El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAMPA) de Melilla, Joan Casares, denunció este jueves supuestas irregularidades en el AMPA del colegio Reyes Católicos.
Se trataría de presuntas interferencias de un miembro de la directiva del colegio en las reuniones de la Asociación de Madres y Padres, que estaría controlada por profesores de este centro de enseñanza cuyos hijos estudian en él.
Según el relato de Casares, la directora del Reyes Católicos habría dimitido por supuestas desavenencias con la secretaria, que se habría saldado también con la renuncia de la secretaria y la jefa de Estudios.
En la actualidad, el puesto de Dirección está pendiente de un nombramiento parcial hasta que salgan las plazas, como está legalmente establecido. El problema, según el presidente de FAMPA, está en que la secretaria del Reyes Católicos supuestamente asiste a las reuniones del AMPA sin que esté justificada su presencia en ellas ya que no tiene hijos en edad escolar en el centro.
Según testimonios de padres y madres del Reyes Católicos sería esta secretaria la que habría estado en la reunión de constitución del AMPA y habría asignado los puestos a profesores del colegio que sí tienen niños estudiando en el centro.
En opinión del presidente de FAMPA Melilla, tiene indicios que le invitan a pensar que esta persona "ha estado usando al AMPA para forzar dimisiones" en el Reyes Católicos, con el peligro que entraña que se postule para dirigir el colegio, recalcó.
"Nos parece sospechoso que esté manipulando al AMPA. Huele a golpe de Estado. Nos parece muy irregular y creemos que no podría seguir en el cargo", insistió en una rueda de prensa.
Según explicó, hay madres y padres del centro dispuestos a testificar y, como FAMPA, no les parece normal que alguien de la Dirección participe de las reuniones del AMPA porque no tiene que estar en ellas.
"Esto hay que corregirlo porque usan el desconocimiento y la buena voluntad de los padres para manipular al AMPA", añadió.
Por eso, desde la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Melilla, que representa a 18.000 familias de la ciudad, están a la espera de que se nombre la dirección provisional del Reyes Católicos.
Por otra parte, Joan Casares ha sido elegido recientemente como suplente del Consejo Escolar Estatal (nacional) y coordinador de de Inclusión y Necesidades Especiales de CEAPA (Confederación de Asociación de Padres y Madres de Alumnado).
En declaraciones a la prensa ha anunciado que el próximo otoño se celebrará en la ciudad un Consejo Escolar Estatal "que será importante" y que tiene la intención de que Melilla sea sede de uno de los tres eventos que la CEAPA quiere organizar en España este año.
Apostará por ello pese a reconocer su posición de enfrentamiento con la Dirección Provincial de Educación.
Aunque no dio detalles al respecto, Joan Casares tachó de "mentiras de Berbel" el anuncio de la contratación de profesores que luego no entran en los centros. "Lleva mintiéndonos descaradamente durante muchísimo tiempo. Faltan profesores de audición y de lenguaje de signos", recalcó.
Al respecto hizo alusión a la Lomloe que, en su opinión, es una ley "inclusiva y moderna", pero de "difícil ejecución" y puso como ejemplo lo que ocurre en el colegio público de Educación Especial Reina Sofía.
Según explicó, los padres de niños con algún tipo de necesidad especial "sufren mucha presión" para que los deriven al Reina Sofía porque en otros centros de Melilla no pueden atenderlos.
"La inclusión lleva un esfuerzo adicional, si no la experiencia va a ser un fracaso", puntualizó Joan Casares.
No es que no quieran atenderlos en otros centros sino que no disponen de recursos para ello, concluyó.
Joan Casares está al frente de la FAMPA de Melilla de forma accidental tras la dimisión de José Luis Villena como presidente de la FAMPA y el posterior nombramiento de Guillermo Fernández, que también tuvo que dimitir.
A partir de ese momento, tras las consultas pertinentes se decidió que le sustituyera un vicepresidente que no existía, por lo que se trasladó la responsabilidad al vocal de la Junta Directiva que más tiempo llevaba en la entidad, que resultó ser Joan Casares, que llevaba tres años al frente de la Vocalía de Comunicación.
Desde su llegada a la presidencia de FAMPA asegura que ha podido constatar irregularidades de documentación no presentada que, en ningún caso, aclaró, entrañan que falte dinero.
Su intención era conducir la FAMPA hasta una asamblea en la que se elija una nueva Junta Directiva, pero entre medias acudió a un encuentro de CEAPA y aceptó los dos cargos que le asignaron y que no implica que tenga seguir al frente de FAMPA Melilla.
Según explicó, en esos encuentros nacionales pudo comprobar que en cuestiones de Educación en "Melilla estamos los últimos en todo. Tenemos problemas graves", insistió.
Y en este punto atacó al PSOE y a la Dirección provincial de Educación. "La Federación de Padres no se siente representada por el Ejecutivo actual, que no da un trato adecuado a los padres hasta el punto que muchos consideran que "hay usuarios del CETI que tienen más derechos que ellos", concluyó.
Consultado sobre las declaraciones de Joan Casares, el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, declinó pronunciarse sobre el tema del AMPA del reyes Católicos porque considera que corresponde pronunciarse sobre ello a la Asociación.
"Las AMPA no son órganos que dependan de la Dirección provincial", señaló en declaraciones a El Faro.
Sobre lo que Casares llama "las mentiras de Berbel" el director provincial explicó que en los dos últimos cursos se ha dotado con un cupo extra de 170 efectivos (un 12.5% más que en prepandemia) y se va a seguir manteniendo para el curso 2022/ 23, con un incremento supletorio para la puesta en marcha de los ciclos de FP nuevos autorizados. La distribución de cupos por especialidades se realiza atendiendo a la demanda que nos trasladan sus equipos directivos y el número de unidades autorizada por los centros", señaló.
En su opinión, el principal escollo, en todo caso, es la contratación de personal laboral (no el cupo docente), cuya aprobación y resolución depende de Función Pública, una vez que elevamos informe de necesidades y cuyos plazos administrativos no responden a la urgencia de los centros.
"Por ello, en reiteradas ocasiones hemos solicitado que pase a ser gestionado por el propio Ministerio de Educación y por delegación autorizada a las Direcciones provinciales".
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