Extradición: ¿Salomónica decisión?

La decisión ayer del Consejo de Ministros de aprobar la entrega a Marruecos del melillense con pasaporte belga, Ali Aarras, mientras deniega la extradición al reino alauita del también melillense pero con nacionalidad española, Mohamed El Bay, es como una salida salomónica a un procedimiento peliagudo que el Gobierno Zapatero no ha sabido gestionar debidamente desde un principio. Para empezar, y tal cual han venido sosteniendo Nayim Mohamed y Yamal Mohamed, abogados defensores de los dos melillenses antes citados, “la cuestión nunca tendría que haberse planteado, porque ni la Justicia, ni el Gobierno de España, a través de su Consejo de Ministros, tendrían que haber admitido un proceso de extradición para ciudadanos españoles” como es el caso de Mohamed El Bay o Abdeselam Ahmed, otro melillense igualmente reclamado por Marruecos que, sin embargo y a diferencia de El Bay o Aarras, sí tuvo a su favor un auto de la Audiencia Nacional contrario a la petición de extradición.
Con el acuerdo de ayer del Consejo de Ministros, el Gobierno Zapatero y el Partido Socialista despejan la gran inquietud que se cernía sobre los melillenses de origen amazigh, a todos los efectos considerados súbditos marroquíes por el reino alauita, con independencia de que puedan ser incluso españoles de origen, no ya por haber nacido en Melilla (lo que de por sí no otorga suficientes derechos desde que el Código Civil eliminara el ius soli), sino por haber nacido de padres españoles.
El decisivo respaldo inicial del Consejo de Ministros de Zapatero a la posible extradición a Maruecos de melillenses de nacimiento, con nacionalidad española en un caso y pasaporte comunitario en otro, animó con toda lógica los recelos en una comunidad de españoles que, por sus orígenes rifeños, se veían amenazados con ser descatalogados de su condición de nacionales para convertirse, de facto y a todos los efectos, en súbditos marroquíes, tal cual pretende el reino alauita bajo su argumentarlo de que Melilla y Ceuta no son más que ‘colonias o ciudades ocupadas’ por España.
Resultaba claro que si los presuntos implicados en delitos terroristas no se llamaran Ahmed, El Bay o Aarras sino Gutiérrez, García o Pérez, el Consejo de Gobierno no habría dado en ningún caso el visto bueno al inicio de un proceso de extradición, que finalmente se ha saldado con notable perjuicio para los derechos de un melillense con pasaporte europeo y, afortunadamente, de forma más favorable para los otros dos melillenses que como Abdeselam Ahmed o Mohamed El Bay sí cuentan con la nacionalidad española.
Teniendo en cuenta toda la polémica que el asunto suscitó, la burda guerra partidista de quienes, como los cepemistas, no admitían que ni el PP ni el presidente de la Ciudad fueran más allá que el PSOE en la defensa de los derechos de dos melillenses europeos, todo parece evidenciar que tras la decisión del Gobierno Zapatero se encierra un escabroso fondo político. El mismo que los socialistas (léase Dionisio Muñoz o Antonio Hernando –diputado nacional de referencia para el PSOE melillense) se obstinaron en negar y que ahora aflora, para demostrar que si un melillense rifeño con nacionalidad española es entregado a Marruecos y tratado, al fin y a la postre, como ciudadano marroquí, de poco o nada sirve en realidad su condición de español.
La aberración, grave en sus inicios pero corregida a la postre, es, como ya he escrito en varias ocasiones, extremadamente grave, porque no sólo establecería categorías inconcebibles entre los propios españoles, sino que demostraría cómo,  ante determinadas situaciones extremas, la ley a prevalecer finalmente no tendría por qué ser la española sino la marroquí. Es decir, un rendibú ante las tesis de Rabat del todo intolerable y extremadamente peligroso no ya sólo para los melillenses de origen rifeño, sino para el conjunto de los melillenses y los intereses generales de Melilla.
Con la decisión de ayer del Consejo de Ministros, nuestro Gobierno de la Nación, el que preside el socialista Rodríguez Zapatero, ha demostrado que, a pesar de los pesares, no es capaz de llegar tan lejos. Permítanme que dude de si la razón radica en el convencimiento o en el puro interés partidista y electoral, teniendo en cuenta las expectativas que se vienen formando los propios socialistas respecto del electorado hispanobereber de nuestra ciudad. No obstante, cabe preguntarse a pesar de ello dónde quedan los derechos como ciudadano europeo de Alí Aarras.
Como en cierto modo la comunidad musulmana sigue aún de fiesta por la Pascua del Sacrificio, ayer no se produjeron reacciones. Si bien, me permito recordar que en abril pasado el líder de CpM anunció que denunciaría al Gobierno de Bélgica para el caso de que permitiese al Gobierno español entregar a un ciudadano belga a las autoridades marroquíes. Por ahora, todo indica que va a ser así. Sólo nos falta saber qué se va a hacer o qué podemos hacer para impedirlo, teniendo en cuenta la falta de garantías jurídicas que hoy en día aún siguen caracterizando al reino alauita.