Human Rights Watch (HRW) asegura que ha documentado en Melilla y Ceuta “lo que parece ser una política para disuadir la presentación de solicitudes de asilo”. La ONG indica que varios inmigrantes detenidos dijeron que no tuvieron encuentros individuales con abogados mientras estuvieron bajo custodia policial y que recibieron “poca o ninguna información” sobre la posibilidad de solicitar protección internacional.
La organización indica que en Melilla y Ceuta, la negación de la libertad de circulación a los solicitantes de asilo que impide que prosigan hacia el territorio peninsular, y la lentitud de los traslados oficiales de estas personas que piden protección desde las dos ciudades autónomas hacia la península, “parecieran desincentivar los pedidos de asilo”. En los puertos andaluces visitados por Human Rights Watch, la escasa información sobre este derecho y la falta de entrevistas individuales con abogados y jueces también podrían disuadir a estos migrantes.
Es una de las conclusiones de un informe presentado ayer por la institución, en el que se denuncian “las precarias condiciones de acogidas a los inmigrantes” en nuestro país. Human Rights apunta que las entrevistas mantenidas con personas del África subsahariana que estaban en Melilla y Ceuta en marzo y en Andalucía, en mayo, indican que persisten los actos de violencia por parte de guardias fronterizos marroquíes y otros abusos.
La institución apunta que muchos inmigrantes deciden “aventurarse al mar” después de reiterados intentos fallidos de saltar las vallas de las dos ciudades autónomas. Pone el ejemplo de Marcel, un joven de 34 años, procedente de Camerún, que trató de superar la alambrada hasta en seis ocasiones. “Nunca lo logré, solo conseguí que me golpearan [las fuerzas de seguridad marroquíes], algunos huesos rotos… una vez, cuando ya estaba trepado en el vallado, me golpearon en el pie para hacerme caer. Otra vez me pegaron con un bastón, y se sintió como si fuera un cuchillo”.
La directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Judith Sunderland, aseguró ayer en la presentación de estos datos que "España está violando los derechos de los inmigrantes" y constató que "no hay evidencias de que esto sirva para disuadir a otros" a emprender la misma ruta.
“Ya sea por negligencia o deliberadamente, España no trata de manera humana y digna a los solicitantes de asilo e inmigrantes que llegan por vía marítima”, subrayó Sunderland.
Según Human Rights Watch, al llegar los inmigrantes "permanecen días en celdas oscuras y húmedas en dependencias policiales" y, aunque a largo plazo casi siempre son asignados automáticamente en establecimientos de detención a la espera de la deportación, “esta puede no ocurrir nunca”.
La situación de Italia
HRW critica también las declaraciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que se está viviendo "una presión importante" en los puertos españoles y por rechazar la reciente petición italiana de que algunas de las personas que se rescatan en el Mediterráneo central sean trasladadas a puertos de España.
Según Human, que cita datos de la de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las 7.724 personas que llegaron a las costas españolas entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2017 no se pueden comparar con las 85.150 personas desembarcadas en Italia durante los primeros seis meses del año.
La ONG afirma que casi todos los adultos y niños acompañados de un familiar que llegan a nuestro país por mar “son detenidos hasta 72 horas en instalaciones policiales para su identificación y procesamiento” y la mayoría son enviados “a un centro de detención inmigratoria por un máximo de 60 días, mientras se encuentra pendiente su deportación”.
“Si no pueden ser deportados, son puestos en libertad, pero no tienen ningún derecho legal a permanecer en el país y tienen la obligación de irse”, agregan.
Human Rights Watch critica las “precarias” condiciones de los centros de Almería y Motril , donde asegura que no hay luz natural ni ventilación, que los inmigrantes permanecen encerrados en todo momento y que sólo salen para controles de salud o para usar el retrete.
La organización denuncia la condición de los niños que están retenidos junto a sus padres y la falta de abogados mientras se encuentran bajo custodia policial, con poca o ninguna información sobre la posibilidad de solicitar asilo. Asimismo, critican que los jueces realicen entrevistas en grupo, incluso mediante teleconferencia.Ante esta situación, insta a las autoridades españolas a “adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones en los establecimientos policiales en los puertos para las personas que llegan por mar, y asegurar que tengan un acceso genuino a la información y a servicios legales”. Entre ellas apuntan la necesidad de “permitir una mayor libertad de circulación dentro del predio, incluido el uso de espacios exteriores y el libre acceso a los retretes” y que “a todos los detenidos se les deberían proporcionar artículos básicos de higiene”.
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