Entidades proDerechos Humanos piden que se investigue lo sucedido el 24J

Las asociaciones Iridia y Novact han pedido que se reabra la investigación sobre la tragedia en la valla de Melilla del pasado 24 de junio, en que murieron al menos 23 personas, al concluir que fue la "violación de Derechos Humanos más grave" en la que se ha visto envuelta España en la última década.

Así lo han solicitado este jueves ambas entidades en una rueda de prensa en Barcelona para presentar su informe sobre "Vulneración de Derechos Humanos en la frontera sur del Estado español", que se centra en el salto de la valla de Melilla de junio pasado, en que murieron al menos 23 personas.

No obstante, la Fiscalía trasladó al Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.

Por el contrario, el informe elaborado por Iridia y Novact sostiene que las "graves consecuencias del operativo policial" del pasado 24 de junio en la valla de Melilla podrían ser constitutivas de los delitos de lesiones, contra la integridad moral, prevaricación, omisión del deber de socorro e, incluso, homicidio imprudente, por lo que piden que lo investigue un juzgado de instrucción o que la Fiscalía reabra sus diligencias.

Además, entienden que el archivo acordado por la Fiscalía fue "bochornoso", según ha detallado Sani Ladan, de Iridia y Asociación Elín, que ha comparado la frontera de Melilla con un campo de concentración, ya que, a su entender, se puede "dar muerte con total impunidad" a personas migrantes por el color de su piel.

Ladan ha denunciado que por el momento únicamente se ha podido identificar a uno de los fallecidos, que las autoridades marroquíes cifraron en al menos 23 muertos pero que las entidades proDerechos Humanos elevan hasta los 40 muertos y los 80 desparecidos.

El portavoz de Iridia, Andrés G. Berrio, ha denunciado que la Fiscalía se convirtió en "juez y parte", ya que "investigó tarde y mal" y archivó sus diligencias pese a que, a su entender, existen "claramente indicios delictivos", no sólo por lesiones por parte de los agentes que arrojaron piedras los inmigrantes, sino porque no se hizo ninguna actuación para "evitar las muertes", lo que supondría omisión del socorro.

De hecho, según el informe, los agentes españoles se centraron en la contención de personas que habían conseguido traspasar la puerta y que trataron de escalar la valla y "no centraron su atención en ningún momento en tratar de rescatar a las personas que estaban en situación de peligro, primero, y riesgo de muerte, después, de la avalancha generada tras la ruptura de una de las puertas, en un contexto de cargas policiales por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos".

La Fiscalía constató en su investigación que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue "hostil y violenta", tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles y que no puede concluirse que la actuación de los agentes que intervinieron incrementara el riesgo para la vida e integridad física de las personas que intentaban saltar la valla, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente.

El portavoz de Iridia ha anunciado que acabarán llevando este caso ante instancias internacionales y ha urgido a España a crear un mecanismo independiente de control de los cuerpos policiales.

Iridia y Novact tienen previsto acudir el próximo miércoles al Congreso para entregar a los grupos parlamentarios su informe, que también remitirán a los ministerios y gobiernos autonómicos implicados, así como a organismos internacionales.