La sanidad pública en Melilla está en entredicho. El fallecimiento en apenas cuatro meses de una niña y una joven embarazada y su bebé tras ser dados de alta en urgencias del hospital Comarcal ha puesto en tela de juicio la calidad de la atención que se brinda a los melillenses.
Somos casi una excepción en la geografía nacional. Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias sanitarias, pero en Melilla y Ceuta dependemos directamente del Ministerio.
Eso nos podría hacer creer que somos unos privilegiados. Nada más lejos de la realidad. Ahora mismo tenemos el Hospital Comarcal saturado y se están posponiendo operaciones quirúrgicas por falta de camas. Los motivos no hay que buscarlos en un aumento puntual de la población.
Las estadísticas demuestran que se ha producido un estancamiento en el crecimiento del número de habitantes en la ciudad y la Operación Paso del Estrecho aún no ha comenzado.
Los sindicatos apuntan a que los médicos del hospital de Melilla están siendo especialmente cautos a la hora de dar de alta a una paciente por temor a que un nuevo fallecimiento por una presunta negligencia acabe con sus carreras.
A este argumento habría que añadir el más importante: el retraso con el que va la construcción del nuevo hospital de Melilla, paralizado desde hace cinco años.
Es cierto que el proyecto de Presupuestos del Estado prevé la inversión de 4 millones de euros para retomar los trabajos, pero eso sería un granito de arena en el desierto. Para construirlo hacen falta otros 72 millones de euros, lo que nos lleva a pensar que la inversión va para largo porque ningún Gobierno, sea del color que sea, levanta un hospital público de un año para otro.
Poco podrá explicar hoy el director provincial del Instituto de Gestión Sanitaria en Melilla, Francisco Robles, para acallar las críticas sobre su gestión al frente del Comarcal.
Ayer el PSOE anunció que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si Robles prevaricó al no expedientar a tres médicos del hospital de la ciudad que han sido condenados, dos de ellos por manipular un test de alcoholemia y otro, por agredir a un usuario de un centro de salud.
El argumentario del director provincial del Ingesa no debe ir encaminado a explicar si lo ha hecho bien o mal sino a tranquilizar a los melillenses que pagamos con nuestros impuestos una asistencia sanitaria en ruinas.
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