Escobar y el régimen interno del CETI

El delegado del Gobierno aseguró, tras la muerte en un incendio de tres inmigrantes que dormían en las chabolas próximas al CETI, que aquel con derecho a estancia en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes que no se beneficia de sus instalaciones, lo hace por decisión voluntaria o porque no quiere acogerse a su régimen disciplinario. También, aunque esto no lo dijo el delegado, por temor a redadas sorpresa que puedan acabar en deportación a los países de origen.
Sin embargo, en el caso del perfil de los actuales habitantes del poblado de chabolas, el temor a las redadas imprevistas no es la razón prioritaria.  Los subsaharianos de las infraviviendas viven en la calle, efectivamente, como dice Escobar, porque no admiten el régimen interno del CETI o, porque como calla Escobar, son ‘castigados’, cuando resultan ‘díscolos’, con la retirada de la tarjeta de acceso al mismo Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.
Lo primero, el régimen del CETI como causa del chabolismo, es discutible y, sinceramente, se me escapa. Sólo tengo por referencias las denuncias de los inmigrantes: Sangrantes cuando aseguran que se les prohíbe el acceso, incluso para asearse o recibir algo de auxilio frente al extremo frío y la intemperie; y polémicas cuando, como aseguran también los inmigrantes y suscribe Prodein, responden a claras expulsiones en forma de castigos ejemplares.
La muerte de los tres inmigrantes que perecieron calcinados en su chabola mientras dormían, ha sacado a flote esta triste realidad, para mí desconocida hasta ahora y, en mi opinión, absolutamente incomprensible. Resulta inexplicable que la autoridad gubernativa, a la que corresponde velar por los ciudadanos en situación documental irregular, permita que se eche a la calle a los ‘díscolos’ sin preocuparse de cuál será su dirección o su situación, una vez han sido expulsados del CETI.
Si resultaba evidente que en materia de inmigración los distintos Gobiernos centrales de turno han convertido a Melilla en una especie de prisión, donde ni el tiempo ni los derechos parecen contar para los desheredados, ilusos, que creen haber llegado a Europa una vez pisan nuestros 12 kilómetros cuadrados; ahora es del todo evidente que, además, se gestiona su estancia en la ciudad de una manera inhumana y grave, amén de con total menosprecio a las consecuencias que ese proceder pueda tener en el conjunto de la ciudad
Porque, me pregunto, ¿somos los melillenses los que tenemos que soportar que haya inmigrantes vagabundos porque la Delegación del Gobierno no sepa qué hacer con ellos cuando resultan ‘conflictivos’ para el régimen del CETI? ¿Es admisible que se deje sin más y a la intemperie a inmigrantes en situación irregular, fomentando con ello el chabolismo y la mendicidad?
La Asociación Prodein ha hecho una radiografía muy clara de la situación. Ha expuesto el problema con toda su crudeza y ha subrayado lo que se había dicho por activa y pasiva sin que nadie reaccionara: que la tragedia estaba llamando a la puerta de unas chabolas, mientras las autoridades cerraban los ojos ante la peligrosa situación.
Como el presidente de Prodein, José Palazón, creo que este problema se ha utilizado como un “arma arrojadiza más”, en el terrible circo político de dimes y diretes que malea de continuo nuestra política local. No obstante, creo que no podemos equivocarnos y que, en el cúmulo de responsabilidades, hay una responsabilidad superior que compete a quien marca las directrices del CETI y la política a seguir con los inmigrantes irregulares que llegan a Melilla. La responsabilidad en este sentido es inequívocamente del delegado del Gobierno, que fracasa y adolece de una pasividad intolerable cuando no consigue resolver el asunto, puesto que es a él principal y prioritariamente a quien corresponde tomar medidas.
Escobar, en su comparecencia tras la catástrofe de la madrugada del sábado, calificó de tragedia lo sucedido, pero en ningún momento la lamentó ni entono un pequeño mea culpa. Se limitó a defenderse, a decir que se necesita una orden judicial para desmantelar el poblado de chabolas próximo al Cerro de la Palma Santa. Se exculpó y no expresó la menor sensibilidad, a pesar de que su trabajo, previo a su cargo político actual de confianza, no era otro precisamente que en el CETI.
Se le podía presuponer, con sus antecedentes laborales, una capacidad añadida para gestionar el problema, para resolverlo sin necesidad de emplear la fuerza ni la Policía. Pero no, la situación, ya podrida, ha terminado cobrándose la vida de tres jóvenes ‘Segismundos’, sin más delito cometido que el hecho de haber nacido.
Sé que es duro lo que expreso, pero cada cargo público tiene sus servidumbres. La representación institucional no está sólo para tener el trato de Excelentísimo, obrar a favor del partido que te ha colocado en el alto puesto de confianza o disfrutar de las mieles del poder. En la balanza de reconocimientos y obligaciones, siempre ha de pesar más la buena gestión de las responsabilidades a las que el cargo público se debe.