Como ya pasara con el anterior contrato marítimo entre nuestra ciudad y la península, que salió a licitación hace dos años, la plataforma por la defensa de la línea Motril-Melilla pide que esta ruta de barco sea declarada servicio público para que, en caso de que no le sea rentable ofrecerlo a ninguna naviera, se mantenga. Ayer, esta idea mostró músculo en un encuentro respaldado por el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), la alcaldesa de Motril, Flor Almón (PSOE) y las cámaras de comercio de la capital de la provincia y la localidad costera.
Además, estuvo presente el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica, y la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost), una de las principales impulsoras de la citada plataforma.
En la reunión también participaron los diputados por el PP, Carlos Rojas, el PSOE, Gregorio Cámara, y Ciudadanos, Luis Salvador, junto con, entre otros representantes públicos, el portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura.
En el encuentro se alcanzó el acuerdo de redactar un manifiesto que se pondrá en conocimiento del Gobierno con sus demandas para asegurar “igualdad de condiciones a las navieras que operan en el Puerto de Motril”, con la inclusión de esta localidad en el contrato marítimo.
Este documento se firmará por los miembros de la plataforma y será entregado a los diputados de los grupos políticos presentes en la reunión para que se entregue en el Ministerio de Fomento y, por consiguiente, hacer petición de una reunión urgente para solicitar la modificación del Real Decreto correspondiente y declarar la línea marítima Motril-Melilla “de interés general”.
Otro de los apoyos para que la línea marítima entre Melilla y Motril sea considerada de servicio público es el del PSOE melillense. La pasada semana, al conocerse los pliegos del contrato marítimo, el partido liderado por Gloria Rojas consideró que se estaba perdiendo una oportunidad para garantizar que la ruta por mar estuviera garantizada.
Por su parte, desde la Ciudad, el vicepresidente, Daniel Conesa, rebatió que esta conexión ya es rentable de por sí, por lo que ve “inviable” que sea declarada de interés público por Fomento.
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