El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, aseguró que “Marruecos se está portando muy mal” ante la llegada de los menores extranjeros no acompañados (mena) y aseguró que el país vecino “es el único” que puede paliar el “efecto llamada” llevándoselos de vuelta a su país.
Según Imbroda, la llegada de los menores es un problema de inmigración de familias que los utilizan como “cabeza de puente” y no de protección al menor.
El presidente del Gobierno local subrayó que “un país serio, aliado y socio de España, Francia y Europa no puede permitir que sus menores se vayan en plan de mafia”.
Por ello, insistió en que se trata de un problema de inmigración que no tiene que ver con las leyes de protección del menor, razón por la que resaltó que Marruecos debe llevarse a estos menores, ya que “la mayoría de ellos llegan con su documentación y la Ciudad sabe dónde viven y quiénes son”.
Sin embargo, lamentó que el país vecino no hiciera caso a la petición que la Ciudad le planteó en este sentido hace un tiempo, cuando le transmitió a través del Consulado de España en Nador una lista de 200 menores, con sus datos personales, que estaban acogidos por los servicios sociales de Melilla.
Imbroda reconoció que este objetivo de que Marruecos se haga cargo de sus menores no se ha conseguido “ni con el Gobierno anterior ni con el actual”, de ahí que haya pedido que se insista ante el país vecino y, si no es posible, que el Ejecutivo central traslade a los menas porque es “inviable” hacerse cargo de mil en una ciudad de trece kilómetros cuadrados.
Sobre el real decreto que el Gobierno quiere impulsar en esta materia, Imbroda puntualizó que “la cuestión no está en que dé más dinero” a las autonomías, aunque admitió que “también viene bien” porque Melilla gasta en este ámbito unos doce millones de euros, sino en que los menores sean repartidos porque “hay comunidades que son muy grandes” y tienen “mucho espacio” para acogerlos.
En cualquier caso, el presidente de la Ciudad también puso el acento en la mayor permeabilidad de la frontera con Marruecos, donde se están registrando más entradas irregulares de menores. Por ello, argumentó que insistirá en su petición para que el Gobierno central incremente la dotación en 200 policías nacionales y 200 guardias civiles, lo que “también paliaría bastante” la problemática de la frontera.
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