El Gobierno central ha aprobado esta semana un bono joven de alquiler que permitirá a jóvenes de entre 18 y 35 años solicitar esta ayuda de 250 euros al mes. La presidenta de Emvismesa, Yonaida Sel-Lam, ha asegurado que ya está en contacto con la Dirección General de la Vivienda de la Ciudad para adaptar esta nueva aportación al plan de ayudas de alquiler general que hay ya en marcha por parte del Gobierno local.
Sel-Lam argumentó que este nuevo bono no se aplicará hasta dentro de dos meses.
La presidenta de Emvismesa comentó que desconoce ahora cuántos jóvenes se podrían beneficiar de este bono nuevo de ayuda al alquiler. No obstante, argumentó que ya Melilla cuenta con un paquete de ayudas a jóvenes y hay unos 100 beneficiándose de ello.
“De todas formas lo que el Gobierno de España pretende es que unos 70.000 jóvenes se puedan acoger a estas ayudas en todo el ámbito nacional”, añadió.
Por otro lado, el Ejecutivo central está inmerso en una ley de vivienda que permitiría regular los precios de las viviendas en “zonas tensionadas”. Sel-Lam apuntó que en Melilla sería la zona centro y el Paseo Marítimo.
Pero remarcó que en Melilla lo que se podría hacer es aumentar las ayudas de alquiler para las familias con el objetivo de favorecer que los ciudadanos accedan al mercado de alquiler de la ciudad.
El Gobierno ha dado luz verde al real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotado con 1.717 millones de euros, y el bono joven de ayuda al alquiler, consignado con otros 400 millones, así como al anteproyecto de ley de arquitectura, que ha enviado al Congreso.
El bono joven de alquiler -250 euros mensuales por dos años para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros)- también incluye ayudas de 300 euros, ampliables a 450, para alquilar una habitación.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado que en breve convocará una conferencia sectorial para acordar los criterios de reparto de las ayudas con las comunidades autónomas.
Estas se aprobarán definitivamente dentro de un mes y medio o dos meses, aunque todas se podrán solicitar con efectos retroactivos del 1 de enero.
Ha recordado que la intención del Gobierno era enviar también este martes al Congreso el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, pero que no ha sido posible por la falta del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A este respecto la ministra ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad y plena confianza en que esta ley llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva" y en que "contará con todas las garantías y seguridad jurídica que requiera".
Tras subrayar que el informe del CGPJ es preceptivo porque modifica tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, pero no vinculante, ha defendido que el anteproyecto "cumple con las competencias atribuidas al Estado y las comunidades autónomas", precisamente el aspecto que cuestiona la mayoría del CGPJ.
En esa línea, ha apuntado que desde que conocieron, el pasado viernes, que el CGPJ había tumbado la propuesta de informe que avalaba la ley, los socios del Gobierno de coalición coincidieron en que lo más prudente era esperar a la aprobación de un nuevo informe, "pero con el convencimiento compartido de que es una ley sólida y bien armada desde el punto de vista jurídico y de que debe continuar con su tramitación porque es una ley absolutamente necesaria".
Aunque ha asegurado que, una vez que tengan el informe del CGPJ lo analizarán, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo está "convencido de su validez" y de que contiene las "máximas garantías jurídicas".
Según la ministra, el nuevo plan estatal de vivienda presta especial atención a las personas más vulnerables, los sin hogar, los afectados por desahucios y a la infravivienda, con más programas para promover la vivienda de alquiler.
Ha advertido de que las comunidades van a estar obligadas a garantizar que los programas que se establecen como prioritarios están cubiertos con las ayudas que reciben de este plan estatal.
También ha destacado que el plan incluye un seguro por impago de alquiler en forma de subvención de la cuota de la prima del seguro con un límite del 5 % de la renta anual para que el propietario tenga la garantía del cobro de la renta correspondiente a una anualidad y para aliviar a inquilinos que puedan verse en situación de asfixia sobrevenida.
El cuanto al bono joven de alquiler, la ministra ha calculado que tendrá unos 70.000 beneficiarios y ha asegurado que puede complementarse con otras ayudas establecidas en el plan estatal, donde las comunidades también pueden establecer una ayuda adicional de hasta el 40% de la renta, descontado el bono.
Para recibir el bono joven de alquiler la cuantía de la renta debe ser de un máximo de 600 euros, ampliables a 900 si así lo decide la comisión de seguimiento.
Tras conocerse los detalles, CCOO ha asegurado que el bono joven es una medida "paliativa" que no garantiza el acceso a la vivienda a este segmento de la población, mientras que el Consejo de la Juventud (CJE) lo ha calificado de "insuficiente e inocuo" y ha advertido de que no va a solucionar la precaria situación de las personas jóvenes en el acceso a una vivienda.
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