El presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo dice que muchos de los expedientes de las empresas no cumplen los requisitos que establece la reforma laboral para los despidos colectivos.
Más de la mitad de las casi 100 sentencias dictadas sobre despidos colectivos tras la aprobación de la reforma laboral, que entró en vigor en febrero del 2012, son de nulidad, afirmó ayer el presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo, Jesús Gullón, según los dictámenes emitidos en este tiempo por los tribunales superiores y la Audiencia Nacional. Estos órganos judiciales deciden, concretamente, sobre los expedientes de aquellas empresas que tienen sede en distintas comunidades, de los que en “bastante” más de la mitad de los casos se han considerado EREs nulos. Gullón fue el segundo de los ponentes de la mañana de ayer en las XX Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo, que se celebra en el Aula 10 de la UNED de Melilla.
Tan sólo un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral, Gullón consideró que ya se pueden extraer algunas conclusiones de la misma, máxime cuando ya se están dictando sentencias por parte de los tribunales. El presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo defendió que la reforma es una norma de “evidentes recortes laborales”, donde, además, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), admitidos anteriormente por la autoridad laboral, han quedado en manos de la empresa, de quien dependen ahora las extinciones colectivas de los contratos. En opinión del magistrado del Tribunal Supremo, esto supone una “revolución jurídica”, ya que los despidos colectivos están en manos de los empresarios.
Para Gullón, éste es el principal motivo por el que se están produciendo muchas sentencias de nulidad de dichos despidos, ya que la ley establece una serie de requisitos, que es donde están fallando muchos de estos expedientes. Hasta el momento, ha habido más de 6.000 expedientes de regulación de empleo nuevos, pero solamente ha habido sentencias en unos 97 casos.
“Estamos todavía en rodaje, pero también los empresarios van aprendiendo”, señaló el magistrado, quien apuntó que se están produciendo casos “muy famosos” de despidos colectivos, porque nos encontramos en plena “ebullición” de los ERE.
La recomendación del FMI
En cuanto a la recomendación del FMI sobre la necesidad de que España realice una nueva reforma laboral para poder crecer, Gullón dijo que aún no siendo economista, cree que, tras los recortes y las reformas que se están escuchando, entre ellas la de las pensiones, no se sabe a dónde se puede llegar, más teniendo en cuenta que hay casi 6 millones de parados. Gullón recuerda que los jueces son aplicadores de la ley y respetuosos con la norma, pero ciertamente, en ocasiones, “el legislador tiene una idea de lo que es la norma y los jueces tienen otra”.
“El juez es un intérprete de la norma y en el tema de los despidos colectivos, tiene que haber una valoración y una ponderación de las causas. No se puede ser una mera máquina. Para eso bastaría un simple ordenador para dar una sentencia”, apostilló Gullón, quien defendió que debe haber “ideas de proporcionalidad”.
Los presidentes del Constitucional y el Supremo clausuran las jornadas
El programa de las XX Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo finalizarán hoy a las 12:30 horas en el Aula 10 de la UNED de Melilla. El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner y el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, serán los encargados de clausurar las jornadas, que organiza cada año el Centro Asociado de la UNED en Melilla, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio de Abogados de Melilla.
No obstante, habrá dos intervenciones previas. La primera de ellas a cargo del secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Joaquín Silguero, quien hablará sobre ‘La nueva Oficina Judicial’, seguido del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, cuya ponencia lleva por título ‘Los derechos fundamentales y la crisis económica’.
Cabe destacar que Melilla es una de las autonomías que siguen a la espera de la puesta en marcha de la Oficina Judicial. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, indicó el pasado miércoles, en la inauguración de las jornadas, que la Oficina Judicial en Melilla podría entrar en funcionamiento este otoño.
