Los nueve inmigrantes que llegaron este viernes 31 de diciembre han sido devueltos a Marruecos a pesar de que pidieron asilo, según informa la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Nador. También han indicado que se trataban de marroquíes, no de argelinos como se pensaba al principio.
El Servicio Jesuita a Migrantes subrayó este sábado por la mañana que "sería escandaloso que devuelvan a Marruecos a una familia con menores y que manifiesta tan claramente su voluntad de solicitar protección internacional".
Desde la ONG Alarm Phone han informado también este viernes que hay nueve personas en total, cuatro de ellas menores, atrapadas en la isla y recalcan que las autoridades fueron informadas sobre ello, pero no se sabe si habrá rescate o no. "Se ha avisado a las autoridades competentes. Salvamento Marítimo Almería, han informado que una operación de rescate está en ruta pero no se tiene claro quiénes serán los responsables de ella debido a las disputas de a quién pertenece la responsabilidad de tal territorio".
Estas declaraciones las han hecho en un comunicado conjunto varias organizaciones: Alarm Phone, Solidarity Wheels, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen, Maakum Ceuta, Emergencias Motril, Caminando Fronteras, Servicio Jesuita a Migrantes y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Aseguran que todas estas personas han manifestado su voluntad de querer solicitar asilo en España y señalan en el comunicado que la isla del Congreso es una de las tres islas que forman el archipiélago africano de las islas Chafarinas, de soberanía española y que está lindando con Marruecos.
Así pues, piden a las autoridades españolas que trasladen a este grupo de personas a un lugar seguro donde puedan tramitar su solicitud de asilo. "Las organizaciones abajo firmantes solicitamos al Gobierno que cumpla con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como con la legislación vigente en materia de protección internacional y derechos humanos, y que se traslade a dichas personas a un lugar seguro dónde puedan ser atendidas y puedan iniciar su procedimiento de solicitud de protección internacional con las debidas garantías".
Apuntan que de lo contrario, esto supondría "una grave vulneración de Derechos Humanos y un incumplimiento de las garantías establecidas en la normativa vigente". Según explican, "el retorno forzoso de personas solicitantes de asilo que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, sin acceso al debido proceso, viola el principio de la no devolución establecida en la Convención de Ginebra como una garantía del derecho de asilo, como reiteró la Defensoría del Pueblo en la Recordatorio de deber legal dirigido al Ministerio del Interior".
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