Trabajo e Inmigración responde a UGT Melilla: “No hay ninguna lentitud con los transfronterizos"

La Oficina de Extranjería de Melilla niega que haya lentitud en la renovación de permisos de trabajo o residencia a trabajadores transfronterizos.

En respuesta a UGT Melilla, la responsable del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno, Elena Nieto, se mostró sorprendida con las declaraciones de la Federación local de Industria, Construcción y Agro, del sindicato, que este jueves pidió a Extranjería acabar con la actual lentitud en la concesión de los permisos a los transfronterizos.

“No hay ninguna lentitud”, dijo tajante Nieto, defendiendo que las renovaciones de permisos de residencia en Melilla, que se entregan en los plazos establecidos, se renuevan en menos de tres meses.

De hecho, en el período entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, se han presentado en Melilla 320 solicitudes de prórroga de autorizaciones para trabajadores transfronterizos, que se han resuelto en 44 días de media.

En estos casos, aclara la responsable de Trabajo e Inmigración en Melilla, el transfronterizo puede seguir en activo, independientemente de lo que la Administración tarde en renovar su autorización.

Sin embargo, Nieto reconoce que puede haber casos en los que se demore más la autorización debido a que los empresarios no han solicitado la prórroga en el plazo establecido para hacerlo (60 días antes de que caduque el permiso y hasta 90 días posteriores a que caduque).

En estos casos es como si se tramitara la autorización por primera vez por lo que se exige que el empresario realice la gestión de la oferta ante los servicios públicos de Empleo. Eso significa que el trabajador transfronterizo no tiene prioridad para regresar a su puesto de trabajo lleve el tiempo que lleve en la empresa.

El empresario recibirá entonces ofertas de empleados desde el Servicio Público de Empleo (SEPE) y tiene que argumentar por qué rechaza a cada uno de los candidatos que le envíen.

Sólo después de renunciar a todos y probar que ninguno de los aspirantes es idóneo para esa empresa, la Oficina de Extranjería valora si es idóneo el motivo del rechazo y puede autorizar la contratación del transfronterizo (ahora inmigrante ilegal en Melilla) que puede haber llevado (o no) años vinculado a esa compañía.

“En este caso tienen preferencia los inscritos en el Servicio Público de Empleo”, insiste Elena Nieto, aclarando que tampoco se puede decir en este caso que “la prórroga tarde muchísimo”.

Otra cosa son los transfronterizos que se quedaron en Marruecos atrapados tras el cierre de la frontera.

Según Elena Nieto, los empresarios que quieren recuperarlos están presentando solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo para que puedan vivir y pernoctar en Melilla.

“Cada vez está aumentando el número de expedientes. Al principio los empresarios eran temerosos y ahora cada vez presentan más solicitudes”, añadió.

La responsable de Trabajo e Inmigración en Melilla aseguró también a El Faro que no tiene conocimiento de que haya transfronterizos pidiendo asilo, pero admite que las solicitudes que se están presentando en estos momentos en la ciudad, pese a la tener la frontera cerrada, son cada vez más numerosas.

Nieto lamenta que se utilice la vía del asilo político, pensada para prestar protección internacional a personas perseguidas políticamente o que huyen de la guerra, entre otros motivos justificados, con el objetivo de salir de Melilla porque el resultado es que se colapsa el sistema.

La solución a este problema, añadió, es que el Ministerio del Interior refuerce la Oficina de Asilo y Refugio de manera que no se lleguen a admitir a trámite aquellas solicitudes en las que es evidente que no hay persecución, porque si es transfronterizo entonces está claro que ha podido entrar y salir de Melilla cuando la frontera estaba abierta.

Nieto sabe además que esas solicitudes sin sustento se están escapando por el resquicio legal que habilita a los solicitantes de asilo, cuyos expedientes tardan en estudiarse más de seis meses. Pasado ese medio año ya la ley los faculta automáticamente para trabajar.

“Sería necesario reforzar esa Oficina de Asilo e inadmitir a trámite las solicitudes infundadas”, recalca, a sabiendas de que si abre la frontera, podemos tener un problema aún mayor en Melilla.