El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, aseguró este jueves que en la ciudad es de “obligado cumplimiento” la sentencia del Tribunal Supremo sobre que los consejeros y viceconsejeros del Gobierno de Ceuta deben ser diputados de la Asamblea y, por lo tanto, electos. Dijo que los seis miembros del Ejecutivo de Eduardo de Castro que no son diputados tienen que ser cesados este viernes porque sino estarían cometiéndose irregularidades o delitos porque en estos tiempos no puedes decir que no conoces una sentencia. Aseveró que si no se cesa a los seis, el PP lo denunciará. Si el presidente de la Ciudad no la cumple, “vamos a por él jurídicamente hablando”.
Imbroda no quiso entrar en qué le parece este fallo del Supremo o en si le gusta o no porque justifica que los consejeros y viceconsejeros deben ser electos al considerar a Melilla y Ceuta como entidades locales y no como comunidades autónomas.
Pero al margen de esto el popular remarcó que los miembros del Gobierno deben ser diputados y debe de cumplirse. “El Gobierno de Melilla debe estar compuesto desde ya por miembros electos. Así que tienen que dimitir o deben cesar a los no electos”, remarcó.
Imbroda comentó que quizás digan ahora que esta sentencia no es de obligado cumplimiento porque viene de una denuncia de UGT a una consejera Gobierno de Ceuta, pero subrayó que en el fallo el tribunal hace referencia de forma constante a las dos ciudades autónomas y la base que cogen los jueces que votan a favor de la sentencia, porque luego hay otros dos votos particulares, es “una presunta debilidad administrativa en la autonomía de Melilla y Ceuta”.
El presidente del PP aseveró que es cierto que el tribunal no se va a dirigir a Melilla, sino que se la enviará a Ceuta. Pero “si el Gobierno de la Ciudad hace caso omiso a ésta van a incurrir en distintos delitos”. Indicó que cualquier ciudadano o un partido político puede denunciar los actos que hagan los consejeros y viceconsejeros que no son electos.
Es más, el popular indicó que De Castro debería irse por los malos resultados que ha sacado su formación política porque los melillenses le han dicho que se marche al bajar hasta los 900 el número de votos recibidos el 10N. Por ello insistió en que se tiene que marchar o que puede cesar antes a los miembros del Ejecutivo no electo y luego marcharse.
El dirigente del PP de Melilla insistió en que su partido ha ganado las elecciones “rotundamente” y quiere dar estabilidad política a la ciudad. Por ello dijo que es necesario que el PP tenga “una palabra importante en la Ciudad Autónoma”. Además de dar la palabra, señaló que hay que darle sitio porque “los melillenses lo están demandando. “Que se marchen y nosotros arreglaremos el embrollo en el que se han metido”, añadió.
Por todo ello, Imbroda destacó que su partido va a presentar un escrito este viernes indicando la sentencia para el conocimiento del secretario general de la Asamblea y del presidente de la Ciudad y cómo se debe reaccionar. “Para nosotros la sentencia es de obligado cumplimiento desde ya y si hay este jueves un Consejo de Gobierno extraordinario espero que sea para cesar a los miembros no electos del Ejecutivo”, añadió indicando que luego se pueden recomponer como deseen.
Imbroda también apuntó que si lo lamenta es por el consejero de Bienestar Social, Fernando José Rubia, que “ha funcionado muy bien” porque ha mirado más por los intereses de Melilla en lugar de por los del PSOE. De hecho, comentó que en la última Comisión de Bienestar Social Rubia defendió los intereses de la ciudad frente a otros “rarísimos” del líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán. Pero insistió en que se debe cesar a Rubia también.
El popular recordó que el PP ya tuvo un caso similar tras la consulta de CpM, “que tiene un millón de caras”, sobre si un vicepresidente debía o no ser electo. Y el Consejo de Estado, que Imbroda apuntó que hace dictámenes aunque no sean vinculantes, destacó en su resolución que al ser un sustituto del presidente, el vicepresidente debía ser un diputado de la Asamblea y hubo que cambiar a Manuel Ángel Quevedo de vicepresidente primero a portavoz del Gobierno y a Daniel Conesa que estaba en este puesto al de vicepresidente. Por ello, dijo que ahora ya con el Tribunal Supremo debe ser más contundente el cese.
El presidente del PP aseguró que “esto viene a ahondar más en el lío y la crisis permanente que tienen en el Gobierno”. Para Imbroda, ahora “se crea otra crisis, que es una más” de las que tiene este Ejecutivo a diario porque “está en crisis total”, añadió.
De hecho, argumentó que el Gobierno “está muerto”.
Imbroda indicó que siempre se ha intentado “con un éxito más bien frustrante” es que nuestro estatuto “se adaptara a normas funcionales y capacidades de forma que no estuviéramos siempre en el filo de la navaja y que no estuviéramos a base de informes para recomponer cosas”. El popular reconoció que “hay lagunas administrativas y funcionales que son evidentes que hay que arreglar”. De hecho, apuntó que se debería hacer ya ese arreglo. Y al margen de esto, insistió en que ahora lo que hay es una sentencia de obligado cumplimiento.
El presidente del PP de Melilla reconoció que el tema de mejorar la autonomía de la ciudad se ha hablado muchas veces con los gobiernos centrales. Y apuntó que el PSOE “jamás quiso que tuviera una autonomía más plena”.
El Tribuna Supremo afirma en una resolución que los consejeros y viceconsejeros deben formar parte de la Asamblea de Ceuta. Subraya que es cierto que tanto la ciudad hermana como Melilla tienen una “singularidad organizativa producto de la autonomía”, pero apunta que no llegan a ser comunidades autónomas, sino “entidades locales”.
Por ello, señala que se aplicaría el artículo 140 de la Constitución en el que se indica que alcalde y concejales son elegidos por los vecinos. Remarca en este documento que, aunque las dos ciudades “gocen de una autonomía”, lo cierto es que ésta “no les exime del cumplimiento de las exigencias constitucionales”.
“La libertad del presidente de nombrar miembros del Consejo de Gobierno ha de ejercerse escogiendo entre los miembros de la Asamblea de la Ciudad”, añade.
Pero, ¿cómo afectaría esto a Melilla?
Son seis los consejeros y viceconsejeros que están en el Gobierno melillense y que se podrían ver afectados por este tema. Se trata de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas y Regeneración Democrática, Paula Villalobos; el consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Julio Liarte; el viceconsejero de Comercio, Transporte y Turismo, Jaime Bustillo; el consejero de Bienestar Social y Salud Pública, Fernando José Rubia; el viceconsejero de Deportes, Jalid Said Mohamed; y el viceconsejero de Juventud, Yusef Abdeselam Kaddur.
No obstante, fuentes consultadas por El Faro aseguran que para que se pudiera aplicar la resolución del Tribunal Supremo en Melilla debería de seguirse el mismo proceso que en Ceuta, es decir, que una entidad denuncie esta cuestión en los juzgados melillenses, que de ahí pase al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Melilla y Ceuta y luego al Supremo.
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