l Dieciséis profesores, catedráticos y magistrados de las principales universidades públicas y privadas de nuestro país desmontan los argumentos de Interior para devolver a inmigrantes que entran por puestos no habilitados.
Dieciséis juristas españoles, autores del informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’, recuerdan que el Tribunal Supremo ya desautorizó las devoluciones irregulares de inmigrantes que habían entrado en España por puestos no habilitados durante el Gobierno de Aznar.
Según explican en su estudio, el Ministerio del Interior apela a tres supuestos para justificar las ‘expulsiones en caliente’: El concepto operativo de fronteras, el acuerdo de readmisión hispano-marroquí y el acceso clandestino por puesto no habilitado.
El primero de los argumentos, como publicó ayer El Faro, carece de cobertura legal, según los autores del informe, porque los límites de nuestro país están marcados jurídicamente y no pueden basarse en “ficciones” como que en Melilla y Ceuta la zona de soberanía española comienza cuando se atraviesa la valla interior de protección.
El segundo argumento utilizado por el Ministerio para justificar las ‘expulsiones en caliente’, referido al acuerdo hispano-marroquí, también ha sido desmontado por los juristas españoles que han firmado el estudio (entre ellos una magistrada del Constitucional). Según el informe al que ha tenido acceso El Faro, este acuerdo lejos de facilitar las devoluciones por puertas de servicio de la valla (en el caso de Melilla), “establece nuevas obligaciones para la ejecución de esas entregas de ciudadanos” que evidentemente se están incumpliendo en el perímetro fronterizo de la ciudad.
Por último, el informe echa por tierra la justificación de que los inmigrantes son devueltos porque han entrado en nuestro país por un puesto no habilitado.
En este punto, los juristas son meridianamente claros y advierten de que esto no justifica la aplicación de las ‘expulsiones en caliente’. “Al contrario, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, lo procedente para estos supuestos es la aplicación del procedimiento de expulsión con garantías que le son inherentes”, recoge textualmente.
Acto seguido pone de ejemplo un caso concreto ocurrido en la madrugada del 20 de junio del año 2000, cuando la Guardia Civil interceptó una furgoneta en Mijas (Málaga), en la que viajaban 37 ciudadanos marroquíes que se sospechaba que acababan de desembarcar por algún punto de la costa y que se dirigían a la Región de Murcia para establecerse allí.
La Guardia Civil devolvió a estos inmigrantes en lugar de aplicarles la Ley de Extranjería: Llevarlos a una Comisaría de Policía Nacional, identificarlos, facilitarles un abogado de oficio y un intérprete y abrirles un expediente de expulsión.
La Fiscalía General del Estado defendió la actuación de los guardias civiles y el Gobierno de Aznar aprobó un decreto (864/2001) que regulaba el Reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería. En él se ampliaban los supuestos de devolución “a los extranjeros que sean interceptados en frontera, en sus inmediaciones o en el interior del territorio nacional en tránsito o ruta, sin cumplir con los requisitos de entrada”.
Anulado en 2003 y 2007
Contra ese decreto fue presentado un recurso de ilegalidad y el Supremo determinó en 2003 su nulidad por considerar que la Ley de Extranjería sólo reserva el procedimiento de devolución a quienes pretenden entrar ilegalmente en España. Por tanto no se puede hacer una ampliación reglamentaria a la carta para aplicarlo a quienes ya han entrado en territorio nacional. Esta jurisprudencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2007.
Eso quiere decir que el Ministerio del Interior al legitimar la devolución de inmigrantes que entran en Melilla llamando a estas prácticas ‘devoluciones en frontera’ y anunciar una modificación de la ley está dando por buena una solución que el Gobierno de Aznar intentó aplicar en 2001, aprobando un decreto a la carta, que después echó para atrás el Tribunal Supremo.
Fronteras ficticias
El concepto de Interior, sin cobertura legal
Dieciséis juristas españoles han llegado a la conclusión de que el concepto operativo de frontera que maneja el Ministerio del Interior carece de cobertura legal y está basado en supuestos ficticios.
acuerdo hispano-marroquí
Más requisitos para llevar a cabo las devoluciones
Lejos de facilitar las ‘expulsiones en caliente’, los dieciséis juristas españoles que han analizado las prácticas legitimadas por el Ministerio del Interior, advierten de que el acuerdo hispano-marroquí de 1992 introduce más requisitos para realizar las devoluciones de inmigrantes a Marruecos.
Modificación a la carta
El Supremo echó para atrás un decreto de Aznar
En el año 2001 el Gobierno de Aznar aprobó un decretó para ampliar los supuestos en que se pueden devolver inmigrantes en la Ley de Extranjería. El Supremo lo anuló en 2003 y 2007.
AUGC alerta de que los guardias civiles de Melilla siguen sin protocolo en la valla
Recuerdan que los agentes cumplen órdenes legitimadas públicamente desde Interior y la Delegación del Gobierno
Los agentes de Melilla continúan sin recibir instrucciones claras sobre cómo actuar en la valla durante los asaltos al perímetro fronterizo y se limitan a cumplir órdenes legitimadas públicamente por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno, según explicaron ayer a El Faro desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en la ciudad.
Sin embargo, el estudio ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’, presentado por un grupo de dieciséis juristas de las más prestigiosas universidades públicas y privadas de España, ha llevado a la asociación a reiterar la petición de que se les facilite un protocolo de actuación por escrito, que recoja la forma en que deben actuar ante una avalancha de inmigrantes.
“Llevamos demandando desde hace mucho tiempo que se haga un protocolo porque en el perímetro fronterizo hay un limbo legal. Al ser un Cuerpo jerarquizado, recibimos órdenes. Cuando ocurrió la desgracia de Ceuta (15 inmigrantes murieron ahogados en febrero pasado intentando alcanzar la playa del Tarajal) el ministro primero dijo que los guardias civiles habían actuado bien y luego se desdijo”, apuntan desde la AUGC.
Además, insisten en que los agentes de la Guardia Civil “cumplen órdenes que hay que ejecutar en cuestiones de segundos y no entran a analizar si lo que están haciendo es legal o no. Por eso hemos solicitado un protocolo de actuación, para saber si lo que tenemos que aplicar es la Ley de Extranjería o el acuerdo hispano-marroquí de 1992”, añadieron.
Delitos de prevaricación
Los argumentos de AUGC, según el estudio de los catedráticos y magistrados españoles, no servirían ante un juez para librar al guardia civil de las responsabilidades legales por jecutar ‘expulsiones en caliente’, una actuación que le podrá llevar a ser condenado por delitos de coacciones, privación de asistencia letrada o prevaricación. En ningún caso se tendría en cuenta por un tribunal el hecho de que cumple órdenes.
El estudio explica, tal y como recogió ayer El Faro, que con “la decisión, ejecución y colaboración activa y pasiva con ‘las expulsiones en caliente’ incurrirían en una responsabilidad penal y disciplinaria”. O sea, tan responsable es el jefe que da la orden como el guardia civil que la cumple.
El propio estudio aclara que los agentes no podrían alegar la obediencia debida, el ejercicio legítimo del cargo o el desconocimiento de la licitud del hecho.
A esto habría que sumarle la obligación de todo ciudadano a denunciar los delitos que presencie o de los que tenga conocimiento. Incluso estaría cometiendo una infracción si pudiendo evitar esas prácticas, no lo hace o si como funcionario público falta a la obligación del cargo y deja de promover intencionadamente su persecución, apunta el informe.
AUGC, por su parte se limita a preguntarse qué puede hacer un guardia civil si un oficial le dice que hay que expulsar a los inmigrantes que están entre las vallas. “Todavía no nos han dicho lo que hay que hacer. Seguimos sin tener protocolo. Es vital para nuestro trabajo porque trabajamos con seres humanos”, apuntan.
Asimismo, desde la asociación lamentan que el guardia civil que viene a Melilla no reciba una formación específica para trabajar en la frontera. “Quizás a los mandos les interesa que no estemos formados porque prefiere que cumplamos órdenes desde nuestro desconocimiento”, añaden.
Asimismo, la asociación explica que han tenido conocimiento del texto del acuerdo hispano-marroquí porque se han interesado en él personalmente ya que en la Comandancia de Melilla nadie les ha formado al respecto.
No hay que olvidar que tras los sucesos de febrero pasado en Ceuta el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que se elaborarían unas pautas de actuación ante la llegada de inmigrantes, pero desde entonces lo único que se ha filtrado a la prensa es que el nuevo protocolo impedirá a los agentes lanzarse al mar en aguas no españolas.
Asimismo se ha dicho que el nuevo reglamento pretende blindar las actuaciones de la Benemérita en zonas sensibles como Melilla y Ceuta. Sin embargo, el informe de los dieciséis juristas advierte de que no se puede reformar la ley con un decreto y que de continuar con las ‘expulsiones en caliente’ se estaría vulnerando no sólo la Ley de Extranjería sino también la Constitución y las normas de la UE.
Rifirrafe entre asociaciones por una reunión con Podemos
Las asociaciones de guardias civiles y de la Benemérita han empezado una guerra mediática que tiene en medio a las víctimas del terrorismo.
El rifirrafe comenzó con un comunicado de la Asociación Pro Guardia Civil (apoyada por los mandos de la Benemérita) que desveló que la semana pasada la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se había reunido con Podemos en Madrid. Con ironía, la Aprogc se cuestiona en el comunicado si en el encuentro “hablaron de las explicaciones, motivos y causas por las que más de 800 guardias civiles fueron asesinados por ETA y qué acordaron para defender los intereses personales y profesionales de los guardias civiles”. El reproche tiene su origen en las declaraciones realizadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en torno a que ETA tenía “explicaciones políticas”.
AUGC recogió el guante y el pasado jueves envió un comunicado en el que aclara que siempre ha estado con las víctimas del terrorismo y asegura que “obviará las difamaciones que tratan de menospreciar el trabajo y la trayectoria de la asociación mayoritaria en el Cuerpo”.
Ayer la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) entró en escena y envió otro comunicado atribuyéndose el mérito de ser “la única asociación de guardias civiles que desde su fundación ha participado en todos y cada uno de los eventos organizados por las distintas asociación de víctimas del terrorismo”.
