El partido ecologista apoya a los médicos que están en contra de esta norma “inmoral”.
Para la agrupación ecologista Equo, la entrada en vigor hoy del decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Salud, por la cual se deja fuera del mismo a los inmigrantes en situación irregular administrativa, “supone un grave atentado ya que se priva de un derecho básico a unas 150.000 personas que viven en España”.
El partido, en nota de prensa, consideró “absolutamente perverso que con la excusa de la crisis se pongan fin de un plumazo a la Sanidad gratuita y universal en nuestro país”. Asimismo, afirmaron que supone “un grave atentado contra los derechos de las personas y es una medida inhumana, que además implica muchos riesgos para la salud pública que no han sido explicados ni debatidos”.
“Desde Equo, queremos mostrar nuestro más firme apoyo a los profesionales que están objetando contra esta norma y han mostrado su disposición a seguir atendiendo a todo el mundo, independientemente de su situación administrativa”, agregaron, “estamos ante una medida de tintes claramente xenófobos, que expresa una concepción de la sociedad muy determinada y excluyente, según la cual los derechos no son universales y son objeto de compra y venta, lo que supone un claro retroceso en valores ya afianzados en la sociedad”, apuntillaron los miembros de la formación ecologista.
En la misma línea, criticaron “la falta de coordinación, transparencia e información” demostrada por Gobierno de Mariano Rajoy, lo que se está convirtiendo ya “en una seña de identidad” del Ejecutivo central.
“A la entrada en vigor del decreto ley seguimos sin saber el alcance total de la misma, si afectará a enfermos crónicos o cuáles serán los precios finales que habrá que pagar por este derecho”, reprocharon.
Así pues, el partido realizó un llamamiento a toda la ciudadanía para que “tome conciencia de la gravedad de la medida, se movilice contra ella y apoye a las personas que han decidido no llevarla a la práctica”. Entre los colectivos a los que afecta el Decreto se encuentran los inmigrantes en situación irregular en España a los que se les retirará la tarjeta sanitaria, pero serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, así como durante el embarazo, parto y postparto y en el caso de los menores de 18 años.