El Partido Popular se ha reunido en Córdoba para aprobar un manifiesto por el que rechazan la ley de amnistía, "la corrupción económica del PSOE" y se declaran con la Constitución. Se trata de un documento compuesto por siete puntos firmado por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y sus doce presidentes autonómicos, entre los que se encontraba presente Juan José Imbroda.
De esta forma Feijóo -que previsiblemente hablará sobre este documento mañana, domingo, en un acto del partido- cierra filas con sus barones autonómicos, apunta a la responsabilidad en bloque de todo el PSOE, sin distinciones, por la ley de amnistía; y denuncia también "la corrupción política" de los socialistas.
El PP denomina la amnistía como "ley de impunidad" y carga contra todos los socialistas por asumir la tesis lanzada por el Gobierno de que es "un ejercicio de reconciliación" cuando, a su juicio, no lo es "ni específicamente en Cataluña, ni tampoco en el conjunto de España".
Recrimina que "el independentismo se sienta impune para reactivar su propósito de autodeterminación, tal y como manifiestan pública y reiteradamente"; y condena que "el socialismo facilite impertérrito todo ello".
En el manifiesto, los populares rechazan "con toda contundencia que el actual Gobierno central haya elegido vivir permanentemente extorsionado" y avisan de que el independentismo nunca había tenido "tanta capacidad de influencia".
"La extrema debilidad del PSOE, sometido por voluntad propia al chantaje de las fuerzas políticas independentistas, le ha llevado a consumar el mayor ataque a la igualdad entre españoles y al Estado de derecho con la aprobación de una ley de impunidad que blinda el privilegio, la desigualdad y el olvido", se recoge en el manifiesto, en el que se añade que la amnistía "se cimienta en la mentira y en una transacción corrupta que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos".
También hay referencias al Caso Koldo, ante el que los populares, que aseguran que el propio PSOE torpedea la investigación, prosiguen con su exigencia de dimisiones por una trama beneficiada en medio de la pandemia.
"El intento del Gobierno central, a través de la ley de amnistía, de desactivar uno de los poderes del Estado, en este caso el judicial, es un ejercicio de autoritarismo incompatible con un sistema democrático y especialmente grave si tenemos en cuenta que el PSOE se encuentra hoy acorralado por una trama de corrupción que afecta a miembros del Gobierno del más alto nivel, a la tercera autoridad del Estado y a otras instituciones o altos cargos del Ejecutivo", indica el PP.
El PP arguye que las comunidades son Estado, por lo que destaca que ejercerá en las que gobierna el legítimo ejercicio de autogobierno para activarse al máximo en sus competencias y preservar así la igualdad y solidaridad.
Apela a la arbitrariedad del Gobierno en la toma de decisiones y reparto de recursos públicos, y remarca que el PP gobierna para "el 70 % de la población" por el peso territorial que tiene el partido.
Critican los populares la negativa del Gobierno a convocar una conferencia de presidentes mientras se vive "una situación que contrasta amargamente con la colección de cesiones unilaterales, reuniones a la carta con sus socios e incluso encuentros clandestinos fuera de la UE para negociar privilegios".
Asimismo, el PP recuerda sus victorias en los comicios municipales y autonómicos, así como en los generales, y resalta que los últimos, los de Galicia del 18 de febrero, "ampliaron de forma histórica la responsabilidad" del partido "en toda España".
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