El juicio por el caso ‘Voto por correo’ se retomó ayer en la sala de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla. Uno de los encausados que prestaron declaración fue Gregorio Escobar, quien se presentó como candidato al Congreso en las elecciones generales de 2008, en las que PSOE y CpM concurrieron en coalición. El procesado, que tras los comicios fue nombrado delegado del Gobierno, aseguró que los planes de empleo ya habían sido asignados antes de que él ocupase este cargo. De esta manera, negó la acusación que sostiene la Fiscalía en su escrito, en el que se apunta que Escobar canalizó el proceso para la contratación de los votantes en los planes de empleo públicos, actuando en connivencia con los entonces secretarios generales de PSOE y CpM, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, respectivamente.
Escobar aseguró a la fiscal que “jamás” intervino en un entramado orientado a la captación ilícita del voto bajo la promesa de dar puestos de los planes de empleo. “Yo solamente participé en una campaña electoral como candidato al Parlamento”, sostuvo. Según indicó el encausado, ni Aberchán ni Muñoz le facilitaron una lista con los nombres de las personas que habían votado por correo acudiendo a las sedes. “Nunca he visto esa lista ni tampoco sé de dónde sale”, dijo.
La fiscal preguntó al ex delegado del Gobierno por el incremento del voto por correo, a lo que Escobar contestó que desconocía que hubiera aumentado y que el número de personas que aparecen registradas en el Instituto Nacional de Estadística (INE) como solicitantes del voto no tenía por qué coincidir con la cifra de personas que finalmente lo llevaron a cabo.
No negoció puestos
Escobar también manifestó que dudaba de que un elevado porcentaje de los ciudadanos que votaron por correo hubiera sido destinatarios de los planes de empleo, como señala el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. “El que esta en el cargo de delegado del Gobierno nunca ha realizado estudios sobre quién votaba o quién entraba en los planes de empleo públicos”, apuntó.
“Yo nunca he negociado puestos de contratación directa de personas a cambio de nada”, mantuvo el ex dirigente socialista. En esta línea, incidió en que cuando se eligieron los destinatarios de los cupos nominativos de los planes de empleo, él ni siquiera era delegado del Gobierno. Además, Escobar negó que Muñoz o Aberchán le hubieran planteado aumentar el porcentaje de los puestos para los grupos en riesgo de exclusión social.
Plan extraordinario
Al ser preguntado por el plan de empleo extraordinario de 2008, el encausado explicó él no fue quien tomó la decisión de aprobarlo. Según indicó, fue el Gobierno central el que determinó incrementar los puestos públicos en Melilla y en la ciudad hermana de Ceuta. “El delegado del Gobierno es un impulsor de lo que dicta el Gobierno central y un coordinador, pero no marca directrices de trabajo”, manifestó.
Escobar aseguró que él no tenía capacidad como delegado del Gobierno para nombrar a ninguna persona para que ocupase una dirección provincial, así como tampoco la tenía para cesarla, ya que eso dependía del Ministerio. En esta línea, negó que hubiera sido quien tomó la decisión de contratar al ex director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Joaquín Arana, o a la ex directora de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla.
El ex dirigente socialista está acusado por un delito de prevaricación y otro de asociación ilícita. La fiscal le reclama diez años de inhabilitación, tres de prisión y una multa de 15.000 euros.
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