El fin a una década de incipiente democracia en Birmania

Cuando un año antes, o séase, el 1/II/2021 el militar, político y dictador Min Aung Hlaing (1955-65 años) se hizo con las riendas del país, detuvo a la líder de facto Aung San Suu Kyi (1945-76 años) y destituyó al Presidente Win Myint (1951-70 años), la minoría musulmana apátrida los ‘rohingyas’ sabían que las puertas para retornar a Birmania se enclaustraban por un tiempo difícil de vislumbrar.

Meses después de perpetrarse el consabido ‘Golpe de Estado’, cientos por miles de rohingyas guarecidos en la República Popular de Bangladesh contemplan con consternación, cómo se disipan las exiguas esperanzas de un permisible regreso, estando inspeccionado por los militares que desataron el tsunami de violencia institucional y que irremediablemente les impuso evadirse en desbandada.

De una etapa para acá, en Birmania se ha ocasionado una acentuación del hervor, una agravación de la crisis humanitaria y un incremento vertiginoso de la pobreza, pasando de ser una democracia quebradiza a convertirse en una hecatombe para la salvaguardia de los derechos humanos, en adelante, DDHH.

Y es que, la contención unida al escarmiento contra los manifestantes prodemocracia no pudo ser más evidente: miles de fallecidos y heridos por los dirigentes militares y las Fuerzas de Seguridad. Sin lugar a dudas, el pueblo birmano está pagando un precio muy alto en vidas truncadas y libertades imposibilitadas, persistiendo abogando porque de una vez por todas se devuelva la restauración de los DDHH y los valores democráticos.

Con estos antecedentes preliminares, Birmania, denominada oficialmente República de la Unión de Myanmar, vive en un contexto de caos y ha de encarar la disyuntiva de tener que lidiar con las formaciones militares que persisten incurriendo en flagrantes delitos de lesa humanidad, con el punto de mira puesto en las minorías raciales de la nación, conduciendo a miles de birmanos a llenar las calles y provocar huelgas en numerosas parcelas de la economía, cuyo paradigma es el genocidio materializado contra la población rohingya.

Luego, lo que aquí se recapitula y sintetiza adquiere claras similitudes con la República Árabe Siria en 2011, cuando por aquel entonces, pudo divisarse una represión redundante y desmedida en toda regla, ante desaprobaciones pacíficas que finalmente espolearon a los ciudadanos a coger las armas y que, gradualmente se diseminó como la pólvora.

Como breve exposición introductoria que esclarezca lo que aquí se pretende justificar, es sonado el fuerte impacto de las autosugestiones religiosas en las distintas sociedades, adquiriendo especial notabilidad las luchas en los que grupos religiosos están presentes, reivindicando continuamente el reconocimiento de sus derechos, ante asechanzas y segregaciones en razón de su credo y convicción.

En este entorno y con respecto a los moradores indígenas retratados como una de las agrupaciones más perjudicadas de la aldea global, las certezas religiosas se ponen de relieve en el sentido de que no sólo contribuyen a establecerse cuándo un grupo humano explícito se puede valorar como ‘pueblo indígena’ emparentándolo con sus heredades y aguas, sino que robustecen su pugna de cara a los deterioros de los DDHH influidos por los privilegios. Su protección que resulta indisociable de las demarcaciones en las que se instalan desde cursos antiguos, ha comprometido su talente frente a estos procesos y ha hallado la respuesta pertinente en términos legales mediante los oportunos procedimientos de amparo.

Desgraciadamente estas gentes son descartadas de los procesos de tomas de decisiones, porque sus integrantes son rechazados, explotados y absorbidos por la imposición y sucumbidos a la coerción, persecución y atentado cuando mínimamente se les ocurre alzar la voz en aras de sus derechos. Algo habitual en las minorías religiosas y étnicas de Birmania.

Si acaso, por la intimidación de ir a su cacería, frecuentemente se erigen en deportados y, a veces, han de encubrir su identidad y renunciar a su lengua y usos enraizados. Pero ello, no es un argumento para escarnecer el respaldo de sus DDHH.

“Aunque cuesta creer, imaginar y dar crédito por unos instantes los horrores y la consternación que se desata a diario en Myanmar, la sangre inocente que se esparce, sigue quedando impune a manos de los reacios en socavar la dignidad de las personas”

En esta encrucijada intransigente del siglo XXI, las Naciones Unidas se emplea sin tregua, aunque los lances en los que se advierten sumidos menudean a lo largo y ancho del planeta. Poniéndose en valor la distinción de sus entornos como realidades inviolables que integran un componente fundamental y determinante en su colisión frente a los sumarios de centralizaciones de tierras y aguas.

Llegados a este punto, se enfatizan las operaciones manipuladas que, por momentos, pueden conmutar para mostrarlas como colisiones religiosas lo que son trances mediatizados por revelaciones de apropiación indebida. Un buen ejemplo recae en los calvarios soportados por la etnia rohingya como seguidamente referiré.

Éstos, configuran uno de los grupos étnicos islamista suní más diezmados y hostigados sistemáticamente por medio de un imperceptible quebranto de su estatus político-jurídico y una brutalidad fanática espoleada en su contra por las autoridades, mediante la diseminación de una apología de aborrecimiento que los contrapone a la mayoría budista y ha motivado múltiples y sangrientas andanzas, hasta desembocar en un lamento sobre lo que se entiende como un genocidio crónico de tiempos inmemorables y que ha ido in crescendo hasta los intervalos actuales.

Entretanto, ‘rohingya’ es una terminología étnica-religiosa que significa ‘musulmanes’, cuya cuna ancestral es ‘Arakan’ o ‘Estado de Rakhine’ en Birmania.

Me refiero a nativos fronterizos cuyos cimientos y lazos hereditarios se encuentran en las lindes postcoloniales de Myanmar, independiente del Imperio Británico desde 1948, y Bangladesh, anteriormente Pakistán Oriental y separado en 1971 de Pakistán.

Adelantándome a lo que posteriormente fundamentaré con el trasfondo de los ‘rohingyas’, hay que partir de la base que el ejército prosigue

ejecutando una labor sustancial en la Administración, con derecho al 25% de los escaños en las asambleas y un veto efectivo sobre cualquier reforma constitucional, al igual del protagonismo que ejerce en ministerios poderosos, circunscribiéndose a los de Interior y Defensa y a cuestiones divisorias y sin ningún control civil.

Asimismo, en Myanmar, cobijo de los estragos civiles más extensos de la historia, tanto el ejército como el Gobierno no controlan las grandes amplitudes que conforman este vasto territorio. Durante setenta años el terror entre la milicia y las ‘Organizaciones Armadas Étnicas’, abreviado ‘EAO’, ha hecho desalojar a cientos de miles de ciudadanos. Dichas superficies de larga cronología entre las minorías, particularmente, los rohingyas, son una tribu emplazada esencialmente en el Estado de Rakhine, que, a pesar de las vicisitudes descritas, se perpetúa en la vorágine y espiral de la crueldad más atroz, refugiándose donde buenamente pueden tras dispersarse sobrecogidos.

Ni que decir tiene, que Myanmar, mosaico de etnias, es un Estado que está amordazado por la masa preponderante, pero administrativamente está al tanto de 135 grupos indígenas. Amén, que tras posicionarse que un grupo militante rohingya asumiera la responsabilidad de posibles agresiones, el ejército birmano ha enarbolado una campaña inmisericorde de acoso y derribo contra los rohingyas, que ha entrañado incendiar pueblos, crímenes, violaciones diversas y plantar minas terrestres. Desde entonces, parecer ser que las Fuerzas Armadas han descongestionado aldeas y edificado otras construcciones, exponiendo que es para la llegada de los refugiados, pero no hay confirmaciones que las condiciones sean dignas e inequívocas.

Si bien, en los últimos años la Dirección ha acordado varios convenios de repatriación con Bangladesh, se han alcanzado sin previa propuesta con los implicados. Por si fuese poco, los rohingyas tienen proscripto acceder a la ciudadanía de pleno derecho y experimentan acotaciones en cuanto al enlace matrimonial, o a la planificación familiar, actividad laboral, educación, opción religiosa y libertad de circulación.

En este momento, existe más de un millón de desterrados rohingyas y decenas de miles solicitan desesperadamente amparo en la República de Indonesia, la Federación de Malasia y el Reino de Tailandia. Sin soslayarse, que los asentamientos temporales donde son recluidos están faltos de atención y asistencia adecuada.

Al ceñirme en Birmania o Myanmar, como es conocido ante las Naciones Unidas, es el Estado más espacioso del Sudeste asiático y llama poderosamente la atención la suma de conflictos armados que lo atenazan. Disposición resultante por las incompatibilidades y desavenencias políticas y étnicas de sus naturales.

Delimitando al Oeste con la República de la India y Bangladesh, al Este con Tailandia y la República Democrática Popular de Laos, al Norte y Noreste con la República Popular China y, al Sur, con el Golfo de Bengala y el Mar de Andamán, cuenta con más de cincuenta millones de habitantes concernientes a un verdadero entramado de agrupaciones étnicas. En Myanmar, son cuantiosos los individuos que se acosan por corresponder a alguna de estas minorías: matiz que se arremolina en un contundente quebrantamiento y omisión de los DDHH.

A día de hoy, se sospecha que este exceso arrojadizo de violencia es achacable al Estado, pero para desentrañar el conflicto hay que retrotraerse en su enrevesado jeroglífico. Aunque esta dificultad es insistentemente denunciada, ha sido poca o casi nula la interposición que los organismos, mayormente, por la escasa información que concurre sobre lo que irrumpe y las disensiones que asume la nación y los órganos internacionales a la hora de abordar el asunto.

Hay que comenzar refiriéndose a los británicos que poseyeron una activa contribución en la semblanza de Myanmar. Inmediatamente a que el ejército indio redujera a las fuerzas de los reyes de la Dinastía Konbaung en tres guerras que surgieron en el siglo XIX, esta nación se transformó en una provincia del Imperio Británico Indio desde 1886 hasta 1937, respectivamente, en que se instauró un Estado moderno.

Del mismo modo, en estos trechos los británicos colonizaron Myanmar con conceptualizaciones asentadas en la raza como símbolo de imperio, mancillando las entidades de los nativos, predominando los elementos imperialistas de preferencia racial y forjándose una percepción de rivalidad étnica que fragmentó a la nación. Ya, desde 1930, se entreveían grupos que hacían señuelos a los británicos para ser catalogados como agrupaciones autónomas.

Subsiguientemente e inmersos en la ‘Segunda Guerra Mundial’ (1-IX-1939/2-IX-1945) se dieron varios vaivenes: la ampliación de tropas británicas y la entrada de fuerzas militares chinas y niponas en la zona. Lo cierto es que, en los años 1941 y 1942, Myanmar estaba ocupado por el Estado del Japón y se derribaron los obstáculos que los británicos impusieron sobre los grupos étnicos y otras minorías.

A su vez, los círculos nacionalistas que llevaban bastante tiempo amputados, se reorganizaron en una corriente política que los británicos no dominaban. Tras la conflagración, la ‘Liga Antifascista de la Libertad del Pueblo’ (1944-1962) tomó la significación de etnia como un principio y causa y bajo este pensamiento se hicieron demandas enfocadas a los derechos de las personas.

Simultáneamente, se generaron camarillas de oposición llevadas por líderes de algunas minorías étnicas que disponían de independencia, compitiendo contra las exigencias de la primera tendencia política, ya que presentían que el futuro autónomo que los británicos les habían asegurado se esfumaría por el deseo de formar una nación unificada y democratizada.

En seguida, tras el repliegue de Japón y la reincorporación de Inglaterra a la región, en 1948 los británicos habiendo resuelto conceder la independencia a la India y frente a la advertencia de revueltas, valga la redundancia, no le quedó otra que permitir la independencia a Myanmar. En este mismo año la ‘Liga Antifascista de la Libertad del Pueblo’ tomó el poder y se plasmó la primera Constitución con estructura federalista.

Consumada la autonomía, el Estado tuvo un futuro aleatorio sin la hegemonía británica que nutría el país en apariencia sujeto, surgiendo el desconcierto porque varios contrincantes políticos apelaban el control hasta acarrear diversos levantamientos.

En 1950, después de hacer frente y eliminar a los grupos comunistas e insurrectos, la influencia política y económica del ejército se fortaleció al convertirse en una institución preservadora.

"Al cumplirse el primer Aniversario del Golpe de Estado en la República de la Unión de Myanmar, la limpieza étnica de los musulmanes rohingyas y la represión de los medios de comunicación no cesan y las operaciones de ayuda humanitaria han menguado duramente la transición a la democracia"

De esta manera, las Fuerzas Armadas desplegaron su ideal con la finalidad de impedir que se duplicaran los sucesos acaecidos en las guerrillas de minorías étnicas. Transcurrido un año, se celebraron las ‘Primeras Elecciones de Myanmar Independiente’, y el ministro U Un (1907-1995), fue el primer líder del gobierno postcolonial favorecido por el ejército. Así, la Administración confirió importancia a las corrientes nacionalistas y realizó mejoras políticas.

En 1974 por una nueva Constitución Estatal resultó la República Socialista de la Unión de Birmania, encarrilando el Estado similarmente al ser el sucesor militar del primer gobierno creado por la ‘Liga Antifascista de la Libertad del Pueblo’.

A decir verdad, arguyendo que los civiles no podían ser satisfechos con la seguridad del Estado, el Gobierno materializó de modo malogrado, una modificación puntual de los sistemas políticos y administrativos en nombre del socialismo, la igualdad y ecuanimidad. No obstante, estas innovaciones trasladaron a la economía al debilitamiento por lo que el país hubo de encarar un déficit de alimentos.

En idéntica situación, se inocularon una serie de hostilidades por la ineficiencia de la economía y la intensificación de un mercado negro que abastecía de armamento a los opositores de la dirección.

Este nuevo Gobierno contempló la igualdad como el principio del dogma socialista, con omisión de las variaciones económicas advertidas, se suprimieron las facultades a las unidades étnicas administrativas establecidas con la Constitución de 1948, dando poder exclusivamente al Bamar o grupo dominante de Myanmar Central y Sur.

En la misma tesitura y en un esfuerzo de implantar una igualdad nacional, el Gobierno imposibilitó que se educasen otros idiomas distintos del Bamar en los colegios y universidades, al igual que se suspendieron las tareas de las organizaciones misioneras cristianas y se nacionalizaron los centros privados y parroquiales. Estas predisposiciones fueron observadas como un embate a las minorías y alumbraron sentimientos integracionistas étnicos.

En su intento de auspiciar la imparcialidad, Myanmar renunció a varias organizaciones y cuerpos internacionales, limitándose a estar en manos de su membresía en las Naciones Unidas como fondo de sus engarces bilaterales. Estas iniciativas únicamente consiguieron que el país se retrajera y recluyera aún más.

Con lo cual, en 1987, Myanmar, ya no recibía donaciones por parte de otros estados, y la nefasta gestión del régimen en vez de enmendar el contexto, cada vez lo empeoraba más.

Hoy por hoy, los destinatarios que ha tenido Myanmar han agraviado los DDHH de las minorías étnicas. Estos quebrantamientos infundieron las crisis entre los ímpetus militares y las unidades étnicas armadas en las franjas ocupadas por las minorías, obligándolos a escabullirse. Durante el año 2012 las violaciones del Derecho Internacional y los DDHH se han acrecentado en aquellas comarcas donde conviven moradores de minorías étnicas.

Sobraría mencionar en estas líneas, que se constatan negaciones a la libertad de culto e impera la arbitrariedad. El avance armado entre el ejército de Myanmar y los grupos sublevados se ha extendido en el Estado de Shan y su capital Taunggyi. Las acometidas del Gobierno produjeron víctimas civiles de manera indirecta y en algunos momentos se arremetió contra grupos vinculados a minorías étnicas.

A resultas de todo ello, algunos hechos configuraron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre las repetidas violaciones que cita el movimiento global ‘Amnistía Internacional’ insiste en la tortura, la detención ilegal y los desplazamientos impuestos; además, algunos civiles fueron víctimas de abusos sexuales y los bombardeos centralizados llevaron a varios menores de edad a una tragedia mortal.

En relación a la migración violentada se ha estimado la cuantificación más elevada de desplazados en los últimos años. Se considera que alrededor de 30.000 personas lo consumaron en el Estado de Shan, 36.000 en el Estado de Kayin o Karen y una cifra próxima en el Estado de Kachin más septentrional de Birmania, renunciando a sus tierras por las contiendas. En la misma sintonía, hubo individuos negados a abandonar sus posesiones, por lo que pasaron a ser desplazados internos. Y entre los grupos más afligidos, como no, se hallan los rohingyas.

Por lo demás, el Estado refleja ser incompetente para auxiliar a la población civil. Muestra de ello es el despotismo que se le otorga a los representantes del Gobierno que inciden en las violaciones de los DDHH o las salvedades a organismos internacionales para brindar ayuda humanitaria en los términos resididos por minorías étnicas.

En consecuencia, cumpliéndose el primer ‘Aniversario del Golpe de Estado’ en la República de la Unión de Myanmar, la limpieza étnica de los musulmanes rohingyas y la represión de los medios de comunicación no cesan y las operaciones de ayuda humanitaria han menguado duramente la transición a la democracia.

Las atrocidades que se consuman por las fuerzas militares como violaciones colectivas a mujeres y niñas, expulsiones e incendios masivos fustigados en aldeas quemando casas con familias enteras, tiendas y mezquitas, se asemejan a crímenes de lesa humanidad con el consiguiente fallecimiento de miles de sujetos y el desplazamiento infalible de muchos de ellos.

Curiosamente, los funcionarios militares y civiles han contradicho reiteradamente las infracciones y atentados, con repulsas contrahechas e ilógicas que únicamente empequeñecen la credibilidad y dificultan los desvelos para obtener la justicia por las víctimas.

A todo lo cual, es inexcusable una acción internacional inaplazable para solucionar el atolladero de los rohingyas, avalando que los habitantes en riesgo se apropien de la debida asistencia y protección.

Aun con la predicha mutación a un Gobierno civil, los militares se perpetúan inamovibles como los únicos en detentar el poder, acorralando y asediando los esfuerzos para enderezar la Constitución, al estancarse la autoridad sobre la Seguridad Nacional y la Administración Pública por medio del control de los Ministerios de Defensa, Asuntos de Interior y Asuntos Fronterizos.

Finalmente, y con puntos suspensivos, aunque cuesta creer, imaginar y dar crédito por unos instantes los horrores y la consternación que se desata a diario en Myanmar, la sangre inocente que se esparce, sigue quedando impune a manos de los reacios en socavar la dignidad de las personas.