Sigue sin fecha el juicio contra los populares Miguel Marín y Francisco Robles por la adjudicación de un centenar de contratos menores durante su etapa de consejeros de Juventud y Deportes en el Gobierno de Juan José Imbroda, en Melilla, entre 2009 y 2014. La Fiscalía pide para ambos 10 años de inhabilitación.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han asegurado a El Faro que el asunto sigue en el Juzgado de Instrucción pendiente de algunos trámites, entre ellos la presentación de los escritos de la defensa. En cualquier caso, cuando se decida enviarlo a juicio, será un Juzgado de lo Penal el encargado del asunto y quien ponga fecha, de acuerdo con su propia agenda.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, fechado este 1 de julio de 2021, al que ha tenido acceso este diario, el Ministerio Fiscal solicita la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, contra el actual secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, y el ex director provincial del Ingesa, Francisco Robles. También contra los empresarios Gonzalo Cea y José María Cea, adjudicatarios de los contratos, y contra A. Gómez, director de instalaciones deportivas y según la Fiscalía, "figura indispensable" en la contratación.
El Ministerio Fiscal considera que la Consejería de Juventud y Deportes de Melilla, que entre 2009 y 2011 tuvo al frente a Francisco Robles, y a Miguel Marín desde esa fecha hasta el 20 de julio de 2015, efectuó en ese período de tiempo "multitud de contratos menores", de los cuales 44 son de la etapa de Robles y 59, de la de Marín.
En total son 103 contratos menores, a los que se destinaron 746.604,49 euros, con un mismo contratista: Moype Sport, administrada por los hermanos Cea.
La Fiscalía considera que ese centenar de contratos se firmaron "a sabiendas de su injusticia al contravenir de forma clara y evidente la normativa en materia de contratación pública (...) produciéndose un fraccionamiento deliberado de la mayoría (...) teniendo éstos en su mayor parte, el mismo sujeto, objeto y causa, eludiéndose así los requisitos de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y las modalidades de adjudicación legalmente previstas".
El fiscal asegura que en los expedientes de esos contratos consta una factura expedida por la empresa por el importe de los servicios prestados y una orden de aprobación del gasto, firmada por los consejeros cuando estaban al frente de Juventud y Deportes en cada momento.
"Sólo en nueve ocasiones (de 103) la aprobación del gasto es anterior a la fecha de la factura", añade la Fiscalía especificando que esta forma de proceder es contraria a la ley.
Además, han sido encontrados en los expedientes el documento de fiscalización de la Ciudad Autónoma y los justificantes bancarios de pago.
Para la Fiscalía estamos ante delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo propio y cohecho activo y considera autores de los mismos a los populares Miguel Marín y Francisco Robles, a los que pide la inhabilitación para ejercer el cargo de consejero de Fomento, Juventud y Deportes (o responsabilidades análogas) durante 10 años.
Por su parte, a A. Gómez lo considera un cooperador necesario y la Fiscalía le pide la inhabilitación para el cargo de director de instalaciones deportivas durante 10 años y la incapacidad para obtener cargos análogos durante el tiempo de condena.
También le piden cinco años de cárcel y multa de 20 meses a razón de 10 euros y limitación del ejercicio de sufragio pasivo durante 10 años.
En cuanto a los empresarios José María y Gonzalo Cea, el Ministerio Fiscal los considera como coautores.
Para la Fiscalía, Alfonso Gómez, el director de instalaciones deportivas desde el 1 de agosto de 2003, es una "figura indispensable" en la presunta trama ya que supuestamente "recibió beneficios económicos para él y para su familia" actuando como intermediario, promotor y favorecedor de la contratación. Lo responsabiliza además de ser el encargado de redactar los informes de necesidad de servicio.
Gómez, añade el escrito de la Fiscalía, proponía contratar siempre a la misma empresa (Moype Sport) y firmó todas las facturas emitidas.
En opinión del fiscal, él era "consciente de que con la adjudicación directa de los sucesivos contratos menores se estaban quebrando las normas esenciales de la contratación pública y contribuyendo a ello".
Como presunta contraprestación, los empresarios Cea corrieron con 8.310,34 euros correspondientes a los gastos de desplazamiento y alojamiento de Gómez y su familia "en distintos lugares nacionales", coincidiendo esas ciudades con las sedes donde se celebraban campeonatos de España de gimnasia rítmica en los que participaba una hija de Gómez.
El fiscal considera que el director de instalaciones deportivas de la Consejería de Juventud y Deportes en los tiempos del Gobierno de Imbroda disfrutó presuntamente "sin reparo alguno" de esos viajes contratados a la agencia MundiEspaña.
La Fiscalía detalla al menos 7 facturas de viajes realizados presuntamente por Gómez desde el 22 de noviembre de 2010 a Logroño, Madrid, Valladolid o Zaragoza.
Por otra parte, a la empresa Moype Sport se le adjudicaron desde el 15 de diciembre de 2008, por 42.735 euros, obras de remodelación y compactado del firme en el pabellón de Melilla y por otros 42.927,28 euros obras de adaptación en el pabellón.
Las facturas por separado no superan el importe máximo de 50.000 euros, pero sumadas alcanzan los 85.662,28 euros. Ambas se emitieron por "obras" y fueron firmadas por el entonces consejero de Juventud y Deportes Francisco Robles.
En general, el escrito de acusación habla de 28 contratos menores en concepto de "servicios" y otros 71 como suministro de "material deportivo". Están firmados por Marín y Robles.
En el caso de las compras de material deportivo, la Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que estamos "ante un gasto recurrente en el tiempo", "contrario a la figura de la contratación menor" por lo que no encuentra "justificación alguna" a la existencia de un único adjudicatario de todos los contratos.
La Fiscalía hace hincapié en cuatro facturas firmadas por Francisco Robles en 2010, que ascendieron a 52.126,40 euros y fueron emitidas en un plazo de 13 días. El material importado llegó en el mismo barco y día, pero se pagaron como contratos menores de material deportivo.
Esta forma de proceder supuestamente la repitió Robles en 2011. Esta vez, con otras dos facturas de importación de material deportivo por 35.751,91 euros. El material llegó en el mismo día y en el mismo barco.
Para la apertura de juicio oral, la Fiscalía pide interrogar a los cinco acusados, además de varios agentes de la Guardia Civil y al responsable de la agencia MundiEspaña.
También pedirá la ratificación del interventor general del Estado que elaboró el informe en el que se detectaron las supuestas irregularidades en la contratación menor.
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