“Es incómodo para el Gobierno de España que un marroquí pida asilo”

Josep Buades Fuster es el coordinador del equipo de SJM-Frontera Sur, quien cree que “no hay novedades grandísimas” respecto a años anteriores en materia de inmigración. Buades explicó que los inmigrantes que vienen a Melilla “son una población de tránsito”, a la que el SJM atiende.

“Estos son los perfiles principales que atendemos: personas que tienen dificultad de acceso al asilo, personas que tienen problemas de separación de familiares, personas a las que se les impide el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de movimiento por el territorio nacional y personas a las que no se les ha entregado la documentación necesaria”, declaró Buades. Este añadió que también acuden al SJM perfiles sobre los que no está claro el derecho a asilo, por lo que se centran en los casos más vulnerables anteriormente mencionados.

Buades explicó que las personas que no acuden a la oficina jurídica del SJM son aquellas que han pasado por la frontera de Beni Enzar en la oficina de asilo y que tras entrevistarlos, se les da la tarjeta roja, que es el documento que les identifica como solicitantes de asilo, y a los pocos meses se les manda a la península, que según contó Buades, suelen ser sirios, iraquíes o palestinos. De este grupo, los que sí suelen acudir a buscar ayuda jurídica son las familias que, en lugar de entrar todos juntos, los servicios fronterizos deciden que pasarán separados, haciendo que un día entre la madre, al siguiente un hijo, al siguiente el padre, por ejemplo. “Cuando la Policía pasa a un niño o niña a zona española sin los padres, hacen algo que está bien, que es llevarlos a los servicios de protección de menores ¿Qué sucede? Que cuando llegan los padres y dicen ‘oiga, este es mi hijo, que hemos tenido que pasar así, pero que soy su padre’, se aplica un protocolo de prevención de trata de menores y se les practica la prueba de ADN, que en principio está bien “, relató Buades para mostrar que el problema viene cuando pasa mucho tiempo hasta que les llegan las pruebas de parentesco, por lo que los menores pasan un largo periodo separados de sus padres. “Esto ocasiona muchísimo sufrimiento a las familias”, declaró Buades, que contó que lo que se están intentando hacer, con la Fiscalía y los servicios de menores, es que la separación familiar dure lo menos posible”.

Otro de los perfiles que acude a la oficina de SJM de Melilla son personas de Marruecos o de Argelia, que según manifestó Buades, “tienen un perfil para pedir asilo, pero que no tenían acceso a la oficina de asilo o tienen dificultades” y que “es incómodo para España que un marroquí pida asilo” por la importancia de las relaciones que hay entre los dos países. Buades contó que algunos de los casos pueden ser como el de una mujer marroquí que era maltratada por su marido y que tras denunciarlo esta a la policía de su país y que esta le negase protección, la mujer decidió acudir a Melilla donde sí que se la ofrecieron, “pero hasta que le reconocieron ese derecho, fue un auténtico calvario”, relató Buades. También hay bastantes argelinos y marroquíes del colectivo LGTB que acuden a Melilla buscando protección internacional, pues “corren el riesgo de que les encierren en la cárcel entre seis meses y tres años”, contó Buades. “¿Qué pasa con los marroquíes? Que para evitar un poco el efecto llamada, lo que se hacía era que, así como los sirios o solicitantes de otros países a los pocos meses iban saliendo a la península, había casos de marroquíes y de argelinos que llevaban un año en Melilla”, explicó Buades. El coordinador contó que han estado litigando y que los tribunales sentenciaron a su favor para que, los solicitantes de asilo que estén previstos de una tarjeta roja, puedan moverse libremente por la península. Buades expuso que las tarjetas rojas expedidas en Melilla estaba escrito “solo válido en Melilla”. Es por ello que cuando alguien quería embarcar fuera de Melilla con esta tarjeta, la Policía les negaba la entrada valiéndose en esto y les requerían una autorización expresa del comisario general de Extranjería y Frontera, ahora los tribunales han sentenciado que se no puede hacer eso “impugnando la legitimidad que se ponga ‘válido solo en Melilla’, aunque hay en curso un recurso de casación en el Tribunal Supremo, que esperamos que siga diciendo lo mismo”, relató Buades. “Nos preocupa especialmente la situación cuando afecta a personas con indicios de vulnerabilidad, como menores, mujeres muy jóvenes o mujeres adultas con hijos menores de edad”, aseguró Buades.

Los menores extranjeros también acuden cuando con 18 años, se encuentran en la calle sin documentación alguna, pues desde los centros de menores no les han proporcionado la documentación necesaria. La SJM les explica cuáles son sus derechos y trabajan con los servicios de protección de menores para que les proporcionen la tarjeta de residencia a los jóvenes. Buades contó que sin este documento, muchos de ellos no podían empadronarse y sin el empadronamiento, tampoco podían sacarse la tarjeta de residencia. Así pues, ya hay menores con 17 años y que están a punto de cumplir los 18, que preguntan al SJM qué es lo que tienen que hacer y cuáles son sus derechos. En relación a los menores extranjeros no acompañados, Buades declaró que “hablar de efecto llamada sobre estos, está haciendo que se vulneren muchos derechos reconocidos por la ley”.

Acuerdos

Un asunto importante sobre el que Josep Buades quiso declarar que son los últimos acuerdos de 2019 entre España y Marruecos en materia de inmigración. “Desde que España, digamos, que ha pasado muchos servicios a Marruecos para reforzar el control de frontera, nos hemos encontrado con sirios, iraquíes o yemeníes, como el joven medallista olímpico de Yemen que falleció intentando llegar a Melilla; que antes tenían un acceso más fácil a Beni Enzar, ahora tienen muchas más dificultades para entrar en Melilla”, aseguró Buades, que expuso el caso de un hombre de Irak que aseguró “haber intentando 50 veces por tierra y por mar” cruzar la frontera y que cuando este se encontraba en el sur de Marruecos, la policía le trataba muy bien por ser árabe, pero cuando lo veía cerca de la frontera, “le golpeaban”. “Estamos hablando de un señor que está huyendo de las amenazas de muerte de su tribu. Una vez que pudo entrar en España y pidió el asilo, pues claro que se le dio enseguida la tarjeta roja. Es una persona que ha tenido que arriesgar su vida por mar y por tierra y ha tenido que sufrir violencias físicas para luego que se le reconozca que es un solicitante de asilo”, declaró Buades. Por lo tanto, “este es un problema que hemos visto, que perfiles que antes accedían al asilo más fácilmente, ahora lo hacen con más dificultad”.

Los subsaharianos, según contó Buades, “normalmente no han podido ir a Beni Enzar”, pues los que tienen dinero se embarcan por mar y los que no, saltan la valla. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen incoando expedientes sancionadores de extranjería a la población maliense que entra en la ciudad antes de darles acceso al procedimiento de protección internacional, a pesar de la posición de Acnur sobre Mali como zona de no retorno, expresada en julio de 2019”, expresó Buades como algo que les llamó al atención, pues según relató este, cuando un maliense saltaba la valla y no se acogía a asilo, se iniciaba por defecto el proceso de expulsión a pesar de lo indicado por Acnur.

Oficina de asilo

Buades contó que antes, quien entraba por Beni Enzar pedía allí asilo y quien lo hacía por otro lado, lo pedía en comisaría. Actualmente, “todo el mundo tiene que hacerlo en Beni Enzar. Hay cuatro kilómetros y medio a pie desde el CETI hasta Beni Enzar cuando en el CETI hay una oficina para las labores policiales y se podría desplazar un equipo a esta oficina para que las personas que no han podido pedir asilo en Beni Enzar”. Buades cree que se piensa antes “en la comodidad de la administración, que en la comodidad del administrado” y que “sería más idóneo poder manifestar la intención de solicitar protección internacional en la oficina de policía abierta en el CETI”. A la SJM les preocupa que “ Beni Enzar se haya convertido en el único lugar en el que manifestar la intención de solicitar protección internacional”.

CETI

Sobre las personas que provienen de países donde hay grises en las solicitudes de asilo como Marruecos, Buades comentó que las personas LGTB o las mujeres que sufren violencia de género son un caso claro. Otros casos, como los surgidos tras las revueltas del Rif, Buades explicó que en un momento inicial valía con presentar imágenes de los solicitantes que les situaran en las manifestaciones para que se les tramitara el expediente de asilo. Sin embargo, a partir de un momento, el Gobierno decidió asistir solo a las personas que mostraran que son militantes de algún movimiento, ya no les bastaba con la presencia de las manifestaciones. “Hay problemas que son más puntuales y que en los que cambia la situación”, declaró Buades y que les “toca discernir casos” en los que no procede la protección internacional. “Sí que entendemos que si hay una bolsa de personas en el CETI que queda como en tierra de nadie porque no tienen base suficiente para que se examine su solicitud de asilo, pues el CETI está para el tránsito, pero no es un centro para vivir permanentemente”, contó Buades, por lo que comprenden que este no sería el lugar para residir para los casos más ambiguos y les tienen que dar la expulsión. “Hay personas que por su situación personal se les tramita el asilo enseguida”, pero otros no.