ podrían lograr redefinir el laberinto Israel-Palestina exigiendo el cese al fuego. Incluso puede impulsar el proyecto de los “dos estados” propuesto en 1948 por la comunidad internacional.

Es sabido que el Estado de Israel ha contado con el soporte incontestable de Washington, tanto a nivel diplomático, financiero y en armas. El gobierno norteamericano se ha resistido constantemente a la consigna de un cese al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, y actualmente rehúsa las imputaciones de genocidio contra Israel por “carecer de base factual”.

Recuérdese al respecto, que el 8/XII/2023, el representante de Estados Unidos aplicó su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, de cara a la proposición de cese al fuego humanitario del Secretario General, António Oliveira Guterres (1949-74 años), para poner el punto y final a la matanza de civiles en la Franja de Gaza. De los 15 miembros, 13 respaldaron el cese al fuego y el Reino Unido se abstuvo. No obstante, la comunidad internacional repulsa con más contundencia las operaciones desproporcionadas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El 27/X/2023 en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), 121 países emitieron su voto a favor, por 14 en contra y 44 se abstuvieron sobre la oferta de una tregua humanitaria.

Posteriormente, el 12/XII/2023, fueron 153 de los 193 países miembros, lo que reclamaron un alto al fuego humanitario urgente en la Franja de Gaza. Únicamente 10 países votaron en contra y 23 se abstuvieron.

Si bien, la resolución de la AGNU no era vinculante, evidenció el gradual consenso internacional para que todas las partes del conflicto Israel-Palestina observen sus deberes en virtud del derecho internacional. Concretamente en lo que atañe a la protección de los civiles, la puesta en libertad inmediata de los rehenes, así como la garantía de acceso humanitario en la Franja de Gaza.

Asimismo, se han elevado varios requerimientos de los estados del Sur a favor de la búsqueda del remedio pacífico del conflicto. El Estado Plurinacional de Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel, “en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí”. Las Repúblicas de Colombia, Honduras y Chile convocaron a consultas a sus respectivos embajadores, debido a la “masacre del pueblo palestino”. El 25/X/2023, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (1945-78 años) juzgó el conflicto como un “genocidio” que ha costado la vida a miles de niños.

Por su parte, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa (1952-71 años), solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que esclarezca cuanto antes los excesos de Israel en su guerra en la Franja de Gaza, comparado a un “castigo colectivo sin precedentes en la historia” que está matando a “personas inocentes”, incluidos niños. Una manifestación que no tuvo el seguimiento oportuno, porque Israel no firmó el Estatuto de Roma que dio origen a la CPI.

“Las decisiones tomadas por la Corte Internacional de Justicia podrían retocar el conflicto Israel-Palestina, aplicando el cese al fuego y el advenimiento del proyecto de los ‘dos estados’ planteado por la comunidad internacional”

A pesar de la polémica habida entre “pausa humanitaria” o “alto el fuego”, los expertos, instituciones y organizaciones de derechos humanos se pronuncian y demandan acabar con la hecatombe de civiles inocentes en la Franja de Gaza. Para muchos, la incursión israelí ahonda más en la herida y el castigo colectivo puesto en marcha por el bloqueo de Gaza desde 2007.

Está claro que los bombardeos y muertes de civiles no respetan el principio de proporcionalidad. Una materia reprochada por Human Rights Watch como crimen de guerra. Y es que como indicó el Secretario General de la ONU, las acometidas de Hamás “no ocurrieron de la nada”. La penetración israelí de la Franja de Gaza reedita la ineludible búsqueda de solución de un conflicto que persiste desde hace setenta y cinco años, y cuyas raíces se sumergen en la historia de la colonización británica.

Sin duda, la primicia ha sido la indirecta formal hecha por Sudáfrica contra el Gobierno y los militares de Israel del 29/XII/2023, por genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ante la CIJ.

Pero, ¿qué hechos constatados conducen a la acusación de genocidio? El 7/X/2023 unos 1.500 integrantes de las brigadas de Al Qasam y otras facciones armadas de la Franja de Gaza, fulminaron un ataque relámpago por aire, mar y tierra contra Israel. Ese ataque habría producido más de 1.200 muertos, la amplia mayoría civiles según el ejército y 239 rehenes.

Ello sucedió en un entorno de progresiva controversia social del liderazgo del ultraderechista primer ministro, Benjamín Netanyahu (1949-74 años). Encadenada a su tentativa de restringir el poder de la Corte Suprema con una controvertible reforma judicial, si acaso, para sortear un juicio por corrupción según sus detractores y movilizaciones sociales. Además, resultó cuando Washington se encontraba abstraído en lograr el reconocimiento diplomático de Israel por Arabia Saudí y otros estados, para redelinear la política del Medio Oriente. Una aproximación desatendida por los gobiernos ante la rebeldía de la calle árabe a la invasión israelí de la Franja de Gaza.

Indudablemente, ello se trazaba en una realidad de creciente apatía y decadencia de los partidarios de la solución de los “dos estados” abordada por la comunidad internacional. Más aún, en la circunstancia de gradual disposición de colonos israelíes en Cisjordania. Un hecho clarividente es el cambio del mapa de Palestina en los últimos años.

Una imposición de vicisitudes ejecutadas y precipitada con la invasión en Gaza.

Ni que decir tiene, que el inédito asalto cogió despistadas a las FDI, a pesar de que concurrían visos de esa intención desde hacía un año. Se trataba del peor fiasco de la inteligencia israelí desde la guerra de Yom Kipur (6-29/X/1973).

Y en revancha, Benjamín Netanyahu no titubeó en anunciar el desmantelamiento de Hamás. Su ministro de defensa, Yoav Galant (1958-65 años), declaró que el empeño de Israel es el de hacer desaparecer Hamás “de la faz de la tierra”. Mientras tanto, el gobierno de emergencia con la oposición y el gabinete de guerra, dictaminaron la llamada inmediata de 300.000 reservistas.

En su ofensiva, la administración israelí dispuso el aislamiento incondicional de la Franja de Gaza, imposibilitando el acceso de todo tipo de abastecimientos, salvo a cuentagotas a pesar de las imposiciones efectuadas por la comunidad internacional.

Con el transcurrir de los días, las FDI han cometido un bombardeo prolongado e indiscriminado de la Franja de Gaza. A la infinidad de fuegos y castigos encadenados, se suma la invasión terrestre del Norte de Gaza el 27/X/2023, que acabó ampliándose al Sur, tras los siete días de tregua para el intercambio de 110 rehenes israelíes contra 240 prisioneros palestinos retenidos por Israel.

La invasión de la Franja de Gaza se ha descifrado en que a día de hoy y con los guarismos variando incesantemente, se cuentan más de 25.000 fallecidos y 70.000 heridos. De hecho, el Director del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declaró literalmente que “casi el 70% de los muertos en Gaza son mujeres, niños y niñas”. Además, las FDI han obligado el traslado forzado del 90% de los 2,2 millones de habitantes palestinos. A ello se incorpora la devastación de casas, hospitales e infraestructuras. En su conjunto, una puntiaguda crisis alimentaria y sanitaria que hace que de acuerdo al enviado especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Martin Griffiths (1951-72 años), “Gaza se ha vuelto inhabitable”.

No hace mucho que Israel corroboró la descomposición a los mínimos de Hamás en el Norte de la Franja de Gaza. Pero, en vez de un cese al fuego, no da el brazo a torcer que la guerra continuará varios meses más y difundió un plan de las “cuatro esquinas”, cuyos recintos no han sido determinados. En tanto, varios miembros del gobierno como el ministro de la seguridad nacional, sostienen que la salida de los palestinos de Gaza y la rehabilitación de asentamientos israelíes en el territorio es “una solución correcta, justa, moral y humana”.

Dicho esto, la CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Mientras la CPI enjuicia a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, la CIJ resuelve disensiones entre países. Las medidas transitorias que adopte la Corte obligan a los Estados.

Es así como en su escrito, Sudáfrica explica que condena cada uno de los incumplimientos de la ley internacional, prestando especial atención a los crímenes de guerra perpetrados por Hamás. Sin embargo, aclara que ningún ataque armado, no importando cuan serio sea, fundamenta la violación legal o moral de la Convención sobre la “Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio”. Sudáfrica matiza que “los actos y omisiones de Israel” tienen un carácter genocida porque se cometen con la intención, establecida en el derecho internacional de “destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”.

La documentación constituida por ochenta y cuatro páginas, agrupa pruebas primordiales de prácticas tramadas de genocidio en siete categorías. Primero, la dimensión de la matanza y que el 70% de entre ellos son mujeres y niños y niñas. Y segundo, los tratos inhumanos. Igualmente, la inobservancia sistemática de promesas de seguridad, así como la privación del acceso a alimentos y agua. En otras palabras: la falta del acceso a una vivienda y el ataque contra el sistema sanitario, como la destrucción de la vida palestina, sus ciudades e infraestructuras.

Y por último, las insinuaciones de propósito genocida por parte de componentes del Estado de Israel, como el primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente Isaac Herzog (1960-63 años) y el ministro de defensa Yoav Gallant.

Con lo cual, Sudáfrica ha reunido certezas irrevocables de que Israel está incurriendo en un genocidio contra el pueblo palestino y pide un cese inmediato de la actuación militar. En el juicio que se desarrolla en La Haya, los procuradores de Sudáfrica argumentaron que Tel Avic ha hecho un uso desmedido de la fuerza en su réplica a la irrupción del grupo armado Hamás. En su declaración, presentaron diversos documentos, declaraciones y material audiovisual sobre los quebrantamientos a la Convención para la “Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio”, en la que se asienta que “ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea, justifica actos de exterminio contra una comunidad”.

No es un capricho que Sudáfrica comande el primer juicio por genocidio contra Tel Avic, pues durante la segunda mitad del siglo XX, la dirección sudafricana del apartheid recibió la aprobación de Israel. Sus concernientes regímenes coincidieron en inteligencia y consejos sobre cómo mantener sujetos a los señores de la tierra sustraída por los colonos y permanecieron conectados como socios estratégicos, cuando la comunidad internacional efectuó influencia sobre ellos para que detuvieran la discriminación racial y el hurto de territorios.

El pueblo sudafricano se descargó del apartheid en 1991, pero no ha omitido el complot israelí con sus antiguos invasores. De ahí, que se sienta vinculado a los palestinos, quienes prosiguen sumidos en un sistema tan injusto como el que tejieron los descendientes de británicos y neerlandeses en 1902. Las muestras de que las acciones israelíes no forman parte de una guerra, sino de un genocidio, son incuestionables: en sólo tres meses, cinco de cada cien habitantes de Gaza han sido heridos y más de uno de cada cien asesinado.

De los más de 25.000 muertos, sin contabilizar la cantidad indefinida de finados desaparecidos bajo las montañas de escombros, en torno al 70% son mujeres y niños. Con escasa diferencia, el 90% de las edificaciones han sido desmoronadas y afectadas. Los bombardeos sucesivos se han enfilado contra colegios, enfermerías y hospitales, campos de refugiados, instalaciones de la Media Luna Roja y de Naciones Unidas.

Mismamente, las viviendas son deshechas por máquinas automóvil provista de una pieza delantera móvil que le permite abrirse camino removiendo obstáculos. La crueldad que caracteriza a estos episodios ha sido expresa: las FDI violentaron a un millón de individuos a renunciar a sus hogares y agolparse en el Sur de la Franja, sólo para más tarde ser bombardeados en los mismos parajes.

En todo este período se ha obstaculizado la admisión de provisiones y medicinas, pese a que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo comunicó que medio millón de personas estaban al borde de la extenuación. Sin inmiscuir, que en estos días han perdido la vida más periodistas y trabajadores de la ONU de los que han perecido en cualquier otro conflicto armado.

Los sucesos caen por su propio peso y las palabras denotadas son altisonantes. El 28 de octubre y el 3 de noviembre, respectivamente, el primer ministro Benjamín Netanyahu recurrió a un texto de la Biblia que emplaza a los israelitas a abordar la eliminación de sus adversarios: “ahora vayan y hiéranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, sino mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros”. Otros integrantes de su gabinete han apelado a fórmulas similares en las que deshumanizan enteramente a los palestinos y proponen como la solución conveniente de la ofensiva, la limpieza étnica en la que ese pueblo sea retado al éxodo. El resentimiento de los cabecillas absorbe igualmente a los soldados, quienes divulgan en las redes sociales videos donde destruyen barrios enteros, humillan a los cautivos, atormentan a sus víctimas y se regodean.

Lo más conmovedor de este genocidio propagado en tiempo real es que en muchas de sus grabaciones las FDI cometen crímenes de guerra entre mofas y carcajadas, dejando contemplar que para ellos y el régimen que los coordinó y preparó, los palestinos no son seres humanos.

Aunque las sentencias de la CIJ no son vinculantes, sí que constituyen una referencia imposible de rechazar en la estimación que la comunidad internacional hace de un Estado, y determinan una sanción moral que puede conllevar que se suspendan los ataques. Por eso, el procedimiento de Sudáfrica es una muestra más de coraje por la vida y los derechos humanos, cabiendo tener en cuenta tanto a su gobierno como a los que se le han incorporado en esta cruzada jurídica.

Llegados a este punto, según la Convención de las Naciones Unidas sobre ‘Genocidio’, dice al pie de la letra que es “un acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso que implica matar a miembros del grupo; provocar daños corporales o psíquicos graves a los miembros del grupo; infligir deliberadamente condiciones de vida para provocar destrucción física; imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos; y, por último, transferir por la fuerza a niños del grupo a otro grupo”.

“Tras tres intensos meses de conflicto bélico en la Franja de Gaza, Israel se enfrenta a una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. La denuncia de la República de Sudáfrica muestra la conmoción de la mayoría de los estados del planeta”

Entretanto, existe una dicotomía general ante la denuncia de Sudáfrica contra Israel de conservar un molde de conducta genocida. Mientras especialistas de Naciones Unidas, la Liga Árabe, Irán, Turquía, Brasil o Colombia, se han declarado acérrimos de la acusación, Estados Unidos y Reino Unido se muestran opuestos a la iniciativa. Para ser más preciso en lo fundamentado, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha considerado de histórico esta causa judicial y ha invitado a más estados a apoyarlo, a diferencia del primer ministro israelí que ha desaprobado la inculpación, afirmando que Israel lucha “contra el terrorismo y las mentiras”. Por su parte, Hamás aguarda que la CIJ inste al fin de la ofensiva contra Gaza y condene a Israel de crímenes de guerra.

Del mismo modo, expertos de Naciones Unidas han admitido con agrado el inicio de las audiencias. “Elogiamos a Sudáfrica por llevar este caso ante la CIJ en un momento en que los derechos de los palestinos de Gaza están siendo violados con impunidad”, han dicho en un comunicado, entre ellos, la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese (1977-47 años).

Por ende, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, resaltó en declaraciones a la prensa, que avalo “totalmente la demanda contra Israel y espera una sentencia justa que frene esta guerra hostil y ponga fin al derramamiento de sangre palestina”. En la misma línea, en un comunicado del Ministerio de Exteriores, Irán ensalza el proceder del Gobierno sudafricano como “responsable, valiente y honorable en apoyo del pueblo palestino”. En cambio, la portavoz de Exteriores de China, se limitó únicamente a expresar que su gobierno apremia “a las partes a un cese al fuego inmediato y a terminar la guerra”.

Otra cuestión es la opinión de Estados Unidos, que no ha ratificado el Estatuto de Roma con el que se estableció el CPI y tradicionalmente se ha contrapuesto a varias de sus supervisiones, reconociendo que “las denuncias de que Israel está cometiendo un genocidio son infundadas”. Destacando que Israel “no sólo debe cumplir con la ley humanitaria internacional en sus operaciones contra Hamás, sino que debe buscar más formas para prevenir el daño a civiles e investigar acusaciones creíbles de violaciones de la ley humanitaria internacional”. Finalmente, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Cameron (1966-57 años), refirió ante un comité parlamentario que no cree que la petición sudafricana “sea de ayuda”.

En consecuencia, de cara a la defensa de Israel que afirma que ha protegido la vida de los civiles decretando evacuaciones e implantando un área humanitaria, Sudáfrica se aferra al Comité Internacional de la Cruz Roja, que concretó que las consignas de evacuación no son factibles con el derecho internacional humanitario.

Igualmente, condena el sin fin de bombardeos y ataques israelíes sobre extensiones de evacuación, e incide que la designada “zona humanitaria” resuelta unilateralmente por Israel en el Al Mawasi, no es segura, tal y como han hecho ostensible ONG y organismos de la ONU.

Tras celebrarse audiencias públicas en la Haya para la intervención de Sudáfrica e Israel, la CIJ procurará constituir la indicación de medidas provisionales que de acuerdo a la instancia sudafricana, otorguen asentar acciones que concedan “proteger contra nuevos, severos e irreparables daños a los derechos del pueblo palestino establecidos por la Convención sobre el Genocidio” y “asegurar el respeto por parte de Israel de sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio de no realizar genocidio y prevenir y castigar el genocidio”.

Israel sospecha que se acuerden medidas provisionales que le exijan a un cese al fuego y “asegurar la conformidad de Israel con la Convención sobre el genocidio, en no cometer genocidio y prevenir y castigar genocidio”. Por ello, designó al ex jefe de la Corte Suprema, Aharon Barak (1936-87 años), un crítico del gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu.

Se presume que en su defensa Israel exponga las imágenes de la acometida consumada por Hamás. Asimismo, que fundamente que no ataca civiles y se esfuerza en no perjudicarlos mientras lucha contra un grupo terrorista que está encubierto entre la población y a la que utiliza como escudo humano. Ello engloba hospitales y escuelas que no deben ser objeto de embates de acuerdo con el derecho internacional.

Las decisiones tomadas por la CIJ podrían retocar el conflicto Israel-Palestina, aplicando el cese al fuego y el advenimiento del proyecto de los “dos estados” planteado por la comunidad internacional. Pero, sobre todo, tal como reza el título de esta disertación, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se posiciona en los rastros de crímenes de guerra y según y cómo, crímenes de lesa humanidad.