Las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla podrían llegar a su fin. Al menos, esa es una de las promesas del nuevo Gobierno de la Nación presidido por Pedro Sánchez, quien durante su intervención en la primera sesión de la moción de censura a Rajoy, resumió sus principales objetivos en una legislatura más corta de lo habitual.
La reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana es una de las prioridades del nuevo Ejecutivo. Conocida popularmente como la Ley Mordaza, cuenta con el rechazo de la mayoría de formaciones políticas en el parlamento, por lo que su modificación se prevé como una de las medidas urgentes a aplicar por el nuevo Gobierno socialista.
El PSOE ya llevó esta propuesta en su programa electoral hace dos años y estaba incluida también entre las 100 medidas del pacto con Ciudadanos con el que Sánchez intentó ser investido en un primer intento hace año y medio.
Además de contemplar recortes de derechos para el conjunto de la ciudadanía, la Ley introduce una Disposición Adicional Décima en la Ley de Extranjería cuyo objetivo es proporcionar cobertura legal a las devoluciones sumarias de personas inmigrantes que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla, las conocidas como “devoluciones en caliente”, uno de los mayores focos de críticas a la política migratoria del Gobierno de Rajoy en los últimos años.
El texto legal dice que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
En una primera sentencia, El Tribunal de Estrasburgo declaró ilegales estas actuaciones el pasado mes de noviembre, aunque tras el recurso presentado por el Gobierno del PP España será juzgada el próximo 4 de julio.
Distintas asociaciones y formaciones políticase han denunciado en repetidas ocasiones estas prácticas, captadas en numerosas ocasiones por las cámaras de los medios de comunicación. Tras materializarse el cambio de Gobierno, la federación Andalucía Acoge ha instado al PSOE a derogar, además de este tipo de prácticas, el Real Decreto ley 16-2012, que impuso graves restricciones en el reconocimiento y garantía efectiva del derecho a la salud para las personas migrantes que no tenían regularizada su situación,
El PSOE reconocía en su programa electoral la prioridad en el tránsito de la frontera, en la que es "una obligación garantizar el respeto de la dignidad de todas las personas que llegan y el reconocimiento de sus derechos fundamentales". Además se comprometía con una “política justa en las fronteras”, así como a “flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar las políticas de integración y proteger a las personas que huyen de la persecución”. Andalucía Acoge ha recordado que este año se cumplen 30 años de muertes en la Frontera Sur y en este 2018 ya son más de 650 las personas que han perdido su vida en el Mediterráneo.
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