El Gobierno negocia con PSOE y Ciudadanos las medidas que aprobará mañana para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución por entender que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no ha respondido a su requerimiento e incluso ha amenazado con votar la declaración de independencia en el Parlament.
Será en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a la que se llevarán las medidas que se están consensuando con los socialistas y C’s.
Pocos minutos antes de las diez de la mañana de ayer, cuando expiraba el plazo, ha llegado a Moncloa la carta de Puigdemont, en la que avisa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que, si “persiste en impedir el diálogo y continuar la represión”, el Parlament votará una declaración formal de independencia “si lo estima oportuno”.
Carta de Puigdemont
En su misiva, Puigdemont señala que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament “no votó” ninguna declaración de independencia y recalca que su “suspensión continúa vigente”.
Suspensión que hizo, argumenta, para propiciar el “diálogo” que, según dice, les han reclamado tanto a él como a Rajoy “instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y del resto del mundo”.
Una carta que no ha satisfecho al Gobierno, que “continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña” y “proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña”.
El Gobierno constata en un comunicado que los responsables de la Generalitat buscan, “deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña”.
Ante ello, dice que pondrá “todos los medios” a su alcance “para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, precisó en rueda de prensa que los socialistas esperan que la aplicación del 155 sea “lo más breve posible” y “muy, muy limitada”, pensando en una “situación democrática” para Cataluña y con el horizonte de “normalizar y procurar certidumbre”.
Pleno del Senado
También incidió en que hasta la celebración del pleno del Senado habrá todavía “ventanas abiertas” y posibilidades de reconducir la situación en un marco de diálogo.
Diálogo al que apeló igualmente el líder del PSC, Miquel Iceta, quien, para evitar el “desastre” en Cataluña, ha abogado por aplicar el 155 en un plazo corto de tiempo y convocar elecciones “en breve”.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sostuvo que España “no puede aceptar chantajes” de nadie e insistió en su tesis de que el artículo 155 debe servir para convocar cuanto antes elecciones anticipadas en Cataluña.
Sin embargo, fuentes del PP admitieron que no ven claro una convocatoria electoral inmediata.
Ante los medios, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, avisó a Puigdemont de que el Estado de derecho y el Gobierno no admiten ni “amenazas” ni “chantajes” y ha hecho hincapié en que este “desafío mayúsculo a la democracia” tiene que tener “la respuesta firme y desde la unidad de todos los partidos constitucionales”.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, apeló a la “sensatez” y al “diálogo” y ha pedido acabar con la “dinámica de cartas” entre Rajoy y Puigdemont, que no aportan “ninguna solución” y sólo echan más “leña al fuego” con amenazas de aplicar el artículo 155 o de declarar la independencia.
Joan Tardá (ERC) y Carles Campuzano (PDeCAT) coincidieron en avisar del “mal” escenario que para ellos supone entrar en el 155 y descartaron que el presidente catalán convoque elecciones.
Más expeditivos fueron la CUP y entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que se reafirmaron en su idea de que se proclame la “república” catalana “cuanto antes”.
Opinión de Aznar
Desde Valencia, el expresidente José María Aznar opinó que la reforma constitucional no debe ser el “pago a plazos” al secesionismo y ha avisado de que “los silencios se han interpretado como debilidad y no como muestras de prudencia” hasta generar “un conflicto sin precedentes en democracia”.
Para el lehendakari, Iñigo Urkullu, en Cataluña “nunca” se ha proclamado la independencia y, por eso, “no debe procederse en ningún caso a la aplicación del artículo 155 de la Constitución”.
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