Interior expulsa a Marruecos a 55 de los 209 migrantes que saltaron la valla de Melilla

Su estancia en Melilla duró poco más de 24 horas. De los 209 migrantes que el domingo lograron saltar la valla y acceder a la ciudad autónoma, 55 fueron expulsados a Marruecos en la mañana del lunes en aplicación del Acuerdo de Readmisión firmado entre ambos países en 1992. Ninguna de las personas devueltas de forma exprés por el Ministerio del Interior habían solicitado asilo, según aclaró la Delegación del Gobierno.

El salto a la valla, uno de los más numerosos de este año, estuvo protagonizado por unas 300 personas, aunque 100 finalmente no lograron acceder al territorio español. Tuvo lugar sobre las 9:00 horas, en los Pinares de Rostrogordo. Muy cerca, en las inmediaciones del pantano de las Adelfas, falleció uno de los migrantes. Según la Delegación, la autopsia preliminar indica que no hay lesión externa que haya provocado su muerte. Asimismo, apuntó que se había detectado una anomalía pulmonar congénita, que tendrá que ser analizada.

De acuerdo con la versión oficial, se aplicó el Acuerdo de Readmisión para que Marruecos aceptase a los 55 expulsados, que fueron trasladados en una embarcación de la Guardia Civil para ser entregados a las autoridades marroquíes en el puerto de Beni Enzar.

Las 153 personas restantes que participaron en el salto del domingo permanecen en la ciudad por distintos motivos, según explicó la Delegación. La principal causa es que la mayoría de los migrantes, 140 en total, se acogieron a su derecho a solicitar asilo y protección internacional. Por otro lado, ayer seguían hospitalizadas cinco personas, mientras que otras cinco sufren lesiones que no requieren hospitalización, pero sí reposo.

Según confirmó ayer en declaraciones a El Faro el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ya se ha confirmado que tres de los varones que participaron en el salto son menores de edad. Indicó que otros cuatro jóvenes también han sido dados de alta en el centro de La Purísima, a la espera de los resultados de la prueba.

En menos de una semana, el Gobierno de España ha aplicado el Acuerdo de Readmisión con Marruecos en dos ocasiones. La primera fue el sábado, cuando devolvió a 24 de los 30 migrantes subsaharianos llegados el viernes de madrugada a las islas Chafarinas a bordo de una patera.

Reacciones de las ONG

En el día de ayer, varias ONG censuraron que el Gobierno haya vuelto a recurrir a un convenio bilateral firmado en 1922 con Marruecos para expulsar de forma exprés a más de 50 personas. Estas entidades dudan de que esa premura para entregar a los migrantes al país vecino sea compatible con el respeto a sus derechos fundamentales.

La directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, denunció que “el experimento” que el Ejecutivo ya puso en marcha en agosto, cuando entregó a Marruecos a un grupo de 116 migrantes que saltaron la valla, “no debe ser el camino” a seguir en políticas migratorias. Argumentó que Marruecos “no es un país seguro” para las personas que son expulsadas y argumentó que con esta práctica “no respeta el principio de no devolución” ni tampoco “los derechos humanos de las personas”.

Por otro lado, las entidades de la Iglesia que componen la red Migrantes con Derechos (Confer, Justicia y Paz, Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas) sentenciaron en un comunicado que “la rapidez no es siempre síntoma de eficacia cuando lo que está en juego son las vidas y el futuro de personas que traen consigo, en la mayoría de los casos, la traumática experiencia de un largo tránsito migratorio”.

Tras manifestar su “dolor e impotencia” por la muerte de uno de los migrantes, exigió que se cumplan las garantías de cualquier procedimiento de devolución, que pasa por identificar a cada una de las personas y la posible presencia de menores, verificar sus circunstancias personales (como causas de vulnerabilidad o estado de salud) y asistirles en un idioma que entiendan.

Mientras, desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado se apuntó que, aunque las otras personas no han sido expulsadas porque han pedido asilo o por ser menores, “esto no garantiza que no vayan a ser finalmente devueltos, como sucede en las zonas de tránsito aeroportuarias”. Pidió a Unidos Podemos que “utilice su mayoría parlamentaria y posición en la Cámara para impedir que se vuelva a aplicar el acuerdo” bilateral con Marruecos de 1992 y no permita que “se puedan seguir dando este nivel de incumplimiento de los derechos fundamentales”.