La actualidad local está llena de temas candentes. Entre otros, dos sobresalen en estos días: Por un lado, el eco que está teniendo en nuestra sociedad la polémica en el colegio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde se ha prohibido a una alumna el uso de la hiyab; por otro, el tema del enchufismo en la Administración Pública.
En lo tocante a la hiyab, el asunto no es nuevo en Melilla. Cuando el conflicto en el ‘León Solá’, el asunto adquirió una dimensión local lógica que se resolvió de forma dialogante y razonable, como es conveniente en una sociedad democrática. Entonces, nuestra implicación en el debate era plena. Ahora, con el suceso en torno al centro de Pozuelo, las connotaciones que lo envuelven son distintas, puesto que no se escapa el empeño de algunos por trasladar la polémica a Melilla, con más ánimo e interés electoralista que en defensa real de los derechos del niño que dicen invocarse.
No creo que nuestra Asamblea deba pronunciarse sobre cuantos asuntos afecten a la comunidad musulmana, como pretende CpM, en un claro afán por abanderar la identidad islámica con el que, luego, tampoco desea asimilarse para no cerrarse puertas entre el llamado sociológicamente ‘voto cristiano’.
Como en el caso de las desafortunadas declaraciones de José María Aznar en Israel, a CpM se le ve el plumero con sus iniciativas. Persigue sobre todo poner al PP local y a su Gobierno en la Ciudad Autónoma en un auténtico brete. Por eso no se conforma con que los populares se pronuncien públicamente al respecto, exige una declaración oficial y solemne de nuestra Asamblea, como si el cometido de la misma no fuera otro que el de erigirse en ‘justiciera automática’ de cuantas agresiones, supuestas, discutibles o no, pudieran producirse contra la comunidad musulmana.
De por medio está la pelea por el voto de origen rifeño, que resulta muy goloso y que a todos atrae. Sin embargo, la polémica sobre el uso de la hiyab sólo tiene un camino, que pasa por armonizar las leyes. Y es que no se puede compaginar el derecho de un centro a dictar normas de hábitos y vestimenta entre sus alumnos y, al par, pretender que la opción religiosa chocante contra esas normas también se respete. El diputado local por el PSOE en nuestra Asamblea Amin Azmani propone a su propio partido, en un artículo que publicamos en esta misma edición (Pág. 4), que promueva una Ley de Libertad Religiosa que zanje estos conflictos.
La hiyab, en mi opinión, no es paradigma de nada para quienes pensamos que la mujer no debe esconder ninguna parte de su fisonomía en señal de respeto a creencias que abogan por taparlas para evitar provocaciones al sexo masculino o, en su defecto, como sometimiento al mal llamado sexo fuerte. Aún así hay que respetarlo porque el pañuelo no afecta a las relaciones sociales y permite identificar perfectamente a quien lo porta. No altera para nada el normal desenvolvimiento de los ciudadanos que integran una misma sociedad. Diferente es el caso del burka o la niqab que esconde todo el cuerpo femenino y, por tanto, la identidad de quien lo lleva. Esta vestimenta también puede ser respetable pero con limitaciones, puesto que nadie puede aspirar a hacerse un carné de identidad escondido tras un burka, ni tampoco presentarse de la misma guisa a un examen, una oposición o ante cualquier dependencia pública o privada para gestionar algún documento con trascendencia oficial. Imagínense que los bancos pagasen cheques a personas cuya identidad no pueden cotejar con el documento identificativo que portasen.
Por tanto, es cuestión de armonizar la normativa, dado que si en un centro no se permite llevar gorras o pañuelos de ningún tipo, difícil es que se admitan por un sentido religioso, salvo que se establezca la excepción en la norma. Apuntemos por tanto en la dirección correcta la mejor solución a conflictos como el de Pozuelo de Alarcón y no hagamos de esto un nuevo caso de manipulación al servicio del interés político más espurio y supuestamente emboscado en derechos fundamentales y superiores.
Por otra parte, en el caso del enchufismo, creo que ningún partido puede dar lecciones y que el PSOE ha reaccionado como un elefante en una cacharrería tras la denuncia por lo sucedido en la Residencia de Mayores, donde mediante una reconversión del centro se ha destituido a quien ha venido ejerciendo como su director en los últimos 31 años, para colocar al frente de la misma Residencia a un director-gerente afín al Partido Socialista.
Javier Calderón ha ejercido el ‘codiciado’ puesto la friolera de 31 años y como premio a sus servicios está pagando los platos rotos de un convenio de cogestión de los servicios sociales que es papel mojado en lo que respecta a las facultades que otorga a la Ciudad Autónoma. Su gestión, a plena satisfacción de los gobernantes socialistas actuales del mismo IMSERSO, ha tenido un final que no merece. Por ello y por ese reconocimiento público que no se le ha brindado, me hago especialmente eco de lo sucedido, aunque en cuestión de colocaciones de afines, enchufismo y otras variedades ningún partido en el poder, pasado o presente, puede salvarse.
