El Sindicato Unificado de Policía (SUP) apoyó la concentración convocada por el grupo Opinión Popular de Melilla y se sumó a las principales peticiones de la protesta. Para el sindicato, “las reclamaciones de la organización reafirman la realidad melillense”, por lo que las apoyan, aunque reiteran su total independencia respecto al origen de dicha concentración.
Así pues, en este sentido no hubo una representación institucional como tal en la protesta, sino más bien una participación de varios de sus miembros a título personal y, aclara el sindicato, “voluntario”. Como los organizadores, el SUP entiende que “la inseguridad es una realidad” y no una sensación, como afirmó esta semana la Delegación del Gobierno.
Tampoco las cifras presentadas por la institución parecen convencer al SUP. “Las estadísticas reflejan unos números, pero no una realidad que es palpable”, aseguró un representante del sindicato. Al igual que argumentase en una entrevista ayer a El Faro la organizadora de la concentración, Alicia Echevarría, el SUP sostiene que los datos siguen descendiendo porque, por lo general, “en Melilla no se denuncia”.
El sindicato reconoció “estar de acuerdo” con los dos principales puntos del manifiesto: la escasez de efectivos de seguridad y la necesidad de solucionar la problemática de los menores extranjeros no acompañados (menas). Según el SUP, no hay coches ni personal suficientes para cubrir las necesidades de la ciudad autónoma, lo que, en muchos casos, deriva en “una jornada laboral que no guarda relación con lo firmado”.
También AUGC y AEGC
En la misma situación se encuentra la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), aunque con el delicado matiz de que el código militar les impide apoyar expresamente una manifestación. A la AUGC, por tanto, “le parece muy bien” que los ciudadanos se preocupen por cuestiones de seguridad, así como “por nuestras condiciones laborales”.
Para la asociación, además, la inseguridad ciudadana se ha incrementado notablemente tras los incidentes en el barrio de La Cañada. Con respecto al asunto de los menores extranjeros, de igual modo, la AUGC es muy clara. “Es tan sencillo como aplicar el acuerdo bilateral firmado con Marruecos en 1992 y que entró en vigor en 2012”, según el cual un ciudadano marroquí que esté en suelo español de forma irregular es repatriado a su país de origen.
Dentro del mismo cuerpo, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) también acudió a la concentración y expresó sus “discrepancias” con las cifras de delincuencia presentadas por la Delegación del Gobierno. “La inseguridad es real”, afirmó el grupo.
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