Las facturas de Melilla Monumental que se enviaron a la Fiscalía superan los 200.000 euros

Fue un anuncio que sorprendió a todos en Melilla. El presidente De Castro mencionó a comienzos de año, cuando su primera reestructuración de Gobierno llevaba muy poco tiempo en funcionamiento que el Consejo de Estado pidió que se mandara a la Fiscalía una serie de facturas de la Fundación Melilla Monumental porque desconocían en esta alta institución del Estado las razones por las cuales se habían abonado. Se trataban de servicios varios que durante años se adjudicaron a través de contratos menores sin ningún tipo de concurrencia.

En esos momentos, el mismo De Castro se refirió a que una situación de esas características “era lo más grave que podía suceder en una Administración”. Con el paso de las semanas se prepararon todos los documentos y se remitieron a la Fiscalía, estando todavía a la espera de que exista una toma de posición por parte del Ministerio Público.

Pues bien, este medio informativo pudo conocer, de fuentes de la Administración autonómica, que el montante global de esas facturas que se remitieron al Ministerio Público son aproximadamente de unos doscientos mil euros. .

En el Consejo de Gobierno que tuvo lugar el 16 de diciembre del año pasado, el mismo donde se dio el visto bueno para los presupuestos de la Ciudad Autónoma, uno de los puntos del orden del día abordaba la remisión a la Fiscalía de estas facturas a petición del propio Consejo de Estado.

Existía un dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2019, en relación al expediente que, en la Orden de remisión, se describe como reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por una empresa de seguridad., a la Fundación Melilla Ciudad Monumental por supuestos impagos de una relación de 67 facturas correspondientes a relaciones contractuales de prestación de servicios varios, así como facturas asociadas a los mismos durante los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018.

En ese dictamen se indica textualmente que “con independencia de todo lo expuesto, el Consejo de Estado aprecia que el expediente plantea un singular caso de un elevadísimo número de facturas correspondientes a servicios no debidamente contratados que se han prolongado a lo largo de varios años (en este caso 67 facturas, a las que habría que sumar muchas otras que son objeto de otros expedientes similares de los que también ha tenido conocimiento este Consejo de Estado). Ante la reiteración y gravedad de las infracciones cometidas en el encargo de estos servicios, el Consejo de Estado considera necesario que se dé cuenta al Ministerio Fiscal por si procediera exigir responsabilidades con sus correspondientes consecuencias económicas.”

Por esta razón, una vez que los miembros del Consejo de Gobierno conoció el contenido de este dictamen del Consejo de Estado, el propio presidente, Eduardo de Castro, de acuerdo con sus competencias propuso dar cuenta al Ministerio Fiscal del expediente que, en la Orden de remisión, se describe como reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por EULEN, S. A, a la Fundación Melilla Ciudad Monumental por supuestos impagos de una relación de 67 facturas correspondientes a relaciones contractuales de prestación de servicios varios, así como facturas asociadas a los mismos durante los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018.

Y en segundo lugar presentarse como acusación particular en el referido procedimiento. Por tanto se cumplió con lo acordado por el Consejo de Gobierno y se remitió a la Fiscalía toda la documentación de la que disponían. Aunque la remisión se efectuó en las siguientes semanas resulta que todavía no existe calificación por parte de la Fiscalía para que los servicios jurídicos se personen como acusación particular.

De Castro aseguró, cuando anunció esta remisión, que “todo lo que salga, porque hay más, mientras que yo sea presidente va a ir a los juzgados. Este Gobierno, en todo lo que se pueda, se va a personar porque aquí se han acabado las tonterías. Se acabó que los malos sean los buenos y los buenos sean los malos. Eso se ha terminado”, añadió.

El presidente del Gobierno local subrayó entonces que son facturas que se estaban revisando por el Consejo de Estado y se dieron cuenta “de una serie de irregularidades gravísimas” añadió. De Castro también comentó que son facturas de hace años y que no tienen nada que ver con la gestión de la actual presidenta de la Fundación Melilla Monumental, Maribel Pintos.

El presidente de la Ciudad insistió en que el objetivo de su Ejecutivo es eliminar esta fundación, al igual que la Fundación de las Tres Culturas, pero para ello hay que convocar una serie de reuniones con el consejo rector, así como indicar en este órgano la destitución de Pintos, que aún no se ha producido, señaló el máximo dirigente de Melilla.

Las misiones de la Fundación

Tal y como reza en los estatutos de la propia Fundación, ésta es un organismo autónomo de la Ciudad Autónoma de Melilla que tiene como objetivos generales la coordinación entre las Consejerías para la conservación, restauración, mantenimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico-artístico. Pero sus estatutos le confieren de forma específica el fomento y cuidado del recinto histórico de la ciudad. Esto obedece a las directrices que la UNESCO emite habitualmente para los espacios históricos protegidos, optando la Ciudad Autónoma por la creación de un organismo específico para su tutela, seguimiento de los mantenimientos tanto en limpiezas como de reparaciones necesarias, vigilancia y control de visitantes y asesoramiento de los vecinos que deben plegarse a las limitaciones impuestas por la legislación sobre patrimonio histórico.

Es en estas ideas en las que trabaja día a día la Fundación. Su ámbito territorial es el conjunto monumental de Melilla la Vieja, declarado como tal mediante Decreto del año 1953 albergando además numerosos Bienes de Interés Cutural (B.I.C.s). Ese cuidado específico del patrimonio protegido es lo que desarrolla el Organismo y se abunda aún más en aspectos sociales y de convivencia en un barrio, también denominado de Medina Sidonia, al que aquellas distinciones de protección limita los intereses de sus vecinos.

En relación al compromiso del Gobierno local de eliminar entidades como el Instituto de las Culturas y de la Fundación Melilla Monumental indicar que señalaron que lo harían, pero que para ello es necesario la adaptación de distintas medidas. El primero de los pasos que dieron fue la reducción de sus presupuestos que en el caso de Melilla Monumental pasó de más de 800.000 euros en los años anteriores a poco más de 300.000 en el actual.