Hoy entra en vigor la ley de tasas que “margina al ciudadano medio”

Jueces y abogados de Melilla están en contra de una norma que exigirá entre 50 y 750 euros para poder recurrir una sentencia y hasta 1.200, si se apela al Tribunal Supremo.

La nueva ley de tasas de la Justicia, que entra en vigor hoy tras ser publicada ayer en Boletín Oficial del Estado, da un mazazo a la clase media española. Es lo que piensa Emilio Lamo de Espinosa, el juez decano de los Juzgados y Tribunales de Melilla. En su opinión la normativa “margina al ciudadano medio”, que “a partir de ahora tendrá que pensárselo mucho para poner un recurso”.
Desde hoy para recurrir una resolución en los tribunales habrá que pagar entre 50 y 750 euros y hasta 1.200, si se llega al Supremo. Así, una víctima de un accidente de tráfico que quede parapléjica necesitará 6.050 euros para reclamar una indemnización; otros 6.650 euros para presentar recurso de apelación y casi 7.000  si tiene que llegar al de casación.
El sablazo se lo lleva el ciudadano medio, porque los que no tienen recursos económicos podrán acceder gratuitamente a la justicia  como hasta ahora. De hecho, el Gobierno central ha asegurado que estas nuevas tasas, consideradas recaudatorias por el Consejo General de la Abogacía, son para sufragar esa asistencia gratis a personas con escasos ingresos.
Las grandes empresas, por su parte, no se enterarán de la medida, que hasta ahora sólo se aplicaba a personas jurídicas y a determinadas compañías, ya que tienen recursos para asumir las tasas.

Jueces, totalmente en contra

El decano del Colegio Oficial de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, no duda en declarar que está  en desacuerdo con esta ley por la que se regulan las tasas judiciales.
“Al igual que el Consejo General de la Abogacía, mi crítica se basa en que los que han elaborado la ley tenían que haber tenido en cuenta las opiniones de los colectivos que más directamente trabajan en el ámbito profesional de la Justicia (abogados, jueces...) A los abogados se les tenía que haber escuchado”, apunta Imbroda.
Lo ideal, añade el decano de los abogados, habría sido haber alcanzado un consenso y no aprobar la ley de motu proprio. “Habría sido necesario que tuvieran en cuenta las voces de los que acudimos en defensa de la ciudadanía”.

En contra de las tasas

El decano del Colegio Oficial de Abogados de Melilla está en contra de que se pongan tasas judiciales. Si no hubiera más remedio que ponerlas, Imbroda considera que sería cuestión de plantear algo con mesura porque “el acceso a la tutela judicial es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y no debe tener más límite que el que marca la Constitución”.
En opinión del decano de los abogados de Melilla, “no debe haber límite en al acceso a la justicia y mucho menos sometido a efectos recaudatorios”, apuntó.
Asimismo, Blas Jesús Imbroda adelantó a El Faro que hoy tiene una reunión en Madrid en la que se hablará sobre el recurso de inconstitucionalidad que interpondrá el Consejo General de la Abogacía a la nueva ley de tasas.
Consultado por este periódico, el decano de los abogados de Melilla admite que la nueva normativa repercutirá en el trabajo de los profesionales de la Abogacía, porque al ser más caros los recursos, tendrán menos casos, pero aclara que él no levanta la voz porque repercuta en el ejercicio profesional sino “en defensa del derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia”.
En el día de hoy los abogados de Melilla decidirán si mañana secundan la protesta de jueces frente a las torres V Centenario.

Delegación autoriza la concentración de los jueces

El juez decano de los Juzgados y Tribunales de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, solicitó el pasado 16 de noviembre autorización a la Delegación del Gobierno para celebrar una concentración de jueces y fiscales, a las 13.30 horas de este viernes, en la plaza del Mar de la ciudad. El acto, que durará diez minutos, pretende expresar el “rechazo a las reformas legislativas en materia de Justicia emprendidas por el Gobierno”, apunta la petición de permiso de la manifestación.
Lamo de Espinosa tuvo que pedir la autorización de la concentración contra la ley de tasas desde hace diez días, debido a que se realizará en un lugar de tránsito público.
Desde la Delegación del Gobierno le contestaron ayer que la institución “dispondrá lo necesario para establecer el servicio de su derecho a manifestarse”, aunque le recuerda que “los organizadores son responsables del buen orden de la reunión o manifestación”.
La protesta de los jueces de Melilla va encaminada a rechazar frontalmente las falta de moderación de unas tasas judiciales, que por ejemplo obligan a pagar 300 euros por un recurso ordinario, 800 por uno de apelación y 1.200 por una casación. En lo Contencioso Administrativo el recurso ordinario son 350 euros, mientras que en lo Social, la suplicación son 500 euros y el recurso de casación, 750 euros.

Lamo de Espinosa: “Decíamos sí a las tasas, pero moderadas”

El juez decano de los Juzgados y Tribunales del Melilla, Emilio Lamo de Espinosa Vázquez, aclaró ayer a El Faro que los jueces sí están a favor del cobro de tasas judiciales. “Decíamos sí a las tasas, pero de una manera moderada y las que se han aprobado no lo son porque impiden el acceso a la justicia y van a perjudicar al ciudadano medio. Para las grandes corporaciones, las nuevas tasas no van a suponer un obstáculo, pero para los que cobran mil euros, para los que tienen una nómina, un juicio ordinario son 300 euros y en lo Social, ahora que se están recibiendo tantos casos de despido, el recurso de suplicación son 500 euros”.
A partir de ahora, explica Lamo de Espinosa, “el ciudadano medio tendrá que pensarse mucho poner un recurso”.
Lo que sí se mantiene, aclara el juez decano es la asistencia jurídica gratuita para las personas sin recursos económicos. Tendrán que pagar el ciudadano medio y las grandes corporaciones y para estos últimos, las tasas “no serán una limitación”, aclara.
El parón convocado para mañana por los jueces de Melilla frente a las torres V Centenario, a las 13.30 horas, quiere llamar la atención sobre una nueva normativa que se ha aprobado sin tener en cuenta “las reivindicaciones de los jueces”, apunta Emilio Lamo de Espinosa Vázquez.