Hoy entra en vigor el decreto para ahorrar energía: el de Melilla no contempla sanciones

Como ya se había anunciado, desde este 10 de agosto entra en vigor el decreto para promover y hacer efectivo el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla que, como una de las medidas más polémicas, establece que en los espacios refrigerados la temperatura no puede ser inferior a los 27°, y en los calefaccionados, no puede ser superior a 19°, aunque no recoge explícitamente ninguna sanción.

Según ha publicado este martes el Boletín Oficial de Melilla (BOME), firmado desde el lunes por el presidente del Ejecutivo local, Eduardo de Castro, éste se aplica "en cumplimiento del Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas en el estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural", sin contemplar multas concretas, pero sí lo hace el decreto nacional, en el que se habla de penalizaciones de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

Mientras, lo que indica expresamente el BOME es que "se establecerá un sistema de seguimiento de la implantación de las medidas mediante las herramientas de monitorización y de control de los edificios municipales".

En torno a la regulación del aire acondicionado, la propia normativa amplía que esta última medida se aplicará "a excepción que se justifique que los recintos tienen que tener condiciones especiales de climatización, o bien, que una normativa específica de aplicación disponga de lo contrario".

No obstante, este BOME aclara que "los umbrales de temperatura indicados" "deberán ajustarse, en su caso, para cumplir con lo previsto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo".

Otras de las medidas que entran en vigor en la gestión y el mantenimiento de "todas" las dependencias y las instalaciones municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla, "ya sean gestionadas de forma directa o indirecta", para reducir el consumo es que "el apagón general del sistema de climatización de los edificios municipales se tiene que realizar coincidiendo con la finalización de la jornada laboral".

El BOME establece también que "el apagón general de la iluminación en todos los edificios municipales se tiene que producir al finalizar la jornada laboral o, como máximo, a las 22:00 horas".

Por otro lado, la normativa dispone que "se exhibirán en carteles o pantallas las medidas obligatorias de ahorro, entre otras adicionales que reduzcan el consumo" y que, antes del 30 de septiembre, se deberá "disponer de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro por pérdidas de energía al exterior".

Además, expone que "aquellos inmuebles que hayan pasado la inspección de eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021, deberán someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años".

Por último, el BOME informa que "los ordenadores, las pantallas de salas o monitores y las fotocopiadoras se tienen que apagar al finalizar la jornada laboral".

De la misma forma, se precisa que las medidas previstas en este apartado son de aplicación desde este 10 de agosto "a excepción que se justifique que los espacios o edificios tengan que tener condiciones especiales, o bien, una normativa específica de aplicación disponga de lo contrario".

Igualmente se detalla que estas disposiciones son "aplicables a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y a todas sus entidades dependientes y a aquellas entidades o empresas que gestionen equipaciones municipales con cualquier de las formas de gestión indirecta previstas a la normativa vigente".

Una norma válida

En tanto, llama la atención el hecho de que el Real Decreto Ley sí establezca sanciones si se produjera incumplimiento de la norma y, sin embargo, en el caso de Melilla no se hable de multas en ninguno de los apartados. Esto se debe a que el Decreto de la Presidencia no establece un sistema de penalizaciones ni tampoco se remite al citado Real Decreto Ley para todo aquello que no esté regulado en la normativa específica de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Preguntada al respecto, una abogada especialista en Derecho Administrativo explica que la norma nacional es habilitante para que la Ciudad Autónoma pueda desarrollar sus propias reglas y, si no se considera conveniente imponer sanciones, "no pasa nada, es perfectamente posible". Otra cosa, especifica la letrada, es que el texto melillense se remitiera a la ley nacional para los aspectos que no hubieran sido regulados en Melilla. "En ese supuesto sí que se establecería el sistema de sanciones", ha subrayado.

Asimismo, cabe recordar que el polémico Decreto Ley de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada está en vigor desde la pasada medianoche, pero no sin la fuerte oposición de varias comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular (PP).

De hecho, a tenor con La Opinión de Murcia, en dicha autonomía, donde gobierna el PP, se está estudiando plantear un recurso de inconstitucionalidad si el Gobierno central continúa por la "vía de la unilateralidad", y se ha recibido "con mucha tibieza" la llegada de este paquete de medidas cuyo objetivo principal es reducir el gasto energético un 7%.

Es más, fuentes autonómicas han confirmado al medio murciano que "de momento" no se va a impulsar ni organizar ningún dispositivo de inspección específico para velar por el cumplimiento de las obligaciones del decreto en locales hosteleros y comercios de la Región, "por lo que tampoco se prevé que se establezca ninguna sanción a corto plazo".

Por su parte, el Gobierno central ha avisado de que puede llevar al Constitucional a las autonomías que incumplan este plan de ahorro, el cual, según ha insistido, no retirará ni cambiará.