Graves acusaciones y falta de verdad

La campaña electoral no es que se haya anticipado, se ha enconado a muchos meses vista aún del 22 de Mayo, pero es comprensible. Las noticias no pueden ser más graves, y aunque no podemos confundir una imputación en diligencias previas con una acusación en firme por parte de un juez, con el correspondiente respaldo del Ministerio Fiscal, el caso es que el feo asunto del voto por correo en las Generales de 2008 está desencadenando uno de los mayores escándalos políticos de nuestra Democracia.
Por menos, si me apuran, se repitieron las elecciones generales en Melilla en el año 89. En aquellos comicios, la anulación indebida de votos, resultó determinante junto con otras pautas incorrectas, para que los comicios se repitieran.
Aquella repetición salió muy cara al PSOE, que perdió el escaño socialista conseguido en el Congreso con la candidatura de Julio Bassets padre y que perdió también el candidato de la mayoría absoluta. Bassets incluso, tuvo que abandonar el hemiciclo para no votar la investidura de González por el temor de su partido a que si se ordenaba finalmente que las elecciones se repitieran en nuestra ciudad se viera cuestionada la propia proclamación del presidente del Gobierno de la Nación.  
De la investigación policial que se ha realizado por un presunto fraude electoral a costa del voto por correo y los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno se han deducido serios indicios de que se creó un “entramado” que trabajó a favor de la consecución ilícita de votos a favor de la coalición PSOE-CpM a cambio de dádivas, remuneraciones directas o promesas de trabajo en los mismos Planes de Empleo.
También se han constatado índicos de que se alteró el sistema de voto por correspondencia y que se alteraron igualmente los criterios de contratación en los Planes de Empleo para “preferenciar” en las contrataciones a votantes o colaboradores de la coalición PSOE-CpM.
La gravedad del asunto no parece comparable a la denuncia de 2007 del PSOE contra el PP, por encontrarse en una dependencia municipal una serie de documentos en los que una veintena de solicitantes de votos por correo aparecían a su vez como beneficiarios de vales de alimentos de los que conceden los servicios sociales de la Ciudad Autónoma. Tampoco puede compararse con el encargo de fotocopias de los impresos de voto por correo que realizó el gerente del PP y que finalmente no dieron lugar a más proceso judicial que el archivo de la causa.
Mi visión no es particular, coincide con la de la Justicia, que archivó la acusación contra el citado gerente y que tras archivar también la denuncia del PSOE por el llamémosle caso de los vales de alimento, sigue aún sin pronunciarse al respecto tras que recursos varios de los socialistas hayan remitido el asunto a la Audiencia Provincial, que aún sigue sin dictaminar al respecto.
Se quejaba ayer el secretario general del PSOE, uno de los imputados en el mismo presunto fraude electoral de las Generales de 2008, del distinto tratamiento que la Justicia ha dado a las diferentes denuncias. Su queja encierra una acusación tácita contra un proceder judicial del todo parcial y sectario. Crece la certeza de esta conclusión cuando Muñoz añade que el proceso por el voto por correo y el presunto fraude electoral es una “campaña orquestada” por el PP, que ha permitido al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, utilizar todos los recursos “a su alcance” para expiar a la oposición y ponerla entre las cuerdas en los previos de las próximas elecciones de Mayo.
El proceder del secretario general del PSOE no es propio de un alto cargo de un partido en el Gobierno de la Nación, con mayor ascendencia por lógica sobre el Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son socialistas y no populares los que controlan los Ministerios de Justicia y de Interior.
Aún así, Muñoz se apresta a culpar a Imbroda de todo, como si fuera el todopoderoso con capacidad de controlar lo que supuestamente debería estar, al menos en parte y en lo que a Melilla respecta, bajo el control superior del delegado del Gobierno, el socialista Gregorio Escobar.
No son comprensibles sus opiniones o afirmaciones como no lo es que ayer el socialista faltara abiertamente a la verdad cuando dijo que sus compañeros de Ejecutiva que declararon ante el juez salieron sin cargos. La verdad es que intentaron que no se les tomara declaración y que al final se acogieron al derecho a no declarar, comprometiéndose a ser citados cuando se consideren enterados de lo que se les imputa. Es decir, salieron como entraron, sin que nada variara respecto de ellos en el procedimiento. No obstante, vuelvo al principio, no es lo mismo una imputación en diligencias previas que una imputación firme del juez apoyada por el Ministerio Fiscal. No estamos en este estadio y habrá que ver qué pasa, porque el mismo juez competente ya dice que el proceso va a ser “largo y complicado”.