Francia estaría bloqueando la salida de tunecinos hacia la península

Josep Buades es el coordinador del equipo de Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes. Explica que estos meses han estado trabajando junto a otras organizaciones que tienen presencia en la ciudad.

Tras los últimos sucesos acontecidos en materia migratoria, en especial la problemática surgido por el hacinamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, Buades piensa que son países europeos como Francia o Italia los que han influido en que haya una gran cantidad de personas originarias del Magreb. Un detalle importante a tener en cuenta es que estas personas son consideradas de “tránsito”, tal y como explicó Buades, por lo que una gran parte tiene como objetivo pasar a países como Francia, con la que tienen lazos históricos.

Esto viene relacionado con lo que el considera “el problema de fondo de la saturación del CETI”, ya que los datos de 2019 que indicaban la nacionalidad de los residentes del centro se podía comprobar que en su mayoría eran nacidos en Túnez, Argelia, Marruecos y unos pocos de Egipto.

Para apoyar su teoría, dice que basta con mirar los datos de INE que muestran el país de nacimiento de las personas empadronadas, por ejemplo de Túnez, en Andalucía. El número es ínfimo comparado con todos los tunecinos que tiene Melilla, por los que estos no tendrían la finalidad de quedarse en el país.

Aunque se estudien las solicitudes de asilo caso por caso, Buades indica que normalmente se entiende que los ciudadanos de Túnez viven en un régimen democrático con una economía muy precaria y muy golpeada desde que el yihadismo apuntó al sector turístico del país. “Puede haber algún caso muy singular de gente que tenga una historia suficientemente potente para documentarlo como solicitante de asilo, pero es la excepción, no la norma”, apuntó.

Sobre Argelia, aunque “los estándares democráticos también son limitados”, más de lo mismo.

Buades, según ha podido saber, a finales de 2019 la Policía les ofreció “la salida obligatoria”, es decir, les dejan pasar a la península para que puedan volver a sus países. Sin embargo, si no cumplían esta condición , se les prohibiría la entrada durante tres años al país. Buades explica que “por la desesperación” lo rechazaron, aunque tiene constancia de un grupo de mujeres de Argelia que tomó esta opción.

“A mí me da la impresión que el interés tan grande que tiene el Ministerio del Interior en no trasladar a la península a tunecinos, argelinos y marroquíes puede tener también que ver con una percepción a escala europea del fenómeno”, dijo, pues imagina que podría haber algún roce diplomático si España trasladase a la península un conjunto de personas que presumiblemente se irán hacia el país vecino o a Italia.

Con los egipcios ocurre lo mismo, proceden de un país con un régimen militar y deduce que muchos querrán llegar al Reino Unido y que difícilmente se les pueda dar la protección internacional, más allá de casos singulares.

“Tenemos una situación bloqueada en el CETI porque el Ministerio de Interior no quiere trasladar a la península un grupo de personas que serían puestas en libertad y que en su mayoría pasarían a otros países europeos, lo cual complicaría las relaciones”, expresó.

Un problema jurídico

A principio de junio enviaron un comunicado a los medios de comunicación analizando la situación de los migrantes acogidos en el CETI, la plaza de toros, el centro de menores de La Purísima y en las instalaciones del V Pino y solicitaron a los ministerios correspondientes que les recibieran sin que esta petición tuviese respuesta alguna.

Desde el SJM prestaron más atención a los 55 subsaharianos que saltaron la valla y fueron colocados en el V Pino, donde las condiciones de salubridad eran deficientes, según pudieron comprobar con los testimonios que les iban llegando.

Declaraciones sobre situación de la plaza de toros también les llegaron, en concreto sobre las condiciones higiénicas y elevaron las quejas al Defensor del Pueblo. Estos informes también llegaron a organizaciones internacionales como ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU. “¿Qué nos encontramos en septiembre? Con que no ha cambiado la situación” y que a los informes que publicó el Defensor, este mes se le ha sumado el de instancias internacionales como ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y días más tarde la carta de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa preocupándose por la situación, unos hechos “más raros” de lo habitual.

Pero Buades advierte que las condiciones no son problema de fondo. Comienza explicando que cuando llegaban inmigrantes a la ciudad, estos se dirigían al CETI y allí se les identificaba y se les daba un tarjeta con un número de identificación en base a ello que les sirve para otros menesteres. Continúa relatando que en el momento en el que el director del CETI rehusa admitir a nadie más porque está saturado, “y la verdad es que tiene buenas razones”, usando esto como medida de presión para que los ministerios de Interior y Migraciones descongestionen el centro, las nuevas personas que llegan dejan de tener dicha documentación.

“No hay nadie que les identifique, no hay nadie que les dé un número de referencia para los trámites con las administraciones. Ahí tenemos un problema”, asegura. Tampoco tiene claro que el listado que tienen en la plaza de toros sirva para ciertos trámites para la administración. Explica que varias de las personas a las que asisten han acudido al juzgado con el abogado del SJM y se ha rehusado atenderlo por carecer esta tarjeta de identificación.

Además, recuerda que la Ciudad Autónoma se hace cargo de la manutención una parte de los residentes de la plaza de toros y el Ministerio de Migraciones de otra, sobre los que Buades dijo que “están en un limbo”. Buades tiene entendido que el personal de Eulen contacto con las cocinas del CETI para que les pasasen algo de comida, porque hubo días en abril en las que las personas a cargo del Ministerio tenían para comer dos zumos de fruta, un bocadillo o dos y una pieza de fruta. “Tenemos un problema humanitario y tenemos un problema de limbo jurídico”, manifestó.