Familias con discapacitados intelectuales de Melilla gastan 22.800€ más al año

FEAPS dice que es un “sobreesfuerzo económico” que invierten para cuidar a estas personas

La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) ha elaborado un informe sobre el “sobreesfuerzo económico” que las familias realizan para mejorar la calidad de vida de los miembros que tienen discapacidad intelectual. En Melilla, estas familias invierten 22.793 euros de media más al año que otra, destaca este estudio, mientras que a nivel nacional esta cifra es aún mayor. Las familias españolas con un componente con discapacidad intelectual gastan 24.237 euros más que otras al año.  
Este “sobreesfuerzo” económico se explica por tres razones, destaca FEAPS en su informe, como son los menores ingresos de las personas con discapacidad, los costes derivados de esa dependencia y el “copago” de servicios sociales.
Además, entre las conclusiones del estudio señala que tras seis años de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, “ésta ha tenido escaso impacto como instrumento compensador del sobreesfuerzo económico de las familias con personas con discapacidad intelectual, que siguen asumiendo un papel crítico en su  calidad de vida”.
La federación detalla que las personas con esta discapacidad  tienen menos ingresos porque tan sólo una de cada cuatro trabaja. Mientras que en este sector están empleados el 28% de la población, en el resto de ciudadanos la tasa de trabajadores asciende al 77%. También indica que la tasa de paro en las personas con discapacidad es del 35% y que el salario medio es de un 56% menor que el de una persona sin discapacidad, la media está en 8.626 euros frente a 15.069 euros que gana una persona sin discapacidad.
Otro de los factores que influyen en que las familias con un miembro con discapacidad intelectual tengan más gastos a lo largo del año es que se ha incrementado el coste de muchos servicios que precisan estas personas, como los medicamentos, el transporte, el ocio y los cuidados. Pueden alcanzar los 2.609 euros  en aquellas personas con mayores necesidades de apoyo, resalta FEAPS.
También analiza el “copago de servicios sociales para estas personas”. En el informe, la federación destaca que algunas comunidades tienen aplicada tarifas que deben ser asumidas por las familias, por ejemplo, en las residencias especializadas. Destaca que de media pueden llegar a pagar unos 5.760 euros por una plaza en una residencia. De hecho, resalta que en algunas comunidades el importe del pago por el servicio es superior al abono de las prestaciones que reciben estas personas.

Los datos concretos
El estudio de FEAPS recoge el dinero de media que invierte cada familia según el grado de dependencia de las personas con discapacidad intelectual. En Melilla, la mayor parte de este tipo de discapacitados tienen reconocido el grado uno y dos de discapacidad, son los de dependencia más moderada. Las familias que tiene un miembro con grado uno invierten de media 16.165 euros más al año que otras unidades familiares y en las que hay una persona con grado dos de discapacidad, el “sobreesfuerzo” es de 25.152 euros.
Pero las cifras suben con el grado de discapacidad que tenga reconocida la persona. El informe destaca que una familia con un discapacitado con grado tres que esté en su domicilio invierte 47.284 euros más al año que otra unidad familiar sin esta persona.
A nivel nacional, el dinero que tienen que aportar de más las familias es muy similar al que gastan en Melilla. Así, para un grado de tipo uno se destinan 16.082 euros, para un grado dos, 24.562 euros y para un grado tres, 47.129 euros.
Desde Aspanies-FEAPS señalan que estas condiciones impiden a muchas personas con discapacidad intelectual y a sus familias “desarrollar un proyecto de vida digna”. Por ello, la asociación melillense exige una legislación que articule las necesidades de las familias y de estos discapacitados. También piden que los servicios sociales estén garantizados en todas las comunidades autónomas.
Además, la institución melillense hace hincapié, en un comunicado, en que las ayudas de la Administración están centradas en servicios de residencia para estas personas, cuando debería de incentivar la autonomía personal de los discapacitados intelectuales.